El Gobierno está decidido a poner fin a los arbitrajes internacionales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Ni la reciente victoria obtenida al interior de este centro de mediación, la cual frenó un eventual desembolso del Fisco por USD
1 700 millones, al parecer, motivó un cambio de opinión. Ecuador afronta 10 demandas internacionales. Seis de ellas se resuelven en el Ciadi, un centro adscrito al Banco Mundial (BM).
La lista pudiera aumentar, pues tres compañías anunciaron hace poco su decisión de ir al centro. Este alto número de demandas contra el país y su monto provocó la crítica del presidente Rafael Correa, quien solicitó el pasado viernes al ‘Congresillo’ que denuncie el Convenio Ciadi, aprobado por el Congreso el 7 de febrero de 2001.
“Son cosas que hay que enfrentar para liberar a nuestros países, porque esto es coloniaje, esclavitud frente a las transnacionales, a Washington, al Banco Mundial, y eso no lo podemos seguir tolerando”, dijo Correa días atrás.
El Gobierno busca evitar que los inversionistas de 22 países, entre ellos EE.UU., Alemania, Francia, España y otros, recurran a este centro, encargado de fijar las reglas y procedimientos para resolver sus diferencias.
El Ciadi es un centro especializado en disputas de inversiones, en la que una de las partes en litigio siempre es un Estado.
El resultado de los casos tratados allí aún deja saldo positivo para el país: perdió un caso con Repsol por USD 13,5 millones; obtuvo un fallo parcial, en el cual el Fisco pagó USD 5 millones a la eléctrica Duke, pero menor a los USD 25 millones que exigía; tres casos concluyeron con acuerdos amistosos; y el Estado ganó uno que evitó el pago de USD 1 700 millones al ex administrador de Emelec, Miguel Lluco.
El experto en arbitrajes, Diego Ramírez, explica que quienes resuelven las disputas son los árbitros y no el Ciadi. “El Centro brinda las facilidades de Secretaría para el Tribunal, nada más”.
En un arbitraje, que es un medio alternativo a una Corte de Justicia, la demanda es resuelta por tres árbitros (especie de juez que analiza el caso): uno escogido por el demandante, otro por el demandado y, el final, por el centro donde se resuelve el caso.
La infraestructura que posee el Ciadi reduce los costos para las partes, facilidades de las que no disponen otros mecanismos arbitrales como Uncitral.
Con esos antecedentes, el Gobierno propuso crear un centro de arbitraje latinoamericano. Pero para Ramírez, eso no es una garantía de que el país obtenga fallos favorables. “Los árbitros pueden ser los mismos, parece más el resultado de un prejuicio en contra del Ciadi, por estar adscrito al BM. No es que los árbitros sean del BM o pagados por este, el país puede tener un árbitro en el Ciadi y el mismo árbitro conocer otro caso en Uncitral. Lo único que cambia es que en el Ciadi no se puede apelar ante cortes locales y en Uncitral sí”, explicó.
Ramírez cree que la acogida del nuevo centro dependerá de su imparcialidad. “Inversionistas y Estados buscan una sede que garantice neutralidad, si es así, claro que puede ser aceptado”.
Para el Gobierno, el Ciadi no garantiza imparcialidad. En estos días las petroleras Repsol y Murphy notificaron al Estado demandas millonarias (ver cuadro), que se suman a las ya existentes.
Aun así, el país redujo el monto exigido en las cortes en un 14,3%, al pasar de USD 12 944 millones en noviembre pasado a un total de USD 11 092. La cifra puede subir, pues tres firmas aún no oficializan la cuantía de sus exigencias. Este monto casi se compara al Presupuesto estatal para este año (USD 12 605millones).
El titular del ‘Congresillo’ ecuatoriano, Fernando Cordero, deberá fijar la fecha para analizar el pedido del Ejecutivo.(El Comercio)
Ni la reciente victoria obtenida al interior de este centro de mediación, la cual frenó un eventual desembolso del Fisco por USD
1 700 millones, al parecer, motivó un cambio de opinión. Ecuador afronta 10 demandas internacionales. Seis de ellas se resuelven en el Ciadi, un centro adscrito al Banco Mundial (BM).
La lista pudiera aumentar, pues tres compañías anunciaron hace poco su decisión de ir al centro. Este alto número de demandas contra el país y su monto provocó la crítica del presidente Rafael Correa, quien solicitó el pasado viernes al ‘Congresillo’ que denuncie el Convenio Ciadi, aprobado por el Congreso el 7 de febrero de 2001.
“Son cosas que hay que enfrentar para liberar a nuestros países, porque esto es coloniaje, esclavitud frente a las transnacionales, a Washington, al Banco Mundial, y eso no lo podemos seguir tolerando”, dijo Correa días atrás.
El Gobierno busca evitar que los inversionistas de 22 países, entre ellos EE.UU., Alemania, Francia, España y otros, recurran a este centro, encargado de fijar las reglas y procedimientos para resolver sus diferencias.
El Ciadi es un centro especializado en disputas de inversiones, en la que una de las partes en litigio siempre es un Estado.
El resultado de los casos tratados allí aún deja saldo positivo para el país: perdió un caso con Repsol por USD 13,5 millones; obtuvo un fallo parcial, en el cual el Fisco pagó USD 5 millones a la eléctrica Duke, pero menor a los USD 25 millones que exigía; tres casos concluyeron con acuerdos amistosos; y el Estado ganó uno que evitó el pago de USD 1 700 millones al ex administrador de Emelec, Miguel Lluco.
El experto en arbitrajes, Diego Ramírez, explica que quienes resuelven las disputas son los árbitros y no el Ciadi. “El Centro brinda las facilidades de Secretaría para el Tribunal, nada más”.
En un arbitraje, que es un medio alternativo a una Corte de Justicia, la demanda es resuelta por tres árbitros (especie de juez que analiza el caso): uno escogido por el demandante, otro por el demandado y, el final, por el centro donde se resuelve el caso.
La infraestructura que posee el Ciadi reduce los costos para las partes, facilidades de las que no disponen otros mecanismos arbitrales como Uncitral.
Con esos antecedentes, el Gobierno propuso crear un centro de arbitraje latinoamericano. Pero para Ramírez, eso no es una garantía de que el país obtenga fallos favorables. “Los árbitros pueden ser los mismos, parece más el resultado de un prejuicio en contra del Ciadi, por estar adscrito al BM. No es que los árbitros sean del BM o pagados por este, el país puede tener un árbitro en el Ciadi y el mismo árbitro conocer otro caso en Uncitral. Lo único que cambia es que en el Ciadi no se puede apelar ante cortes locales y en Uncitral sí”, explicó.
Ramírez cree que la acogida del nuevo centro dependerá de su imparcialidad. “Inversionistas y Estados buscan una sede que garantice neutralidad, si es así, claro que puede ser aceptado”.
Para el Gobierno, el Ciadi no garantiza imparcialidad. En estos días las petroleras Repsol y Murphy notificaron al Estado demandas millonarias (ver cuadro), que se suman a las ya existentes.
Aun así, el país redujo el monto exigido en las cortes en un 14,3%, al pasar de USD 12 944 millones en noviembre pasado a un total de USD 11 092. La cifra puede subir, pues tres firmas aún no oficializan la cuantía de sus exigencias. Este monto casi se compara al Presupuesto estatal para este año (USD 12 605millones).
El titular del ‘Congresillo’ ecuatoriano, Fernando Cordero, deberá fijar la fecha para analizar el pedido del Ejecutivo.(El Comercio)
