El veto total que emitió el Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, impedirá que las reformas a este sector se vuelvan a tratar durante un año, indicó María Paula Romo (IND), presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea.En el documento, el presidente Rafael Correa sostiene que las reformas propuestas no hacen “ningún aporte sustancial para mejorar la administración de justicia” porque son “parches”. El Jefe de Estado agrega que la consulta popular que se realizará el próximo 7 de mayo tiene directa relación con este tema.
Las reformas, que se trabajaron durante meses en la Comisión de Justicia, planteaban que se sancione y se destituya a los jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva, así como la vacancia judicial, elección del Fiscal Subrogante, responsabilidad sobre la prescripción de acciones disciplinarias, entre otros.
Romo calificó de incomprensible la decisión del Ejecutivo y expuso que de ganar el Sí en la consulta, el Parlamento no podrá tratar los temas allí contenidos que hacen referencia a la justicia.
La legisladora agregó que el único tema que se relaciona con el referéndum es el de las sanciones a los jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva.
Romo, sin embargo, puntualizó que la objeción total, llegada el sábado al Legislativo, era previsible, porque el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, lo anunció días antes a la prensa nacional, acotó Romo.
“Es un veto que produce confusiones”, agregó Romo, quien dijo no comprender cuál es la intención que hay detrás de esta medida. Alegó que el articulado tenía cambios importantes, como el establecimiento de un proceso de modernización de la Función Judicial.
“Estamos hablando de un veto total de un proyecto de ley del propio Ejecutivo”, concluyó Romo.
Fernando Cordero, titular del Legislativo, también expresó su inconformidad con el veto total porque, según dijo, el proyecto “tiene varios temas que podrían ser muy coherentes con la Consulta, si se aprueba”.
Con la acción tomada por el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 138 de la Constitución, la Asamblea podrá volver a tratar el proyecto solamente después de un año, contado a partir de la fecha de la objeción.
Transcurrido ese lapso, el Pleno podría ratificarse en el proyecto, en un solo debate, con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores y así enviarlo directamente al Registro Oficial.
