El Pprocurador d Estado Diego García, expresó que esa revisión apunta a establecer cuáles contratos pasaron por Procuraduría y cuáles no, para iniciar un control en lo atinente a la “legalidad” en las fases contractuales, más allá de las consideraciones técnicas o conveniencias.
Precisó que la función de Procuraduría es específicamente de “legalidad”.
“Desde este punto de vista lo que podemos hacer es verificar que la contratación hayan seguido las normas reglamentarias”, declaró y reiteró que el objetivo es que la adjudicación se haya hecho, mediante concurso o demás procedimientos, previstos en la Ley de Contratación Pública.
Es decir, identificar el procedimiento que se siguió y que haya sido legal, indicó y aclaró que en caso que la contratación se haya producido en situación de pre-emergencia, habrá que determinar si se enmarcaron en los procedimientos, tanto en la decisión de la autoridad administrativa que escoge esa vía y el proceso legal”. Dijo que aquí (en la concesiones a Correa) lo que hubo fue una participación de varias empresas, razón por que la que difícilmente la autoridad que adjudicaba podía ponerse a analizar si alguna de éstas o el señor Fabricio Correa, tenían algún impedimento para contratar.
“Lo que correspondía era ver si la empresa que estaba participando y que resultaba adjudicada estaba en capacidad para contratar”, subrayó y recordó que cada una de estas empresas tiene su propia vida jurídica.
Dijo que el análisis para detectar la legalidad e ilegalidad de los procesos llevará algún tiempo a Procuraduría y expresó que sobre todo en los casos que esta entidad de control, no haya conocido de alguno de los contratos, tendrá que pedir toda la información. “Cuando tengamos esos informes, procederemos a realizar el análisis pertinente”, agregó.
