El Consejo de la Judicatura recibió ayer una queja formal contra los jueces de la Corte Nacional de Justicia que liberaron a Jorge Hugo Reyes Torres. La queja fue planteada por el Ministerio de Justicia. En su texto señala que “en los últimos días se generaron resoluciones de la Función Judicial, que causaron preocupación nacional y que afectan a la imagen de la Función”. El ministro de Justicia, Néstor Arbito, especificó tres fallos; pero el principal fue la decisión de los jueces de la II Sala de lo Penal de absolver a Reyes Torres, tras desechar una sentencia de 25 años de cárcel por presunto narcotráfico. Los responsables de esa providencia son los jueces Luis Abarca y Máximo Ortega y el conjuez Edwin Salazar. Para ellos, no hay anomalías en su decisión, sino que Reyes fue víctima en un juicio con más de 50 fallas procesales.
Además, denunciaron que la Policía y la Fiscalía “fraguaron” pruebas para detener a Reyes en noviembre de 2001 y para condenarlo en las cortes inferiores.
Para la Fiscalía General, la actitud de los jueces puede configurar un delito. Anteayer, el fiscal Washington Pesántez abrió una instrucción por presunto prevaricato contra ellos. En cambio, la Policía dijo que los magistrados deben actuar junto a la Justicia.
En el proceso contra los jueces de la Corte Nacional, la Judicatura deberá chocar contra una resolución emitida por ese Tribunal. Hace 15, días los jueces nacionales de la Corte resolvieron que el actual Consejo de la Judicatura no los puede indagar. Según el presidente de la Corte, José Vicente Troya, esa decisión se respalda en el hecho de que esta Judicatura no fue su órgano nominador. Y este es un requisito señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, para Xavier Arosemena, titular de la Judicatura, esa potestad está vigente a pesar de la resolución de la Corte. Eso se evidenciará cuando empiecen a tramitar la queja contra los jueces de la Segunda Sala de lo Penal. Una fuente de la Corte Nacional explicó que la apertura de una indagación causará un conflicto de intereses, el cual deberá ser resuelto en la Corte Constitucional, según la Constitución vigente. Incluso, los jueces se adelantaron y señalaron -en la redacción de su resolución- que cualquier conflicto deberá dirimirse en las salas del Tribunal Constitucional.
Además, denunciaron que la Policía y la Fiscalía “fraguaron” pruebas para detener a Reyes en noviembre de 2001 y para condenarlo en las cortes inferiores.
Para la Fiscalía General, la actitud de los jueces puede configurar un delito. Anteayer, el fiscal Washington Pesántez abrió una instrucción por presunto prevaricato contra ellos. En cambio, la Policía dijo que los magistrados deben actuar junto a la Justicia.
En el proceso contra los jueces de la Corte Nacional, la Judicatura deberá chocar contra una resolución emitida por ese Tribunal. Hace 15, días los jueces nacionales de la Corte resolvieron que el actual Consejo de la Judicatura no los puede indagar. Según el presidente de la Corte, José Vicente Troya, esa decisión se respalda en el hecho de que esta Judicatura no fue su órgano nominador. Y este es un requisito señalado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, para Xavier Arosemena, titular de la Judicatura, esa potestad está vigente a pesar de la resolución de la Corte. Eso se evidenciará cuando empiecen a tramitar la queja contra los jueces de la Segunda Sala de lo Penal. Una fuente de la Corte Nacional explicó que la apertura de una indagación causará un conflicto de intereses, el cual deberá ser resuelto en la Corte Constitucional, según la Constitución vigente. Incluso, los jueces se adelantaron y señalaron -en la redacción de su resolución- que cualquier conflicto deberá dirimirse en las salas del Tribunal Constitucional.
