El miércoles pasado terminó en el país el Registro Ampliado, que fue un proceso desarrollado entre la Cancillería y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para otorgar el estatuto de refugiado a las personas colombianas con necesidad de protección internacional que habitan en las provincia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura Sucumbíos y Orellana.
Según informó el director de la Dirección de Refugiados de la Cancillería, Alfonso Morales, con este proceso se regularizó la situación migratoria de 27 mil 600 colombianos que han salido de su país huyendo del conflicto interno que se vive ahí.
Además, el funcionario explicó que se ha derivado mil 150 personas al procedimiento ordinario, en total se han atendido a 28 mil 750 personas.
“Se ha atendido 100 casos diarios, cada caso puede ser una persona o un grupo familiar, lo que aumentaría esta cantidad hasta a 500 personas cada día”, explicó Morales
Los excluidos
Morales señaló que los mil 150 casos que fueron enviados a las oficinas en Quito corresponden a las personas que están incluidas en una base de datos de exclusión, por lo que sus casos serán estudiados caso por caso.
“No recibieron el carné de refugiados, sino sólo el carné de solicitante de refugio, son casos que necesitan de mayor investigación, de éstos unos 350 son personas que han cometido delitos en su país, que muy difícilmente recibirán el refugio”, aseveró Morales.
Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados, no se puede entregar este beneficio a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad en su país de origen, pese a que su integridad esté en peligro.
Inversión
El Acnur, que es el representante de la comunidad internacional, aportó a este proceso un millón 600 mil dólares y el Estado ecuatoriano invirtió 200 mil dólares, en el año de ejecución del proyecto se gastó un millón 800 mil dólares.
“El aporte de Acnur es parte de la responsabilidad que tiene el mundo con estas personas, el Ecuador también ha aportado, pero Colombia ha dado cero dólares, cero pesos, cero centavos”, dijo Morales.
Entre el organismo de Naciones Unidas y el Ecuador se integró la brigada de trabajo del Registro Ampliado, que estuvo conformada por 50 profesionales graduados de las distintas universidades del país y por los comisionados de la Cancillería.
Además, el Director explicó que el Estado ecuatoriano invierte 40 millones de dólares anuales proporcionando salud, educación y subsidios al gas y a la gasolina a los colombianos que viven en la frontera, a esto hay que sumarle el mantenimiento de oficinas para atender a estos ciudadanos.
Seguridades
Morales explicó que si antes de otorgar el refugio se hubiera verificado, a través de bases de datos, que la persona era requerida por la justicia de Colombia, se habría permitido que el proceso de extradición siga adelante, pero si ya se le ha entregado la protección internacional y luego llega la solicitud legal colombiana, se puede realizar la revisión del estatuto de refugiado e incluso retirárselo.
“Igual sucede si el refugiado comete un delito en Ecuador, el carné de refugio no le acredita para infringir la ley, si tiene que ir a la cárcel, irá, cumplirá su sentencia y luego incluso se puede solicitar la revocatoria de su calidad de refugiado”, afirmó Morales.
Sin embargo, el funcionario aclaró que en todo este año de trabajo no se registró ninguna solicitud de extradición, antes o después de la entrega de refugio.
Mecanismo incluyente
Según informó Morales, del Registro Ampliado no sólo se beneficiaron los colombianos que habitaban en la frontera, sino que se incluyó a quienes se trasladaban a estas zonas de otras partes del país, en busca de su regularización, en “cumplimiento de las normas constitucionales de no discriminación”.
Precisamente de esta oportunidad se benefició Geoconda Pastrana, quien vive en Quito, pero viajó a Ibarra para solicitar refugio. “En las oficinas de la Cancillería lo intenté una vez y no me lo dieron, pero ahora sí pude lograrlo”, dijo la colombiana.
Según informó el director de la Dirección de Refugiados de la Cancillería, Alfonso Morales, con este proceso se regularizó la situación migratoria de 27 mil 600 colombianos que han salido de su país huyendo del conflicto interno que se vive ahí.
Además, el funcionario explicó que se ha derivado mil 150 personas al procedimiento ordinario, en total se han atendido a 28 mil 750 personas.
“Se ha atendido 100 casos diarios, cada caso puede ser una persona o un grupo familiar, lo que aumentaría esta cantidad hasta a 500 personas cada día”, explicó Morales
Los excluidos
Morales señaló que los mil 150 casos que fueron enviados a las oficinas en Quito corresponden a las personas que están incluidas en una base de datos de exclusión, por lo que sus casos serán estudiados caso por caso.
“No recibieron el carné de refugiados, sino sólo el carné de solicitante de refugio, son casos que necesitan de mayor investigación, de éstos unos 350 son personas que han cometido delitos en su país, que muy difícilmente recibirán el refugio”, aseveró Morales.
Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados, no se puede entregar este beneficio a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad en su país de origen, pese a que su integridad esté en peligro.
Inversión
El Acnur, que es el representante de la comunidad internacional, aportó a este proceso un millón 600 mil dólares y el Estado ecuatoriano invirtió 200 mil dólares, en el año de ejecución del proyecto se gastó un millón 800 mil dólares.
“El aporte de Acnur es parte de la responsabilidad que tiene el mundo con estas personas, el Ecuador también ha aportado, pero Colombia ha dado cero dólares, cero pesos, cero centavos”, dijo Morales.
Entre el organismo de Naciones Unidas y el Ecuador se integró la brigada de trabajo del Registro Ampliado, que estuvo conformada por 50 profesionales graduados de las distintas universidades del país y por los comisionados de la Cancillería.
Además, el Director explicó que el Estado ecuatoriano invierte 40 millones de dólares anuales proporcionando salud, educación y subsidios al gas y a la gasolina a los colombianos que viven en la frontera, a esto hay que sumarle el mantenimiento de oficinas para atender a estos ciudadanos.
Seguridades
Morales explicó que si antes de otorgar el refugio se hubiera verificado, a través de bases de datos, que la persona era requerida por la justicia de Colombia, se habría permitido que el proceso de extradición siga adelante, pero si ya se le ha entregado la protección internacional y luego llega la solicitud legal colombiana, se puede realizar la revisión del estatuto de refugiado e incluso retirárselo.
“Igual sucede si el refugiado comete un delito en Ecuador, el carné de refugio no le acredita para infringir la ley, si tiene que ir a la cárcel, irá, cumplirá su sentencia y luego incluso se puede solicitar la revocatoria de su calidad de refugiado”, afirmó Morales.
Sin embargo, el funcionario aclaró que en todo este año de trabajo no se registró ninguna solicitud de extradición, antes o después de la entrega de refugio.
Mecanismo incluyente
Según informó Morales, del Registro Ampliado no sólo se beneficiaron los colombianos que habitaban en la frontera, sino que se incluyó a quienes se trasladaban a estas zonas de otras partes del país, en busca de su regularización, en “cumplimiento de las normas constitucionales de no discriminación”.
Precisamente de esta oportunidad se benefició Geoconda Pastrana, quien vive en Quito, pero viajó a Ibarra para solicitar refugio. “En las oficinas de la Cancillería lo intenté una vez y no me lo dieron, pero ahora sí pude lograrlo”, dijo la colombiana.
