La Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) será mañana el escenario de la audiencia de formulación de cargos en contra de jueces y conjueces de la Corte Constitucional (CC), que están acusados del presunto delito de prevaricato por haber otorgado amnistía al ambientalista Floresmilo Villalta, quien estaba sentenciado a 16 años de reclusión por violación a una menor de edad.
A la audiencia, que será presidida por el conjuez nacional, Arturo Pérez, han sido citados los jueces y conjueces Patricio Pazmiño (presidente), Edgar Zárate (vicepresidente), Patricio Herrera, Luis Jaramillo Gavilánez, Hernando Morales y Fabián Sancho Lobato, quienes votaron por esa resolución que es ahora motivo de investigación fiscal.
Según el instructivo dictado por la Corte Nacional de Justicia, el 9 de diciembre de 2009, los miembros de la Corte Constitucional, en caso de responsabilidad penal por delitos de acción pública, deberán ser juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, integrado por las juezas y jueces titulares, y en caso de falta o impedimento de alguno de ellos, por el respectivo conjuez permanente.
Hasta tanto, el conjuez designado tendrá competencia para controlar la indagación previa y la instrucción fiscal, así como para sustanciar y resolver la etapa intermedia. Garantizará los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en la Constitución, la Ley y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y tendrá las funciones que le asigna el Código de Procedimiento Penal al Juez de Garantías Penales. Así mismo, ordenará el archivo de la causa, en caso de desestimación por parte del Fiscal General del Estado.
Para el caso de ser llamados a juicio, deberá ser el Pleno de la CNJ, presidido por su presidente, el que emita sentencia conforme a derecho, con el voto favorable de al menos las dos terceras partes de sus integrantes, en este caso por 14 jueces.
Los jueces de la Corte Constitucional van a ser procesados penalmente por haber avalado la amnistía que le concedió la Asamblea Constituyente de Montecristi en marzo de 2008 al activista y defensor del medio ambiente, Floresmilo Villalta, quien salió en libertad en septiembre de 2009 pese a tener una sentencia de 16 años de reclusión en su contra.
Según el acta de la sesión del 24 de septiembre de 2009 del pleno de la Corte Constitucional, se tenía pleno conocimiento que el solicitante de la amnistía, era un violador condenado por la justicia ecuatoriana, con sentencia ejecutoriada.
A la audiencia, que será presidida por el conjuez nacional, Arturo Pérez, han sido citados los jueces y conjueces Patricio Pazmiño (presidente), Edgar Zárate (vicepresidente), Patricio Herrera, Luis Jaramillo Gavilánez, Hernando Morales y Fabián Sancho Lobato, quienes votaron por esa resolución que es ahora motivo de investigación fiscal.
Según el instructivo dictado por la Corte Nacional de Justicia, el 9 de diciembre de 2009, los miembros de la Corte Constitucional, en caso de responsabilidad penal por delitos de acción pública, deberán ser juzgados por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, integrado por las juezas y jueces titulares, y en caso de falta o impedimento de alguno de ellos, por el respectivo conjuez permanente.
Hasta tanto, el conjuez designado tendrá competencia para controlar la indagación previa y la instrucción fiscal, así como para sustanciar y resolver la etapa intermedia. Garantizará los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en la Constitución, la Ley y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y tendrá las funciones que le asigna el Código de Procedimiento Penal al Juez de Garantías Penales. Así mismo, ordenará el archivo de la causa, en caso de desestimación por parte del Fiscal General del Estado.
Para el caso de ser llamados a juicio, deberá ser el Pleno de la CNJ, presidido por su presidente, el que emita sentencia conforme a derecho, con el voto favorable de al menos las dos terceras partes de sus integrantes, en este caso por 14 jueces.
Los jueces de la Corte Constitucional van a ser procesados penalmente por haber avalado la amnistía que le concedió la Asamblea Constituyente de Montecristi en marzo de 2008 al activista y defensor del medio ambiente, Floresmilo Villalta, quien salió en libertad en septiembre de 2009 pese a tener una sentencia de 16 años de reclusión en su contra.
Según el acta de la sesión del 24 de septiembre de 2009 del pleno de la Corte Constitucional, se tenía pleno conocimiento que el solicitante de la amnistía, era un violador condenado por la justicia ecuatoriana, con sentencia ejecutoriada.
