En una exposición que duró más de una hora, José Serrano, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, contribuyó con pruebas que demuestran la falta de transparencia e inoperancia del Consejo de la Judicatura.
La exposición realizada el 21 de marzo de 2011, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, se basó en tres ejes divididos en la negativa del Consejo de la Judicatura para permitir la auditoría a jueces penales, los casos de caducidad de prisión preventiva y el permitir impunidad de jueces y sanciones a las que calificó como irrisorias.
Sobre el tema de la auditoría, José Serrano, reflexionó sobre la cifra de 1 millón 200 mil causas represadas en el 2010 de las cuales más de 200 mil pertenecen a jueces penales a quienes ahora se les pretende evaluar su gestión pero la Judicatura no brinda las facilidades.
El Ministro recordó ante los asambleístas y público presente que Benjamín Cevallos participó directamente en el acuerdo con la Universidad de Talca y que incluso puso su firma como testigo de honor de este hecho. También aclaró que resulta extraño que después de 60 días haya cambiado de posición y trate de impedir y boicotear un proceso de rendición de cuentas ante la ciudadanía de jueces de lo penal.
Sobre las 4.064 caducidades de prisión preventiva que se produjeron entre el 2008 y el 2010, José Serrano recordó que la falta de celeridad provocó que jueces, como Aníbal Torres (754 caducidades) puedan salir con 42 mil dólares, sin que el Consejo se pronuncie a tiempo.
También expuso el caso del juez Benito Torres, quien al dar ilegalmente medidas sustitutivas dejó en libertad a un hombre que en menos de 60 días asesinó a un jóven comerciante de la ciudad de Machala por 100 dólares. En este caso tan grave el Consejo de la Judicatura apenas sancionó con 15 días de suspensión.
Pero sin duda alguna, el caso que más llamó la atención fue del juez de lo penal de Pichincha Ney Díaz quien solicitó favores sexuales a la esposa de un acusado para dejar sin efecto las acusaciones y que a pesar de ser comprobado el Consejo de la Judicatura efectuó el sumario administrativo, un día antes que prescriba la acción disciplinaria.
A la sesión acudieron cinco vocales y resolvieron que Díaz es culpable del acoso sexual pero solo le sancionaron con una multa del 10% de su remuneración porque no asistió el número mínimo (siete vocales) para ordenar su destitución.
Finalmente, el Secretario de Estado respondió interrogantes planteadas por asambleístas, vocales del Consejo de la Judicatura y representantes de ese organismo. También aclaró dudas planteadas por Benjamín Cevallos con respecto a la auditoría entre las que destaca el costo de la misma que es de 1 millón de dólares. /Ministerio de Justicia
La exposición realizada el 21 de marzo de 2011, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, se basó en tres ejes divididos en la negativa del Consejo de la Judicatura para permitir la auditoría a jueces penales, los casos de caducidad de prisión preventiva y el permitir impunidad de jueces y sanciones a las que calificó como irrisorias.
Sobre el tema de la auditoría, José Serrano, reflexionó sobre la cifra de 1 millón 200 mil causas represadas en el 2010 de las cuales más de 200 mil pertenecen a jueces penales a quienes ahora se les pretende evaluar su gestión pero la Judicatura no brinda las facilidades.
El Ministro recordó ante los asambleístas y público presente que Benjamín Cevallos participó directamente en el acuerdo con la Universidad de Talca y que incluso puso su firma como testigo de honor de este hecho. También aclaró que resulta extraño que después de 60 días haya cambiado de posición y trate de impedir y boicotear un proceso de rendición de cuentas ante la ciudadanía de jueces de lo penal.
Sobre las 4.064 caducidades de prisión preventiva que se produjeron entre el 2008 y el 2010, José Serrano recordó que la falta de celeridad provocó que jueces, como Aníbal Torres (754 caducidades) puedan salir con 42 mil dólares, sin que el Consejo se pronuncie a tiempo.
También expuso el caso del juez Benito Torres, quien al dar ilegalmente medidas sustitutivas dejó en libertad a un hombre que en menos de 60 días asesinó a un jóven comerciante de la ciudad de Machala por 100 dólares. En este caso tan grave el Consejo de la Judicatura apenas sancionó con 15 días de suspensión.
Pero sin duda alguna, el caso que más llamó la atención fue del juez de lo penal de Pichincha Ney Díaz quien solicitó favores sexuales a la esposa de un acusado para dejar sin efecto las acusaciones y que a pesar de ser comprobado el Consejo de la Judicatura efectuó el sumario administrativo, un día antes que prescriba la acción disciplinaria.
A la sesión acudieron cinco vocales y resolvieron que Díaz es culpable del acoso sexual pero solo le sancionaron con una multa del 10% de su remuneración porque no asistió el número mínimo (siete vocales) para ordenar su destitución.
Finalmente, el Secretario de Estado respondió interrogantes planteadas por asambleístas, vocales del Consejo de la Judicatura y representantes de ese organismo. También aclaró dudas planteadas por Benjamín Cevallos con respecto a la auditoría entre las que destaca el costo de la misma que es de 1 millón de dólares. /Ministerio de Justicia
