La última movilización de los indígenas logró un rédito coyuntural: abrió nuevamente las puertas del diálogo en el debate de la Ley de Recursos Hídricos, más conocida como Ley de Aguas.
De hecho, el secretario Nacional del Agua, Jorge Jurado, invitó a este sector para buscar acuerdos conjuntos sobre “los puntos críticos” del proyecto legal. La dirigencia indígena aceptó, pero con cierta precaución.
El presidente de la Ecuarunari, Delfin Tenesaca, le recordó a Jurado que este tema ya estuvo en las mesas de diálogo conformadas el 5 de octubre del 2009, el cual fracaso. De allí que el ex presidente de la misma organización, Humberto Cholango, aclaró que la posibilidad de que se concrete o no un nuevo levantamiento dependerá de la disposición que tenga la Asamblea para ajustar la ley.
El primero -y a su criterio el más importante- es la redistribución del recurso agua. “Hay que terminar con los altos niveles de concentración del recurso en pocas manos”. Sobre este tema, Carlos Oleas, presidente de Interjuntas Chimborazo -entidad que agrupa a las Juntas de Agua de la provincia- exige que se ejecute por parte de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) la anunciada auditoría de las concesiones para el manejo del agua.
Ambos invocaron para su aplicación las disposiciones transitorias 26 y 27 de la Constitución. En ellas se da, primero, un plazo de 360 días luego de la entrada en vigencia de la Carta Política para efectuar una auditoría de las concesiones , y se fija en dos años el plazo para revisar la situación del acceso al agua de riego y reorganizar el otorgamiento de las concesiones.
El segundo nudo crítico, en opinión de Martínez, es la relación que debe existir entre la institucionalidad y la participación social. En el proyecto de Ley se habla de la creación de una Autoridad Única del Agua.
Para el Gobierno, esta se expresa en una persona, que podría ser el titular de Senagua. En cambio, para las organizaciones sociales, existe una propuesta que esperan sea recogida por la Asamblea: un Consejo Plurinacional y Pluricultural que tenga poder de decisión.
Oleas considera que este punto no puede olvidarse e ignorarse. “Requerimos tener espacios de decisión”. Está consciente que la creación de un consejo que no sea estatal podría ser anticonstitucional, pero considera que pueden buscarse mecanismos que viabilicen esta propuesta. Por ejemplo, sugiere que el 50 por ciento de dicho Consejo tenga representantes del Estado y el resto incluya a representantes de la sociedad.
Para Martínez, el debate no debe centrarse en si esta Autoridad es una persona o es un Consejo. “El Estado debe regular pero hay la necesidad de que los actores del agua tengan un papel activo. Por ello esto debe ser visto más que como una entidad como un Sistema de Autoridad Única del Agua”, dijo. Y, agrega, este sistema debe tener un correlato nacional y local.
Esto podría ayudar a solucionar otros nudos críticos, como el planteado por las juntas de Chimborazo. Oleas recuerda que ahora se plantea en la Ley las “demarcaciones hídricas”. Estas obligaría a que los trámites de una población, por ejemplo, se realicen en otras provincias vecinas. “Creemos que deben crearse centros zonales, pero con capacidad resolutiva. Uno de estos podría estar en Alausí”, aclara.
Finalmente, otro de los problemas que señalan que debería incluirse en la Ley en estudio es la prohibición de que se realicen actividades extractivas en ecosistemas que generen agua o en donde existan fuentes del líquido vital.
Tenesaca se suma a estos criterios, pero agrega uno más. El eje del discurso anti Ley de Aguas es el peligro de la privatización del agua. Algo, en lo que sin embargo no coinciden todos. Oleas, por ejemplo, considera que el proyecto de Ley es positivo y no encuentra en él la intención privatizadora. Eso sí, cree que hay algunos puntos que deben discutirse y reajustarse.
Estos ítems estarán en la mesa de la discusión en los próximos días. También constan en la presentación de un programa para la elaboración de los debates que tendrá la Comisión. Esta funcionaría al menos tres días a la semana con el fin de ajustar el texto final del proyecto legal.
Los indígenas pidieron a los representantes de la Asamblea Legislativa que se establezcan las mejores condiciones en los debates y que estos sean públicos.
De hecho, el secretario Nacional del Agua, Jorge Jurado, invitó a este sector para buscar acuerdos conjuntos sobre “los puntos críticos” del proyecto legal. La dirigencia indígena aceptó, pero con cierta precaución.
El presidente de la Ecuarunari, Delfin Tenesaca, le recordó a Jurado que este tema ya estuvo en las mesas de diálogo conformadas el 5 de octubre del 2009, el cual fracaso. De allí que el ex presidente de la misma organización, Humberto Cholango, aclaró que la posibilidad de que se concrete o no un nuevo levantamiento dependerá de la disposición que tenga la Asamblea para ajustar la ley.
El primero -y a su criterio el más importante- es la redistribución del recurso agua. “Hay que terminar con los altos niveles de concentración del recurso en pocas manos”. Sobre este tema, Carlos Oleas, presidente de Interjuntas Chimborazo -entidad que agrupa a las Juntas de Agua de la provincia- exige que se ejecute por parte de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) la anunciada auditoría de las concesiones para el manejo del agua.
Ambos invocaron para su aplicación las disposiciones transitorias 26 y 27 de la Constitución. En ellas se da, primero, un plazo de 360 días luego de la entrada en vigencia de la Carta Política para efectuar una auditoría de las concesiones , y se fija en dos años el plazo para revisar la situación del acceso al agua de riego y reorganizar el otorgamiento de las concesiones.
El segundo nudo crítico, en opinión de Martínez, es la relación que debe existir entre la institucionalidad y la participación social. En el proyecto de Ley se habla de la creación de una Autoridad Única del Agua.
Para el Gobierno, esta se expresa en una persona, que podría ser el titular de Senagua. En cambio, para las organizaciones sociales, existe una propuesta que esperan sea recogida por la Asamblea: un Consejo Plurinacional y Pluricultural que tenga poder de decisión.
Oleas considera que este punto no puede olvidarse e ignorarse. “Requerimos tener espacios de decisión”. Está consciente que la creación de un consejo que no sea estatal podría ser anticonstitucional, pero considera que pueden buscarse mecanismos que viabilicen esta propuesta. Por ejemplo, sugiere que el 50 por ciento de dicho Consejo tenga representantes del Estado y el resto incluya a representantes de la sociedad.
Para Martínez, el debate no debe centrarse en si esta Autoridad es una persona o es un Consejo. “El Estado debe regular pero hay la necesidad de que los actores del agua tengan un papel activo. Por ello esto debe ser visto más que como una entidad como un Sistema de Autoridad Única del Agua”, dijo. Y, agrega, este sistema debe tener un correlato nacional y local.
Esto podría ayudar a solucionar otros nudos críticos, como el planteado por las juntas de Chimborazo. Oleas recuerda que ahora se plantea en la Ley las “demarcaciones hídricas”. Estas obligaría a que los trámites de una población, por ejemplo, se realicen en otras provincias vecinas. “Creemos que deben crearse centros zonales, pero con capacidad resolutiva. Uno de estos podría estar en Alausí”, aclara.
Finalmente, otro de los problemas que señalan que debería incluirse en la Ley en estudio es la prohibición de que se realicen actividades extractivas en ecosistemas que generen agua o en donde existan fuentes del líquido vital.
Tenesaca se suma a estos criterios, pero agrega uno más. El eje del discurso anti Ley de Aguas es el peligro de la privatización del agua. Algo, en lo que sin embargo no coinciden todos. Oleas, por ejemplo, considera que el proyecto de Ley es positivo y no encuentra en él la intención privatizadora. Eso sí, cree que hay algunos puntos que deben discutirse y reajustarse.
Estos ítems estarán en la mesa de la discusión en los próximos días. También constan en la presentación de un programa para la elaboración de los debates que tendrá la Comisión. Esta funcionaría al menos tres días a la semana con el fin de ajustar el texto final del proyecto legal.
Los indígenas pidieron a los representantes de la Asamblea Legislativa que se establezcan las mejores condiciones en los debates y que estos sean públicos.
