Vocales del Consejo de la Judicatura admitieron que los cambios registrados en diferentes comisiones del organismo, la semana pasada, fueron resultado de la división interna.
Fuentes de la Judicatura, que pidieron la reserva, señalaron que las desavenencias entre el presidente del organismo, Benjamín Cevallos, y el ahora ex líder de la Comisión de Recursos Humanos Oswaldo Domínguez Recalde se acentuaron hace varios días.
Domínguez acusó en un oficio a Cevallos de entregar 300 contratos de funcionarios "a dedo", en menos de un año. Cevallos justificó la medida, bajo el argumento de que actúa amparado en la Ley Orgánica de la Función Judicial y en calidad de presidente de la Judicatura. Y agregó que esa potestad no solo le correspondía a él (Domínguez) como presidente de la Comisión de Recursos Humanos.
Domínguez amenazó con renunciar y el Pleno de la Judicatura convocó a una reunión para tratar esa situación y buscar una solución. De ahí se da la sesión para reestructurar las comisiones, con base en el art. 264, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial. "Al Pleno le corresponde (...) designar a los vocales que deben conformar cada una de las comisiones especializadas y cambiarlos de comisión a través de resolución debidamente motivada (...)".
Los vocales, entonces, reasignaron por mayoría "al vocal polémico Domínguez", a la Comisión de Mejoramiento y Modernización, junto al también vocal Ulpiano Salazar Ochoa.
Mientras, Germán Vásquez Galarza pasó de la Comisión de Mejoramiento a la Comisión de Recursos Humanos. Esto a pesar de que contra él existirían unos 300 procesos como actor o demandado en el sistema judicial, según lo publicó ayer BLANCO Y NEGRO.
En esa publicación se señala también que entre las denuncias en su contra están las de prestamista de dinero y de supuestamente ejercer influencias en la Función Judicial. De hecho, en la página web de la Corte de Justicia constan procesos civiles y penales por presunta estafa, perjurio, requerimiento, recusación, nulidad de sentencia, deprecatorio, acción de protección, entre otras.
De esas denuncias tienen conocimiento la ex Corte Suprema de Justicia, la actual Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, la Asamblea Nacional, la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Distrital de Pichincha, los diferentes juzgados que llevan las causas, etc.
Vásquez afirmó en su defensa que jamás ha influenciado ni amedrentado a nadie, y reconoce que sobre él pesan 300 juicios, pero solo uno por usura y estafa por parte de Francisco Gallegos-Anda Cobo, del cual, sostuvo, ya fue sobreseído.
Los otros, dijo, son producto de su práctica, ya que actuaba como procurador judicial para cobrar las deudas de morosos de los bancos Pichincha, Solidario, Rumiñahui y Los Andes. No cobraba deudas por prestamista, añadió, sino porque cobraba cartera vencida.
Fuentes de la Judicatura, que pidieron la reserva, señalaron que las desavenencias entre el presidente del organismo, Benjamín Cevallos, y el ahora ex líder de la Comisión de Recursos Humanos Oswaldo Domínguez Recalde se acentuaron hace varios días.
Domínguez acusó en un oficio a Cevallos de entregar 300 contratos de funcionarios "a dedo", en menos de un año. Cevallos justificó la medida, bajo el argumento de que actúa amparado en la Ley Orgánica de la Función Judicial y en calidad de presidente de la Judicatura. Y agregó que esa potestad no solo le correspondía a él (Domínguez) como presidente de la Comisión de Recursos Humanos.
Domínguez amenazó con renunciar y el Pleno de la Judicatura convocó a una reunión para tratar esa situación y buscar una solución. De ahí se da la sesión para reestructurar las comisiones, con base en el art. 264, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial. "Al Pleno le corresponde (...) designar a los vocales que deben conformar cada una de las comisiones especializadas y cambiarlos de comisión a través de resolución debidamente motivada (...)".
Los vocales, entonces, reasignaron por mayoría "al vocal polémico Domínguez", a la Comisión de Mejoramiento y Modernización, junto al también vocal Ulpiano Salazar Ochoa.
Mientras, Germán Vásquez Galarza pasó de la Comisión de Mejoramiento a la Comisión de Recursos Humanos. Esto a pesar de que contra él existirían unos 300 procesos como actor o demandado en el sistema judicial, según lo publicó ayer BLANCO Y NEGRO.
En esa publicación se señala también que entre las denuncias en su contra están las de prestamista de dinero y de supuestamente ejercer influencias en la Función Judicial. De hecho, en la página web de la Corte de Justicia constan procesos civiles y penales por presunta estafa, perjurio, requerimiento, recusación, nulidad de sentencia, deprecatorio, acción de protección, entre otras.
De esas denuncias tienen conocimiento la ex Corte Suprema de Justicia, la actual Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, la Asamblea Nacional, la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Distrital de Pichincha, los diferentes juzgados que llevan las causas, etc.
Vásquez afirmó en su defensa que jamás ha influenciado ni amedrentado a nadie, y reconoce que sobre él pesan 300 juicios, pero solo uno por usura y estafa por parte de Francisco Gallegos-Anda Cobo, del cual, sostuvo, ya fue sobreseído.
Los otros, dijo, son producto de su práctica, ya que actuaba como procurador judicial para cobrar las deudas de morosos de los bancos Pichincha, Solidario, Rumiñahui y Los Andes. No cobraba deudas por prestamista, añadió, sino porque cobraba cartera vencida.
