En el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al ministro de Defensa, Javier Ponce Cevallos, auspiciada por el asambleísta Fausto Cobo, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, recibió este miércoles a varios oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos al jefe del Comando Conjunto, Gral. Div. Fabián Varela, quien aseguró que por pedido suyo, ante informaciones recibidas sobre el estado de los helicópteros Dhruv y los términos del contrato, solicitó que se realice una auditoría, que al momento la ejecuta la Contraloría General del Estado.
Varela explicó que participó del proceso precontractual como parte de la ex Junta Nacional de Defensa, organismo encargado de evaluar las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas; luego, la adjudicación y contratación quedó en manos del Comité de Adquisiciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Añadió que la institución militar está empeñada en apoyar el proceso de reforma del Estado y desde el 2006 se planteó la eliminación de la Junta de Defensa, por lo que en la actualidad los procedimientos se desarrollan con base en un Reglamento de Adquisiciones.
Respecto de si se irrespetaron los términos del contrato, Varela subrayó que no le corresponde emitir juicios de valor al respecto, sino que por la aparente incompatibilidad entre el contrato y las condiciones de los motores y las palas, solicitó la auditoría. Habrá que esperar que la autoridad competente establezca si se cumplieron o no los términos del contrato, agregó.
Se cumplieron normas internacionales
Entre tanto, el comandante general de la FAE, Rodrigo Bohórquez Flores, indicó que en el proceso precontractual y contractual se observaron todos los requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional, tras subrayar que la certificación FAR-29 cumple las especificaciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI y es la que respalda a los helicópteros Dhruv, mientras que los motores, de fabricación francesa, acreditan la certificación JAR, que corresponde a Europa.
Sostuvo que las cláusulas del contrato se inscriben en lo previsto en las regulaciones internacionales, por lo que la Fuerza Aérea actuó con absoluto apego a la ley, a fin de atender las demandas del país y precautelar los intereses de todos los ecuatorianos.
Contrato en manos de autoridades competentes
De su lado, el titular del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, Galo Espinoza, tras señalar que no participó en ninguna de las negociaciones precontractuales y contractuales, dijo que la determinación de si se cumplieron o no los términos del contrato les corresponde a las autoridades competentes, particularmente, la Contraloría General del Estado.
Reconoció haber recibido un memorando suscrito por el Comandante de la Fuerza Aérea para que reciba los helicópteros, en la fase de ejecución del contrato, no obstante, el órgano competente para asignar esta responsabilidad es el Ministro de Defensa, quien efectivamente nombró una Comisión para la entrega-recepción de los helicópteros, de la cual no es miembro.
“Solo tres meses después de recibidos los mismos tuve conocimiento de los términos del contrato y fue preocupación de este comando el posible incumplimiento, dado que los motores, que debían ser de fabricación 2008, son anteriores a ese año, a pesar de que de la información recibida la vida útil de los mismos es de 15 años, a partir de su primer vuelo, mientras que las palas tienen una vida útil de 10 años y que aparentemente eso no afectaría a los intereses de la institución”, enfatizó.
El contrato es posterior a mi gestión
Otro de los comparecientes, el ex comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela Bueno, aseveró que la contratación de los helicópteros Dhruv se inició con posterioridad a su salida, en abril 2008, por lo que no participó en ninguna de las etapas contractuales.
Aclaró que su presencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea no tiene otro objetivo que aportar a la transparencia de los procedimientos en la institución militar, porque toda contratación debe sujetarse a lo previsto en la Constitución y la Ley y, sobre todo, precautelando los intereses de todos los ecuatorianos.
Rechazó toda clase de insinuaciones en el sentido que su posición respondería a la defensa de intereses de alguna empresa que no fue considerada en el proceso de contratación. “Soy un ciudadano que sirvió a las Fuerzas Armadas con valor y con honor, por lo que considero que las acciones administrativas deben ser apegadas a derecho”, concluyó.
Varela explicó que participó del proceso precontractual como parte de la ex Junta Nacional de Defensa, organismo encargado de evaluar las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas; luego, la adjudicación y contratación quedó en manos del Comité de Adquisiciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Añadió que la institución militar está empeñada en apoyar el proceso de reforma del Estado y desde el 2006 se planteó la eliminación de la Junta de Defensa, por lo que en la actualidad los procedimientos se desarrollan con base en un Reglamento de Adquisiciones.
Respecto de si se irrespetaron los términos del contrato, Varela subrayó que no le corresponde emitir juicios de valor al respecto, sino que por la aparente incompatibilidad entre el contrato y las condiciones de los motores y las palas, solicitó la auditoría. Habrá que esperar que la autoridad competente establezca si se cumplieron o no los términos del contrato, agregó.
Se cumplieron normas internacionales
Entre tanto, el comandante general de la FAE, Rodrigo Bohórquez Flores, indicó que en el proceso precontractual y contractual se observaron todos los requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional, tras subrayar que la certificación FAR-29 cumple las especificaciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI y es la que respalda a los helicópteros Dhruv, mientras que los motores, de fabricación francesa, acreditan la certificación JAR, que corresponde a Europa.
Sostuvo que las cláusulas del contrato se inscriben en lo previsto en las regulaciones internacionales, por lo que la Fuerza Aérea actuó con absoluto apego a la ley, a fin de atender las demandas del país y precautelar los intereses de todos los ecuatorianos.
Contrato en manos de autoridades competentes
De su lado, el titular del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, Galo Espinoza, tras señalar que no participó en ninguna de las negociaciones precontractuales y contractuales, dijo que la determinación de si se cumplieron o no los términos del contrato les corresponde a las autoridades competentes, particularmente, la Contraloría General del Estado.
Reconoció haber recibido un memorando suscrito por el Comandante de la Fuerza Aérea para que reciba los helicópteros, en la fase de ejecución del contrato, no obstante, el órgano competente para asignar esta responsabilidad es el Ministro de Defensa, quien efectivamente nombró una Comisión para la entrega-recepción de los helicópteros, de la cual no es miembro.
“Solo tres meses después de recibidos los mismos tuve conocimiento de los términos del contrato y fue preocupación de este comando el posible incumplimiento, dado que los motores, que debían ser de fabricación 2008, son anteriores a ese año, a pesar de que de la información recibida la vida útil de los mismos es de 15 años, a partir de su primer vuelo, mientras que las palas tienen una vida útil de 10 años y que aparentemente eso no afectaría a los intereses de la institución”, enfatizó.
El contrato es posterior a mi gestión
Otro de los comparecientes, el ex comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela Bueno, aseveró que la contratación de los helicópteros Dhruv se inició con posterioridad a su salida, en abril 2008, por lo que no participó en ninguna de las etapas contractuales.
Aclaró que su presencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea no tiene otro objetivo que aportar a la transparencia de los procedimientos en la institución militar, porque toda contratación debe sujetarse a lo previsto en la Constitución y la Ley y, sobre todo, precautelando los intereses de todos los ecuatorianos.
Rechazó toda clase de insinuaciones en el sentido que su posición respondería a la defensa de intereses de alguna empresa que no fue considerada en el proceso de contratación. “Soy un ciudadano que sirvió a las Fuerzas Armadas con valor y con honor, por lo que considero que las acciones administrativas deben ser apegadas a derecho”, concluyó.
