lunes, 21 de marzo de 2011

A medianoche expira plazo que dieron jueces a Cervecería Nacional

QUITO. Decenas de trabajadores de Cervecería Nacional se apostaron en el sector de La Cruz del Papa, del Parque La Carolina, para expresar su apoyo a la empresa y rechazo a la sentencia.

Cervecería Nacional (CN) tiene hasta la medianoche de hoy para acatar la sentencia de la Tercera Sala Penal del Guayas, que dispone el pago de más de $ 90 millones por concepto de utilidades adeudadas a un millar de extrabajadores y empleados.

El presidente de la sala, Robert Guevara Elizalde, precisó la semana pasada que la empresa tiene hasta esa hora para depositar el capital ($ 90’929.135), “en la cuenta del juzgado de primera instancia”, es decir el Duodécimo de lo Civil del Guayas, y que de no hacerlo empezarán a sumarse los intereses a modo de multa.

El juez indicó que el plazo de 48 horas establecido en el fallo, expira esta medianoche pues comenzó a transcurrir el pasado viernes luego de que la sentencia quedara en firme.

“Y aunque en lo constitucional se avanzaría hasta el día sábado (19 de marzo), por equidad se les daría tiempo hasta el día lunes (hoy) para que se cumplan las 48 horas”, explicó el pasado miércoles en entrevista con este Diario.

Los reclamantes de las utilidades realizarán hoy un plantón en los bajos del Palacio de Justicia, en el centro, a partir de las 09:00, para velar por el cumplimiento de la sentencia. Así informó Arturo Cervantes, procurador común de los extrabajadores y empleados de CN.

En tanto ayer, decenas de empleados de la planta de CN en Quito organizaron una concentración para expresar su rechazo a la orden judicial.

El plantón se realizó en la Cruz del Papa del Parque La Carolina, en el norte de la capital y también contó con los familiares de los trabajadores.

Los manifestantes exhibían pancartas y clamaban consignas como “¡Resistir, resistir! Mi trabajo dejará de existir”.

Desde la semana pasada varios colaboradores de CN se acogieron al derecho a la resistencia pues consideran que el fallo es ilegal e inconstitucional y que la cancelación de más del monto impuesto provocará el cierre de las plantas.

Una de las manifestantes, Fernanda Gómez, dijo que los empleados temen quedar sin trabajo. Según ella, quienes reclaman el millonario pago no laboraron para la empresa, sino para tecerizadoras.

Su compañero Byron Cabrera agregó: “Si nos obligan a cancelar, CN cerraría y con esto se perderían 1.780 puestos de trabajo directos, 700 franquiciados y alrededor de 140.000 trabajos indirectos”.