Los ministros de Seguridad, Miguel Carvajal, y de Defensa, Javier Ponce, defendieron ayer, otra vez, la Ley de Seguridad que está en debate en el congresillo. Esto se dio a pocas horas de la cadena de televisión en la que Gobierno daba su versión sobre el alcance de ese cuerpo legal tras la serie de críticas que ha recibido la iniciativa.
Según Carvajal, el sistema de seguridad quiere acabar con el derecho del Estado a ocultar información confidencial. Y resaltó el cambio del Consejo de Seguridad por un comité de seguridad del Estado, en cuyas reuniones podrán participar representantes de la ciudadanía, así como el surgimiento de la Secretaría de Inteligencia (aprobada por decreto, pese a que la ley aún no se aprueba).
Ponce acotó que se implementarán medidas de control sobre las actividades de inteligencia, ya que los responsables deberán responder a la Asamblea, y que se asignarán fondos especiales (gastos reservados).
Frente a esta nueva promoción de la iniciativa, oficiales vinculados con temas de inteligencia cuestionaron algunos aspectos de la cadena de televisión. Según dijeron, el hecho de que el primer mandatario diga que el personal de Aduana debe hacer una colecta para comprar una caja de whisky y poder comprobar el contrabando, está "incitando al delito". Además, sostuvieron que las investigaciones hechas en contra de personas deben hacerse con autorización judicial; caso contrario, no tienen validez.
En cuanto al manejo de los fondos reservados, mencionaron que en Colombia, por ejemplo, se los utiliza, pero estos recursos son auditados. Explicaron que la Policía Judicial (DIJIN) recibe los fondos y de ahí van a operaciones de inteligencia. Agregaron que cuando se trata de interceptaciones telefónicas, la Policía Nacional de Colombia las realiza previa autorización de Fiscalía o jueces competentes.
Según Carvajal, el sistema de seguridad quiere acabar con el derecho del Estado a ocultar información confidencial. Y resaltó el cambio del Consejo de Seguridad por un comité de seguridad del Estado, en cuyas reuniones podrán participar representantes de la ciudadanía, así como el surgimiento de la Secretaría de Inteligencia (aprobada por decreto, pese a que la ley aún no se aprueba).
Ponce acotó que se implementarán medidas de control sobre las actividades de inteligencia, ya que los responsables deberán responder a la Asamblea, y que se asignarán fondos especiales (gastos reservados).
Frente a esta nueva promoción de la iniciativa, oficiales vinculados con temas de inteligencia cuestionaron algunos aspectos de la cadena de televisión. Según dijeron, el hecho de que el primer mandatario diga que el personal de Aduana debe hacer una colecta para comprar una caja de whisky y poder comprobar el contrabando, está "incitando al delito". Además, sostuvieron que las investigaciones hechas en contra de personas deben hacerse con autorización judicial; caso contrario, no tienen validez.
En cuanto al manejo de los fondos reservados, mencionaron que en Colombia, por ejemplo, se los utiliza, pero estos recursos son auditados. Explicaron que la Policía Judicial (DIJIN) recibe los fondos y de ahí van a operaciones de inteligencia. Agregaron que cuando se trata de interceptaciones telefónicas, la Policía Nacional de Colombia las realiza previa autorización de Fiscalía o jueces competentes.
