El Gobierno negó que esté realizando espionaje con fines políticos, y aseguró que unos equipos donados por Estados Unidos para la interceptación de llamadas serán empleados exclusivamente en la lucha contra el crimen organizado.
“Nadie ha ordenado que haya espionaje y no ha habido evidencias de que haya habido espionaje”, dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh ante una pregunta del canal Teleamazonas.
El funcionario deslindó cualquier relación del gobierno con una orden impartida por el ex jefe de operaciones de la Policía, general Juan Sosa, para espiar a jueces y fiscales con el propósito de evitar actos de corrupción.
El oficial fue separado de sus funciones y pasó al retiro en el marco de un cambio de mando efectuado a finales de mayo.
Jalkh recalcó que cualquier interceptación telefónica deberá ser avalada por un juez, y negó que los equipos de espionaje entregados por Estados Unidos vayan a ser empleados con fines políticos.
“Cualquier utilización de esa tecnología o de otra que implique la restricción de un derecho, sólo puede justificarse en un operativo de lucha contra el crimen organizado, y solicitado por el fiscal y autorizado por un juez”, indicó.
El gobierno está a la espera de la firma de un convenio para hacer uso de los equipos estadounidenses, agregó.
El 11 de junio, el presidente Rafael Correa denunció que potencias extranjeras siempre han financiado las labores ecuatorianas de inteligencia, y anunció una ley que pondrá fina a “esa práctica vergonzosa”.
“Nadie ha ordenado que haya espionaje y no ha habido evidencias de que haya habido espionaje”, dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh ante una pregunta del canal Teleamazonas.
El funcionario deslindó cualquier relación del gobierno con una orden impartida por el ex jefe de operaciones de la Policía, general Juan Sosa, para espiar a jueces y fiscales con el propósito de evitar actos de corrupción.
El oficial fue separado de sus funciones y pasó al retiro en el marco de un cambio de mando efectuado a finales de mayo.
Jalkh recalcó que cualquier interceptación telefónica deberá ser avalada por un juez, y negó que los equipos de espionaje entregados por Estados Unidos vayan a ser empleados con fines políticos.
“Cualquier utilización de esa tecnología o de otra que implique la restricción de un derecho, sólo puede justificarse en un operativo de lucha contra el crimen organizado, y solicitado por el fiscal y autorizado por un juez”, indicó.
El gobierno está a la espera de la firma de un convenio para hacer uso de los equipos estadounidenses, agregó.
El 11 de junio, el presidente Rafael Correa denunció que potencias extranjeras siempre han financiado las labores ecuatorianas de inteligencia, y anunció una ley que pondrá fina a “esa práctica vergonzosa”.
