martes, 15 de marzo de 2011

La gestión de desastres se volvió una prioridad

La alerta de tsunami que se decretó el viernes luego del terremoto de 9 grados en escala Richter en Japón hizo que el Gobierno ponga mayor énfasis a las tareas de prevención.

Una prueba de esto es que ayer se decidió acelerar los trabajos del Centro Nacional de Gestión Ciudadana que se construye en el antiguo centro comercial Puntilla Mall, en la zona de Samborondón (Guayas).

El objetivo de ese centro de operaciones será registrar posibles alteraciones naturales y otras emergencias, explicó el ministro de Seguridad Interna y Externa Homero Arellano, quien ayer recorrió la obra.

El funcionario comentó que el 70% de las instalaciones del edificio estarán operativas y que se contará con cámaras para seguridad ciudadana y con equipos de detección de amenazas naturales.

En ese centro de mando, además, se coordinarán labores con el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), Instituto Geofísico (IG) y con el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inhami).

“Esta será la plataforma de control más completa de Latinoamerica”, aseguró Arellano, quien además comentó que este viernes se realizará un simposio en Esmeraldas para evaluar la gestión realizada ante la alerta de tsunami.

En el encuentro participarán representantes de ministerios, autoridades locales y organismos de socorro.

Mientras tanto, tras evaluar los daños que dejó el fuerte oleaje en la península, la gobernadora de Santa Elena Noralma Zambrano, anunció que los pescadores afectados recibirán una ayuda estimada en 2 millones de dólares de parte del Gobierno.

La representante del Ejecutivo confirmó que hasta ayer las actividades del sector estuvieron paralizadas debido a que 400 embarcaciones resultaron seriamente dañadas y porque otras 40 se hundieron.

Arnoldo Castro, propietario de una de las pangas dañadas, agregó que se perdieron equipos de pesca como redes, trasmayos, motores fuera de borda y galones de combustibles y calculó que sus pérdidas ascienden a un millón.

José Bazán, otro pescador, comentó que la ayuda sería completa si la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banco Nacional de Fomento (BNF) toman en cuenta esta crisis al momento de cobrarles sus deudas.

“Ahora no tenemos como pagar, por eso pedimos que nos den tiempo, ahora no hay ni para comer”, dijo Bazán, quien agradeció la entrega de raciones de comida y agua para los afectados.

Nathalie Cely, ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad indicó que las poblaciones más afectadas fueron Santa Rosa en la provincia de El Oro y varios poblados de Santa Elena y Galápagos.

Cely dijo que a pesar de que todos los daños son lamentables se centrará básicamente en el sector pesquero artesanal para lo cual mantendrá reuniones con los representantes de este sector.

La dirección del Parque Nacional Galápagos presentó un informe de los daños ocurridos en las islas. En los primeros reportes se informó que el lado suroeste de la isla San Cristóbal, es una de las costas del archipiélago más afectadas. De este lado se encuentran los sitios de visita Islas Lobos y Manglecito. En Santa Cruz, la playa de El Garrapatero sufrió daños en la infraestructura y en el entorno de la playa.

Felipe Bazán, funcionario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), indicó que a las poblaciones de las islas Santa Cruz y San Cristobal se les enviará una ayuda inicial de 400 kits de alimentos y 1.000 galones de agua.