La Procuraduría General de Ecuador advirtió hoy del peligro contra la seguridad jurídica de América Latina que supone el fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje de La Haya en favor de una reclamación de la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, y solicitará la nulidad de ese laudo.
En su fallo emitido el pasado 30 de marzo, el Tribunal de Arbitraje de La Haya, estableció que Ecuador no cumplió con su obligación, fijada en un Tratado Bilateral de Inversión con EEUU, de otorgar "medios efectivos para presentar sus reclamos y ejercer sus derechos" a Texaco en litigios comerciales y contractuales con el Estado ecuatoriano.
"La decisión adoptada por el Tribunal Arbitral de la Haya sobre el caso Chevron podría afectar la seguridad jurídica del conjunto de América Latina", afirmó la Procuraduría en un comunicado, en el que señala que ese laudo "violenta el principio fundamental del Derecho Internacional de respeto a las decisiones judiciales" de los países.
Por ello, la Procuraduría anunció que solicitará "la nulidad del laudo ante las Cortes de los Países Bajos, las cuales son competentes en razón de que la sede arbitral fue fijada en La Haya".
Según el abogado de la Procuraduría Rafael Parreño, "el laudo parcial de fondo, emitido el 30 de marzo de 2010 por el Tribunal Arbitral, desconoce las sentencias emitidas por las cortes nacionales" y, además, "se constituye en un precedente internacional que podría afectar la seguridad jurídica de toda la región".
Para la Procuraduría ecuatoriana, "el caso no se encuentra cerrado y resta un análisis judicial sobre el contenido del laudo arbitral".
Además, advirtió de que la demanda de Chevron contra el Estado ecuatoriano en La Haya obedece a una estrategia de defensa de la petrolera para intentar evitar una posible condena en otro proceso por daños ambientales que se sigue en una corte ecuatoriana.
Indígenas y colonos que habitan en la Amazonía ecuatoriana mantienen por más de once años un proceso contra la petrolera estadounidense por supuestos daños ambientales dejados en esa zona, durante el periodo en que Texaco operó en el país entre 1972 y 1995.
En el proceso, que se sigue en la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos, los demandantes solicitan a la petrolera una indemnización de $27 000 millones por daños al medio ambiente y a las personas.
La Procuraduría, en su comunicado, señaló que, la controversia con Chevron surge de "una estrategia global de defensa de la compañía" y ratifica que el Estado ecuatoriano "no es parte de dicho proceso judicial ni tiene interés en el resultado del mismo", aunque la petrolera ha acusado al Gobierno de Quito de incidir en el proceso. (EFE)
En su fallo emitido el pasado 30 de marzo, el Tribunal de Arbitraje de La Haya, estableció que Ecuador no cumplió con su obligación, fijada en un Tratado Bilateral de Inversión con EEUU, de otorgar "medios efectivos para presentar sus reclamos y ejercer sus derechos" a Texaco en litigios comerciales y contractuales con el Estado ecuatoriano.
"La decisión adoptada por el Tribunal Arbitral de la Haya sobre el caso Chevron podría afectar la seguridad jurídica del conjunto de América Latina", afirmó la Procuraduría en un comunicado, en el que señala que ese laudo "violenta el principio fundamental del Derecho Internacional de respeto a las decisiones judiciales" de los países.
Por ello, la Procuraduría anunció que solicitará "la nulidad del laudo ante las Cortes de los Países Bajos, las cuales son competentes en razón de que la sede arbitral fue fijada en La Haya".
Según el abogado de la Procuraduría Rafael Parreño, "el laudo parcial de fondo, emitido el 30 de marzo de 2010 por el Tribunal Arbitral, desconoce las sentencias emitidas por las cortes nacionales" y, además, "se constituye en un precedente internacional que podría afectar la seguridad jurídica de toda la región".
Para la Procuraduría ecuatoriana, "el caso no se encuentra cerrado y resta un análisis judicial sobre el contenido del laudo arbitral".
Además, advirtió de que la demanda de Chevron contra el Estado ecuatoriano en La Haya obedece a una estrategia de defensa de la petrolera para intentar evitar una posible condena en otro proceso por daños ambientales que se sigue en una corte ecuatoriana.
Indígenas y colonos que habitan en la Amazonía ecuatoriana mantienen por más de once años un proceso contra la petrolera estadounidense por supuestos daños ambientales dejados en esa zona, durante el periodo en que Texaco operó en el país entre 1972 y 1995.
En el proceso, que se sigue en la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos, los demandantes solicitan a la petrolera una indemnización de $27 000 millones por daños al medio ambiente y a las personas.
La Procuraduría, en su comunicado, señaló que, la controversia con Chevron surge de "una estrategia global de defensa de la compañía" y ratifica que el Estado ecuatoriano "no es parte de dicho proceso judicial ni tiene interés en el resultado del mismo", aunque la petrolera ha acusado al Gobierno de Quito de incidir en el proceso. (EFE)
