En esta instancia legislativa se estudia el pedido de amnistía solicitada por un grupo de jóvenes que hace varios meses irrumpieron en la sesión del consejo cantonal del Municipio de Salinas (Santa Elena) reclamando sus derechos. También se analiza la interpretación y una aclaración de la amnistía que fue concedida por la ex Asamblea de Montecristi a favor de Carlos Simbaña, quien había sido acusado de peculado por el ex diputado Carlos González. Al final se comprobó que no hubo perjuicio para el Estado y que Simbaña fue objeto de persecución política.
Entre los integrantes de la Comisión se considera que luego de una Asamblea Constituyente de plenos poderes, con la actual situación de la Comisión Legislativa -al ser de transición- el tema se convierte en excepcional.
"En Montecristi las condiciones para aprobar amnistías obedecían a algo que fundamentaba estas decisiones, como restaurar la calma o evitar la conmoción social. Con este argumento se otorgó la amnistía, por ejemplo, a los implicados en el caso Dayuma", dijo la asambleísta Rosana Alvarado (AP).
La asambleísta afirmó que actualmente este tema no podría ser resuelto por la Comisión de lo Civil, sino que se requerirá de por lo menos el voto de las dos terceras partes (55 votos de los integrantes del pleno del Legislativo). "Veo complicada la concesión de una amnistía pues tampoco tenemos una definición de los delitos políticos dentro del Código Penal, pues a la par existen otros delitos conexos a los políticos", mencionó.
Julio Logroño (PSP) también cree que estos pedidos también deben ser analizados "seriamente" pues la Constitución establece limitaciones en el otorgamiento de amnistías o indultos, y en los casos que se analizan no se trata de derechos, sino de excepciones.
Para los juristas Ramiro Aguilar y Ramiro Román, el problema no es si la Comisión Legislativa es competente o no para tramitar estos pedidos. "No hay ningún impedimento constitucional o legal para que la Comisión se pronuncie sobre este tema o sobre la promulgación de leyes; esta instancia tiene legitimidad para actuar hasta el último día antes de que se posesione la nueva Asamblea Nacional", aseguró Aguilar.
Lo que debe discutirse es que si los hechos que piden ser amnistiados caen o no en la figura de un delito político (los cometidos en contra del Estado), en cuyo caso si procedería la amnistía, no así para los delitos comunes (peculado o delito contra la vida).
Por ello el jurisconsulto Gustavo Medina también recomendó que las acciones legislativas deben ser razonadas y meditadas, ya que pueden darse consecuencias en la vida nacional. "Muchas veces, las consecuencias son ajenas a la intencionalidad del legislador que puede estar movido con el propósito de solucionar problemas pero que a futuro pueden incrementarse". Recordó que lo ocurrido en la ex Asamblea, donde se concedió amnistías a "diestra y siniestra" y sin medir los efectos", provocó el rechazo de varios sectores. En algunos casos en que se determinaron "perdones" por infracciones comunes provocó un incremento de la inseguridad jurídica, advirtió.
Entre los integrantes de la Comisión se considera que luego de una Asamblea Constituyente de plenos poderes, con la actual situación de la Comisión Legislativa -al ser de transición- el tema se convierte en excepcional.
"En Montecristi las condiciones para aprobar amnistías obedecían a algo que fundamentaba estas decisiones, como restaurar la calma o evitar la conmoción social. Con este argumento se otorgó la amnistía, por ejemplo, a los implicados en el caso Dayuma", dijo la asambleísta Rosana Alvarado (AP).
La asambleísta afirmó que actualmente este tema no podría ser resuelto por la Comisión de lo Civil, sino que se requerirá de por lo menos el voto de las dos terceras partes (55 votos de los integrantes del pleno del Legislativo). "Veo complicada la concesión de una amnistía pues tampoco tenemos una definición de los delitos políticos dentro del Código Penal, pues a la par existen otros delitos conexos a los políticos", mencionó.
Julio Logroño (PSP) también cree que estos pedidos también deben ser analizados "seriamente" pues la Constitución establece limitaciones en el otorgamiento de amnistías o indultos, y en los casos que se analizan no se trata de derechos, sino de excepciones.
Para los juristas Ramiro Aguilar y Ramiro Román, el problema no es si la Comisión Legislativa es competente o no para tramitar estos pedidos. "No hay ningún impedimento constitucional o legal para que la Comisión se pronuncie sobre este tema o sobre la promulgación de leyes; esta instancia tiene legitimidad para actuar hasta el último día antes de que se posesione la nueva Asamblea Nacional", aseguró Aguilar.
Lo que debe discutirse es que si los hechos que piden ser amnistiados caen o no en la figura de un delito político (los cometidos en contra del Estado), en cuyo caso si procedería la amnistía, no así para los delitos comunes (peculado o delito contra la vida).
Por ello el jurisconsulto Gustavo Medina también recomendó que las acciones legislativas deben ser razonadas y meditadas, ya que pueden darse consecuencias en la vida nacional. "Muchas veces, las consecuencias son ajenas a la intencionalidad del legislador que puede estar movido con el propósito de solucionar problemas pero que a futuro pueden incrementarse". Recordó que lo ocurrido en la ex Asamblea, donde se concedió amnistías a "diestra y siniestra" y sin medir los efectos", provocó el rechazo de varios sectores. En algunos casos en que se determinaron "perdones" por infracciones comunes provocó un incremento de la inseguridad jurídica, advirtió.
