Quito,19-06-2009. El Procurador General del Estado, Diego García Carrión, anunció que ayer se notificó al Ecuador la decisión del Tribunal Arbitral sobre las medidas provisionales solicitadas por REPSOL dentro del proceso arbitral que sigue en contra de Petroecuador y del Estado Ecuatoriano. El Procurador manifestó que es una importante victoria que favorece al esfuerzo del Gobierno Nacional de negociar una nueva relación contractual con el Consorcio liderado por REPSOL.
A pesar de la firma del Contrato modificatorio celebrado entre el Gobierno y la empresa el 12 de marzo pasado, que culminó con la suspensión del proceso coactivo, Repsol continuó presionando al Tribunal para que ordenara al Ecuador archivar el proceso coactivo que había sido iniciado para el cobro de la deuda que mantenía la compañía.
La República del Ecuador, a diferencia de la posición mantenida por la compañía, argumentó ante el Tribunal que el cobro coactivo había sido suspendido una vez que el Consorcio presentó un plan de pagos, por lo que dicho proceso no podía ser considerado como una amenaza a la operación de la compañía siempre y cuando ésta cumpliera con sus obligaciones de acuerdo al plan de pagos aprobados, producto de la aplicación de la Ley 42. Luego de la audiencia en la que el Tribunal escuchó los argumentos de las dos partes, el Tribunal rechazó el pedido de la compañía y aceptó la posición de la defensa del Ecuador, de que no era necesario intervenir en el proceso coactivo.
El Procurador afirmó también que la República del Ecuador no tiene reserva alguna en aceptar el pedido del Tribunal en notificarle oportunamente en el evento de que se produzca algún cambio en el estado actual del proceso coactivo.
El Tribunal también reconoció la validez del acuerdo entre el Gobierno y REPSOL de no impulsar el arbitraje, de forma consistente con la posición de la República. El Tribunal fijó la fecha de presentación de escritos de la República del Ecuador para varios meses después de que culmine el año de negociaciones acordado por las partes. Por su parte, REPSOL tendrá que incurrir en los gastos y esfuerzos que son necesarios para presentar sus argumentos hasta el mes de diciembre de este año.
El Procurador General del Estado concluyó que augura un proceso fructífero de negociaciones entre el Gobierno y la compañía en el período que resta para ellas, y que estará preparado para responder oportunamente ante el Tribunal en el evento de que dichas negociaciones fracasen.
A pesar de la firma del Contrato modificatorio celebrado entre el Gobierno y la empresa el 12 de marzo pasado, que culminó con la suspensión del proceso coactivo, Repsol continuó presionando al Tribunal para que ordenara al Ecuador archivar el proceso coactivo que había sido iniciado para el cobro de la deuda que mantenía la compañía.
La República del Ecuador, a diferencia de la posición mantenida por la compañía, argumentó ante el Tribunal que el cobro coactivo había sido suspendido una vez que el Consorcio presentó un plan de pagos, por lo que dicho proceso no podía ser considerado como una amenaza a la operación de la compañía siempre y cuando ésta cumpliera con sus obligaciones de acuerdo al plan de pagos aprobados, producto de la aplicación de la Ley 42. Luego de la audiencia en la que el Tribunal escuchó los argumentos de las dos partes, el Tribunal rechazó el pedido de la compañía y aceptó la posición de la defensa del Ecuador, de que no era necesario intervenir en el proceso coactivo.
El Procurador afirmó también que la República del Ecuador no tiene reserva alguna en aceptar el pedido del Tribunal en notificarle oportunamente en el evento de que se produzca algún cambio en el estado actual del proceso coactivo.
El Tribunal también reconoció la validez del acuerdo entre el Gobierno y REPSOL de no impulsar el arbitraje, de forma consistente con la posición de la República. El Tribunal fijó la fecha de presentación de escritos de la República del Ecuador para varios meses después de que culmine el año de negociaciones acordado por las partes. Por su parte, REPSOL tendrá que incurrir en los gastos y esfuerzos que son necesarios para presentar sus argumentos hasta el mes de diciembre de este año.
El Procurador General del Estado concluyó que augura un proceso fructífero de negociaciones entre el Gobierno y la compañía en el período que resta para ellas, y que estará preparado para responder oportunamente ante el Tribunal en el evento de que dichas negociaciones fracasen.
