El fiscal general, Washington Pesántez, reveló ayer que virtualmente existe un acuerdo con la banca privada para devolver los dineros a los clientes perjudicados a través de los denominados delitos informáticos, desde hace dos años atrás.
El funcionario resaltó la buena receptividad de los bancos, particularmente del Banco del Pichincha, de manera que en principio existe un acuerdo y aunque no lo hubiera, como autoridad y con el respaldo de la Superintendencia de Bancos, se obligaría a que se cumpla con los perjudicados.
La devolución inmediata y en el 100%, que podría ser en esta misma semana, será primero para los perjudicados hasta por un monto de 2.000 dólares y, respecto de las cifras superiores a esta cantidad, el anuncio se hará en el transcurso de estos días.
A decir de Pesántez, el perjuicio a los clientes de la banca sumaría algunos millones de dólares, por lo que se deberán tomar medidas para que esto no ocurra. Dijo que era evidente que no existe dolo de la banca, pero sí algunas omisiones y negligencias que tienen que ser superadas.
El Fiscal anunció acciones legales en contra de algunos funcionarios del Banco Central, encargados de la administración de los bienes incautados a los banqueros prófugos de la justicia.
Según dijo, existe una propiedad incautada a los banqueros en el sector de Guápulo (oriente de Quito) de cerca de 20 hectáreas, con casas, caballerizas y todas las comodidades de la vida moderna, que estaba siendo arrendada por 1.000 dólares anuales, es decir 83 dólares al mes.
Agregó que de esta irregularidad tendrán que responder los funcionarios, cuyos nombres no reveló, que están a cargo de la administración de estos bienes. “Qué pena que en este Gobierno haya funcionarios de esta naturaleza”.
El funcionario resaltó la buena receptividad de los bancos, particularmente del Banco del Pichincha, de manera que en principio existe un acuerdo y aunque no lo hubiera, como autoridad y con el respaldo de la Superintendencia de Bancos, se obligaría a que se cumpla con los perjudicados.
La devolución inmediata y en el 100%, que podría ser en esta misma semana, será primero para los perjudicados hasta por un monto de 2.000 dólares y, respecto de las cifras superiores a esta cantidad, el anuncio se hará en el transcurso de estos días.
A decir de Pesántez, el perjuicio a los clientes de la banca sumaría algunos millones de dólares, por lo que se deberán tomar medidas para que esto no ocurra. Dijo que era evidente que no existe dolo de la banca, pero sí algunas omisiones y negligencias que tienen que ser superadas.
El Fiscal anunció acciones legales en contra de algunos funcionarios del Banco Central, encargados de la administración de los bienes incautados a los banqueros prófugos de la justicia.
Según dijo, existe una propiedad incautada a los banqueros en el sector de Guápulo (oriente de Quito) de cerca de 20 hectáreas, con casas, caballerizas y todas las comodidades de la vida moderna, que estaba siendo arrendada por 1.000 dólares anuales, es decir 83 dólares al mes.
Agregó que de esta irregularidad tendrán que responder los funcionarios, cuyos nombres no reveló, que están a cargo de la administración de estos bienes. “Qué pena que en este Gobierno haya funcionarios de esta naturaleza”.
