Con el anuncio de que existe un 50% de texto nuevo en relación con la actual, el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) presentó ayer su propuesta de borrador de la futura Ley de Educación Superior.
La garantía de la autonomía universitaria, la equidad estudiantil y la nueva estructura en el sistema de educación superior, fueron algunos de los temas que Gustavo Vega, presidente del Conesup, recalcó durante la presentación del primer borrador de Ley.En cuanto a la estructura, el borrador del Conesup afirma que el sistema se regirá por “un organismo público, autónomo, de planificación, regulación y coordinación interna y entre sus integrantes con la planificación de desarrollo”.
Esta entidad, que no reemplazaría al Conesup, se denominaría Consejo Nacional de Planificación, Regulación y Coordinación del Sistema de Educación Superior (Conaresup).
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) sería reemplazado por el Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaas). Ese ente se encargaría de coordinar sus acciones con el Conesup y la Senplades.
Entre otras de las novedades están los requisitos para optar por la rectoría de las universidades y escuelas politécnicas. En el borrador se establece que deberán tener al menos 10 años de ejercer la docencia y contar con una maestría.
Aunque Vega y varios rectores quienes asistieron a la entrega del borrador, en Quito, afirmaron que la gratuidad estaba tomada en cuenta en la Ley, no existe un capítulo específico que señale ese derecho.
En el artículo 80, por ejemplo, se establece que las universidades y escuelas politécnicas tienen la facultad para determinar los derechos, aranceles y tasas por servicios, recursos que serán destinados a financiar su actividad sin fines de lucro.
El proyecto de Ley es paralelo al que prepara la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), entidad que está organizando foros regionales para discutir los principios que regirán la futura normativa.
Vega aseguró que la Senplades ha aceptado su propuesta de discutir con la sociedad civil y el Conesup los temas relacionados con la nueva Ley cuando culminen sus foros. (SDR)Hay “tres preocupaciones”Según el titular del Conesup, Gustavo Vega, existiría otro proyecto de Ley -presuntamente del Gobierno- que dispondría el ingreso de los docentes universitarios a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca); y la desaparición del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).
“Este es un tema muy delicado, porque el profesor universitario tiene identidad propia y no puede ser sumido en una realidad generalística de lo que significa el empleado público”, acotó sobre lo primero.
De lo segundo advirtió que eso pondría en riesgo la autonomía financiera de las universidades y politécnicas.
Además, indicó que en el referido proyecto, tanto el actual Conea como el Conesup “tendrían una línea de dependencia directa del Ejecutivo”, lo que les restaría autonomía.
La garantía de la autonomía universitaria, la equidad estudiantil y la nueva estructura en el sistema de educación superior, fueron algunos de los temas que Gustavo Vega, presidente del Conesup, recalcó durante la presentación del primer borrador de Ley.En cuanto a la estructura, el borrador del Conesup afirma que el sistema se regirá por “un organismo público, autónomo, de planificación, regulación y coordinación interna y entre sus integrantes con la planificación de desarrollo”.
Esta entidad, que no reemplazaría al Conesup, se denominaría Consejo Nacional de Planificación, Regulación y Coordinación del Sistema de Educación Superior (Conaresup).
El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) sería reemplazado por el Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaas). Ese ente se encargaría de coordinar sus acciones con el Conesup y la Senplades.
Entre otras de las novedades están los requisitos para optar por la rectoría de las universidades y escuelas politécnicas. En el borrador se establece que deberán tener al menos 10 años de ejercer la docencia y contar con una maestría.
Aunque Vega y varios rectores quienes asistieron a la entrega del borrador, en Quito, afirmaron que la gratuidad estaba tomada en cuenta en la Ley, no existe un capítulo específico que señale ese derecho.
En el artículo 80, por ejemplo, se establece que las universidades y escuelas politécnicas tienen la facultad para determinar los derechos, aranceles y tasas por servicios, recursos que serán destinados a financiar su actividad sin fines de lucro.
El proyecto de Ley es paralelo al que prepara la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), entidad que está organizando foros regionales para discutir los principios que regirán la futura normativa.
Vega aseguró que la Senplades ha aceptado su propuesta de discutir con la sociedad civil y el Conesup los temas relacionados con la nueva Ley cuando culminen sus foros. (SDR)Hay “tres preocupaciones”Según el titular del Conesup, Gustavo Vega, existiría otro proyecto de Ley -presuntamente del Gobierno- que dispondría el ingreso de los docentes universitarios a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca); y la desaparición del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).
“Este es un tema muy delicado, porque el profesor universitario tiene identidad propia y no puede ser sumido en una realidad generalística de lo que significa el empleado público”, acotó sobre lo primero.
De lo segundo advirtió que eso pondría en riesgo la autonomía financiera de las universidades y politécnicas.
Además, indicó que en el referido proyecto, tanto el actual Conea como el Conesup “tendrían una línea de dependencia directa del Ejecutivo”, lo que les restaría autonomía.
