Delegados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en su comparecencia ante la Comisión de Reforma del Estado y Gestión Pública, expresaron su conformidad con los cambios a la Ley de la Contraloría General del Estado, que faculta a este organismo a realizar exámenes de control y transparencia de los fondos destinados a la Defensa Nacional y gastos reservados.
En el marco de socialización de dicho proyecto fueron recibidos los coroneles Leonidas Enríquez, asesor de Seguridad del Ministerio de Defensa y Fabián Solano subdirector General de Inteligencia de la Policía.
Leonidas Enríquez, tras aclarar que en la actualidad la institución no maneja fondos reservados, dijo que comparte la propuesta del Ejecutivo, considerando que la gestión de las Fuerzas Armadas se enmarca en las disposiciones constitucionales y lo que busca esta ley es, precisamente, armonizar las normas de la Carta Política con la Ley Orgánica de Contraloría, para que ésta pueda realizar sus exámenes de auditoría. Estamos de acuerdo con los controles y la transparencia del manejo de los fondos públicos, acotó.
De su lado, Solano de la Sala señaló que la institución policial está totalmente conforme con la iniciativa del Ejecutivo, considerando que están orientadas a ejercer un mejor control y auditar los fondos reservados.
La comisión también recibió las observaciones del Subdirector Jurídico de la Presidencia de la República, Vicente Peralta; de los representantes de las juntas parroquiales y de las centrales sindicales.
Vicente Peralta señaló que la propuesta busca armonizar la ley con la nueva Constitución, lo que permitirá fortalecer el sistema de control de los dineros públicos, considerando que todas las instituciones responderán a un mismo lineamiento.
Lenin Almeida, Asesor Jurídico del Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE), precisó que el proyecto como tal está bien concebido. No obstante, sostuvo que las juntas parroquiales no pueden tener un departamento de auditoría, puesto que sus presupuestos son demasiado pequeños.
Por esta razón, sugirió la conformación de un equipo auditor a nivel provincial, para que realice los exámenes correspondientes.
Entre tanto, Francisco Manjarrez, dirigente de la Central de Trabajadores del Ecuador (CTE) y Eduardo Cumba de la CEOSL, expresaron su preocupación en torno a la reforma, en lo referente a que, con ella, se puede atentar a los derechos de los trabajadores, actualmente amparados por el Código de Trabajo y en los contratos colectivos.
La reforma, según los dirigentes sindicales, apuntaría a que los equipos o grupos de auditoría interna de las distintas instituciones, trabajadores amparados por el Código de Trabajo y los contratos colectivos, pasen a ser regidos por la LOSCCA.
En lo conceptual, están de acuerdo con la propuesta, puesto que permitiría tener un control eficiente sobre los recursos y saber en qué y cómo se han invertido los dineros que son de todo el pueblo.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Fernando Salazar, puntualizó que con las comparecencias de hoy culmina el proceso de socialización del proyecto, una vez que han escuchado las opiniones y sugerencias de los actores involucrados en la temática. “Las observaciones han sido de gran ayuda para que los comisionados puedan emitir una ley que beneficie a todos los sectores”, enfatizó.
Explicó que por la importancia del proyecto la comisión pidió al presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero, un ampliación del plazo para presentar el informe para primer debate, amparados en lo que dispone el Art. 26 del Mandato Constituyente N° 23
En el marco de socialización de dicho proyecto fueron recibidos los coroneles Leonidas Enríquez, asesor de Seguridad del Ministerio de Defensa y Fabián Solano subdirector General de Inteligencia de la Policía.
Leonidas Enríquez, tras aclarar que en la actualidad la institución no maneja fondos reservados, dijo que comparte la propuesta del Ejecutivo, considerando que la gestión de las Fuerzas Armadas se enmarca en las disposiciones constitucionales y lo que busca esta ley es, precisamente, armonizar las normas de la Carta Política con la Ley Orgánica de Contraloría, para que ésta pueda realizar sus exámenes de auditoría. Estamos de acuerdo con los controles y la transparencia del manejo de los fondos públicos, acotó.
De su lado, Solano de la Sala señaló que la institución policial está totalmente conforme con la iniciativa del Ejecutivo, considerando que están orientadas a ejercer un mejor control y auditar los fondos reservados.
La comisión también recibió las observaciones del Subdirector Jurídico de la Presidencia de la República, Vicente Peralta; de los representantes de las juntas parroquiales y de las centrales sindicales.
Vicente Peralta señaló que la propuesta busca armonizar la ley con la nueva Constitución, lo que permitirá fortalecer el sistema de control de los dineros públicos, considerando que todas las instituciones responderán a un mismo lineamiento.
Lenin Almeida, Asesor Jurídico del Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE), precisó que el proyecto como tal está bien concebido. No obstante, sostuvo que las juntas parroquiales no pueden tener un departamento de auditoría, puesto que sus presupuestos son demasiado pequeños.
Por esta razón, sugirió la conformación de un equipo auditor a nivel provincial, para que realice los exámenes correspondientes.
Entre tanto, Francisco Manjarrez, dirigente de la Central de Trabajadores del Ecuador (CTE) y Eduardo Cumba de la CEOSL, expresaron su preocupación en torno a la reforma, en lo referente a que, con ella, se puede atentar a los derechos de los trabajadores, actualmente amparados por el Código de Trabajo y en los contratos colectivos.
La reforma, según los dirigentes sindicales, apuntaría a que los equipos o grupos de auditoría interna de las distintas instituciones, trabajadores amparados por el Código de Trabajo y los contratos colectivos, pasen a ser regidos por la LOSCCA.
En lo conceptual, están de acuerdo con la propuesta, puesto que permitiría tener un control eficiente sobre los recursos y saber en qué y cómo se han invertido los dineros que son de todo el pueblo.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Fernando Salazar, puntualizó que con las comparecencias de hoy culmina el proceso de socialización del proyecto, una vez que han escuchado las opiniones y sugerencias de los actores involucrados en la temática. “Las observaciones han sido de gran ayuda para que los comisionados puedan emitir una ley que beneficie a todos los sectores”, enfatizó.
Explicó que por la importancia del proyecto la comisión pidió al presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero, un ampliación del plazo para presentar el informe para primer debate, amparados en lo que dispone el Art. 26 del Mandato Constituyente N° 23
