El bombardeo a Angostura por parte del Ejército de Colombia, en el que murieron 26 personas, que incluye al ecuatoriano Franklin Aisalla y que hoy cumple 3 años, no tiene responsables ya que la justicia de nuestro país no ha dictado ninguna sentencia, aunque los procesados suman diez personas.
Por ese ataque militar se abrieron tres procesos; en el principal se vio implicado en el delito de asesinato el entonces ministro de Defensa y ahora presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y otros seis jefes militares del vecino país.
Según el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, se espera el pronunciamiento del juez 1° de Garantías Penales, Daniel Méndez, respecto del dictamen abstentivo para Santos y condenatorio para los jefes militares, que se emitió el pasado 24 de diciembre.
Por el momento, dijo Jiménez, el caso espera el regreso de las vacaciones anuales de Méndez, una vez que el dictamen fue ratificado por el fiscal provincial. Por ser mandatario, Santos goza de inmunidad diplomática, lo cual impide que sea procesado.
En ese juicio que está abierto en la fase de dictamen fiscal, la Fiscalía no logró elementos de convicción sobre la supuesta participación del entonces ministro de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, y de su exsubsecretario, José Ignacio Chauvin.
Según las investigaciones preliminares, Larrea y Chauvín fueron citados a declarar, tomando en cuenta que el ataque de Angostura -ocurrido en marzo del 2008- habría permitido descubrir una supuesta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Igual caso habría sido la del fallecido, Franklin Aisalla. En la Fiscalía, Chauvín reconoció que se reunió por siete ocasiones con el entonces dirigentes de las FARC, Raúl Reyes.
Sobre Chauvín, su abogado Ramiro Román, afirmó que su absolución en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera, confirmó que no participó en el delito que investigaba las muertes de Angostura, a cuya causa se lo vinculó.
En un segundo proceso, que implicaba a Julio Cesar Vizuete, biógrafo de Reyes, la justicia no encontró indicios de responsabilidad por un delito contra la seguridad interna del Estado, con el que fue acusado. Vizuete fue sobreseído y en noviembre del 2009 recuperó su libertad.
Según una Sala la Corte de Nueva Loja, escribir o pretender escribir un libro biográfico de Reyes no era un delito.
En el ataque colombiano murieron Reyes y otras 25 personas y generó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. Nuestro país protestó por la agresión ante la comunidad internacional.
Un tercer proceso por el ataque de Angostura se inició contra las sobrevivientes: Lucía Moret (mexicana), Martha Pérez y Doris Bohórquez (colombianas).
Las tres fueron procesadas por supuestas actividades de guerrilla en el Ecuador. Este caso está en suspenso hasta que las imputadas sean extraditadas.
Tras el ataque de Angostura, el gobierno de Rafael Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia, que se restablecieron de manera definitiva en noviembre pasado, después de más de dos años de constantes acusaciones de Bogotá de supuestos nexos del régimen con las FARC.
El Gobierno después del bombardeo a Angostura destinó más de $ 800 millones para la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Adquirió aviones de combate Súper Tucano, instaló cuatro radares para vigilar los 720 kilómetros de frontera, construyó seis nuevos destacamentos con los que se incrementaron a 19, y destinó 7.000 soldados por mes para control y patrullaje.
El mando militar, encabezado por el jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, señaló que la recuperación de la capacidad operativa ha permitido a los militares intensificar el control en la frontera.
Por ese ataque militar se abrieron tres procesos; en el principal se vio implicado en el delito de asesinato el entonces ministro de Defensa y ahora presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y otros seis jefes militares del vecino país.
Según el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, se espera el pronunciamiento del juez 1° de Garantías Penales, Daniel Méndez, respecto del dictamen abstentivo para Santos y condenatorio para los jefes militares, que se emitió el pasado 24 de diciembre.
Por el momento, dijo Jiménez, el caso espera el regreso de las vacaciones anuales de Méndez, una vez que el dictamen fue ratificado por el fiscal provincial. Por ser mandatario, Santos goza de inmunidad diplomática, lo cual impide que sea procesado.
En ese juicio que está abierto en la fase de dictamen fiscal, la Fiscalía no logró elementos de convicción sobre la supuesta participación del entonces ministro de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, y de su exsubsecretario, José Ignacio Chauvin.
Según las investigaciones preliminares, Larrea y Chauvín fueron citados a declarar, tomando en cuenta que el ataque de Angostura -ocurrido en marzo del 2008- habría permitido descubrir una supuesta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Igual caso habría sido la del fallecido, Franklin Aisalla. En la Fiscalía, Chauvín reconoció que se reunió por siete ocasiones con el entonces dirigentes de las FARC, Raúl Reyes.
Sobre Chauvín, su abogado Ramiro Román, afirmó que su absolución en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera, confirmó que no participó en el delito que investigaba las muertes de Angostura, a cuya causa se lo vinculó.
En un segundo proceso, que implicaba a Julio Cesar Vizuete, biógrafo de Reyes, la justicia no encontró indicios de responsabilidad por un delito contra la seguridad interna del Estado, con el que fue acusado. Vizuete fue sobreseído y en noviembre del 2009 recuperó su libertad.
Según una Sala la Corte de Nueva Loja, escribir o pretender escribir un libro biográfico de Reyes no era un delito.
En el ataque colombiano murieron Reyes y otras 25 personas y generó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. Nuestro país protestó por la agresión ante la comunidad internacional.
Un tercer proceso por el ataque de Angostura se inició contra las sobrevivientes: Lucía Moret (mexicana), Martha Pérez y Doris Bohórquez (colombianas).
Las tres fueron procesadas por supuestas actividades de guerrilla en el Ecuador. Este caso está en suspenso hasta que las imputadas sean extraditadas.
Tras el ataque de Angostura, el gobierno de Rafael Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia, que se restablecieron de manera definitiva en noviembre pasado, después de más de dos años de constantes acusaciones de Bogotá de supuestos nexos del régimen con las FARC.
El Gobierno después del bombardeo a Angostura destinó más de $ 800 millones para la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Adquirió aviones de combate Súper Tucano, instaló cuatro radares para vigilar los 720 kilómetros de frontera, construyó seis nuevos destacamentos con los que se incrementaron a 19, y destinó 7.000 soldados por mes para control y patrullaje.
El mando militar, encabezado por el jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, señaló que la recuperación de la capacidad operativa ha permitido a los militares intensificar el control en la frontera.
