El Gobierno de Ecuador anunció hoy que en los próximos días comenzará a aplicar controles sobre el cumplimiento de la ley que obliga a las empresas y entidades públicas de más de 25 trabajadores a contratar a personas con alguna discapacidad, informó la Vicepresidencia.
El anuncio lo hizo el vicepresidente, Lenin Moreno, en un acto de presentación de resultados del primer Registro Laboral de Personas con Discapacidad, realizado en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
Según los datos recabados, de 1 532 empresas visitadas sólo un 34,7% cumple con la ley en cuanto a contratación de discapacitados, lo que deja a más del 65% al margen del código legal.
El estudio también determina que un 7,3% de personas con discapacidad son contratadas por el sector primario de las empresas, el sector comercial contrata a un 25,5% y el sector de servicios es el que más contrata, con un 67,2%.
El 36,8% de los empresarios admitió haber realizado implementaciones físicas para personas con discapacidad, pero gran parte de los entrevistados se quejó de problemas en la aplicación de la ley como la carencia de un bolsa de empleo o una adecuada capacitación para los puestos que deben desempeñarse.
En ese sentido, desde el Ministerio de Relaciones Labores se destacó que, una vez conocidos los resultados, se podrán emprender en capacitaciones y planes de inclusión laboral en coordinación con la Vicepresidencia, entidad que se encarga de los programas con las personas discapacitadas.
Adicionalmente, en el acto de presentación del informe, la Vicepresidencia suscribió convenios con universidades, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Gobierno (Interior) para proseguir con la evaluación a nivel nacional, dotar de equipos a las empresas y coordinar la atención.
"Hasta este momento, el Ministerio de Trabajo va a iniciar, mediante la actividad de sus inspectores de trabajo, a detectar las empresas" que no incluyan a discapacitados en su nómina, señaló el vicepresidente, de acuerdo con un comunicado de la Vicepresidencia.
"Empresa que se le detecte e institución pública que se le detecte que está incumpliendo con la obligatoriedad será inmediatamente sancionada, con las multas que, por supuesto, son bastante fuertes", agregó. (EFE)
El anuncio lo hizo el vicepresidente, Lenin Moreno, en un acto de presentación de resultados del primer Registro Laboral de Personas con Discapacidad, realizado en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
Según los datos recabados, de 1 532 empresas visitadas sólo un 34,7% cumple con la ley en cuanto a contratación de discapacitados, lo que deja a más del 65% al margen del código legal.
El estudio también determina que un 7,3% de personas con discapacidad son contratadas por el sector primario de las empresas, el sector comercial contrata a un 25,5% y el sector de servicios es el que más contrata, con un 67,2%.
El 36,8% de los empresarios admitió haber realizado implementaciones físicas para personas con discapacidad, pero gran parte de los entrevistados se quejó de problemas en la aplicación de la ley como la carencia de un bolsa de empleo o una adecuada capacitación para los puestos que deben desempeñarse.
En ese sentido, desde el Ministerio de Relaciones Labores se destacó que, una vez conocidos los resultados, se podrán emprender en capacitaciones y planes de inclusión laboral en coordinación con la Vicepresidencia, entidad que se encarga de los programas con las personas discapacitadas.
Adicionalmente, en el acto de presentación del informe, la Vicepresidencia suscribió convenios con universidades, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Gobierno (Interior) para proseguir con la evaluación a nivel nacional, dotar de equipos a las empresas y coordinar la atención.
"Hasta este momento, el Ministerio de Trabajo va a iniciar, mediante la actividad de sus inspectores de trabajo, a detectar las empresas" que no incluyan a discapacitados en su nómina, señaló el vicepresidente, de acuerdo con un comunicado de la Vicepresidencia.
"Empresa que se le detecte e institución pública que se le detecte que está incumpliendo con la obligatoriedad será inmediatamente sancionada, con las multas que, por supuesto, son bastante fuertes", agregó. (EFE)
