Los miembros del Consejo de Participación, encabezados por Julián Guamán, destacaron que el documento presentado ante la Comisión Legislativa y de Fiscalización es producto de una serie de foros y encuentros en los cuales participaron diversas organizaciones sociales y la ciudadanía en general, a lo largo y ancho del país, por tanto, tiene una visión muy amplia acerca de las atribuciones y competencias de este organismo.
El consejero Oswaldo Ruiz explicó que, por ejemplo, en torno a la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como los requisitos para los postulantes, los mecanismos de selección, a través del Consejo Nacional Electoral, responden a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, paridad entre hombres y mujeres, la existencia de un concurso de oposición y méritos, con veedurías e impugnación ciudadana. Así mismo, destacó las medidas de acción efectiva a favor de grupos tradicionalmente marginados.
Respecto de la estructura de este organismo, indicó que se determina la existencia de varias instancias: El Consejo en Pleno; la Presidencia; las delegaciones del Consejo; la Secretaría General; y, demás organismos administrativos y técnicos.
Betsy Salazar, también integrante del Consejo, enfatizó que la promoción y fortalecimiento de la participación social tiene un criterio muy amplio, por lo que consideran que no se debe abundar en reglamentaciones rigurosas. “La participación será libérrima, sin restricciones, ya sea a título personal o en forma organizada, a través de personas jurídicas de derecho o de hecho”, dijo.
Entre tanto, la consejera Mónica Banegas subrayó que el control social estará asociado a la rendición de cuentas de todas las autoridades y titulares de los organismos públicos y de las entidades privadas con finalidad pública, que incluye mecanismos de transparencia, investigación y control de la corrupción, con garantías para las personas que denuncien hechos reñidos con la ética, la moral o la ley.
De su lado, Carlos Vera, en su condición de integrante del Consejo de Participación Ciudadana dijo que el proyecto de ley prevé los aspectos básicos referentes a la conformación de las comisiones ciudadanas de selección y designación de las autoridades de control, conforme lo dispuesto en la Constitución. Allí se establecen los requisitos para la conformación de estos espacios, las prohibiciones e inhabilidades y demás principios rectores de la acción participativa.
La presidenta de la Comisión de Participación Social, Betty Tola, expresó su complacencia por haber escuchado los lineamientos básicos de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, a la vez que ratificó que el Legislativo actuará con absoluta responsabilidad en el análisis y aprobación de este importante cuerpo jurídico.
El consejero Oswaldo Ruiz explicó que, por ejemplo, en torno a la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como los requisitos para los postulantes, los mecanismos de selección, a través del Consejo Nacional Electoral, responden a los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, paridad entre hombres y mujeres, la existencia de un concurso de oposición y méritos, con veedurías e impugnación ciudadana. Así mismo, destacó las medidas de acción efectiva a favor de grupos tradicionalmente marginados.
Respecto de la estructura de este organismo, indicó que se determina la existencia de varias instancias: El Consejo en Pleno; la Presidencia; las delegaciones del Consejo; la Secretaría General; y, demás organismos administrativos y técnicos.
Betsy Salazar, también integrante del Consejo, enfatizó que la promoción y fortalecimiento de la participación social tiene un criterio muy amplio, por lo que consideran que no se debe abundar en reglamentaciones rigurosas. “La participación será libérrima, sin restricciones, ya sea a título personal o en forma organizada, a través de personas jurídicas de derecho o de hecho”, dijo.
Entre tanto, la consejera Mónica Banegas subrayó que el control social estará asociado a la rendición de cuentas de todas las autoridades y titulares de los organismos públicos y de las entidades privadas con finalidad pública, que incluye mecanismos de transparencia, investigación y control de la corrupción, con garantías para las personas que denuncien hechos reñidos con la ética, la moral o la ley.
De su lado, Carlos Vera, en su condición de integrante del Consejo de Participación Ciudadana dijo que el proyecto de ley prevé los aspectos básicos referentes a la conformación de las comisiones ciudadanas de selección y designación de las autoridades de control, conforme lo dispuesto en la Constitución. Allí se establecen los requisitos para la conformación de estos espacios, las prohibiciones e inhabilidades y demás principios rectores de la acción participativa.
La presidenta de la Comisión de Participación Social, Betty Tola, expresó su complacencia por haber escuchado los lineamientos básicos de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, a la vez que ratificó que el Legislativo actuará con absoluta responsabilidad en el análisis y aprobación de este importante cuerpo jurídico.