Los inmigrantes en España que deseen reagrupar a sus familiares deberán acreditar que cuentan con garantías de trabajo para un año, al menos, con un sueldo mínimo mensual de 800 euros (unos 1.100 dólares al cambio actual).
Así lo determina el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería tras ser modificado a propuesta de la Mesa de Diálogo Social, que lo analizó como parte del proceso de audiencia pública que sigue el texto antes de su aprobación definitiva.
El 8 de febrero pasado, el Gobierno presentó el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería, que contiene las regulaciones relativas a asuntos como la residencia de extranjeros, la reagrupación familiar, la contratación de trabajadores en origen o las infracciones a esta Ley, aprobada en 2009 y vigente desde enero de 2010.
Según un documento del Ministerio de Trabajo e Inmigración al que hoy tuvo acceso Efe, el cálculo de ingresos mínimos significa que un inmigrante deberá ganar un 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), utilizado como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros, y que en 2011 está fijado en 532 euros (734 dólares) mensuales.
El solicitante deberá acreditar su capacidad y perspectivas de mantener este nivel de ingresos al menos durante un año tras la solicitud y mostrar la evolución de sus medios económicos a lo largo del último semestre.
Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pidió hoy al Gobierno que garantice que los inmigrantes ilegales que sean menores de edad no acompañados de un adulto tengan la asistencia obligatoria de un abogado de oficio.
La CGAE subraya la necesidad de garantizar los derechos de los menores "desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo".
Los expertos del CGAE se muestran "contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular" tal y como recoge el borrador del Reglamento.
El Reglamento de la Ley contempla novedades como que los inmigrantes que tengan a su cargo un hijo nacido en España podrán regularizar su situación gracias al denominado "arraigo familiar".
Antes de su aprobación, el reglamento es examinado por la Mesa de Diálogo Social, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Conferencia Sectorial de Inmigración y la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, entre otras entidades.
Según cifras de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de mediados de 2010, en España residen legalmente 4,74 millones de extranjeros, de los cuales la procedencia mayoritaria corresponde a Rumanía (793.000), Marruecos (759.000), Ecuador (382.000) y Colombia (264.000).
Así lo determina el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería tras ser modificado a propuesta de la Mesa de Diálogo Social, que lo analizó como parte del proceso de audiencia pública que sigue el texto antes de su aprobación definitiva.
El 8 de febrero pasado, el Gobierno presentó el borrador del Reglamento de la Ley de Extranjería, que contiene las regulaciones relativas a asuntos como la residencia de extranjeros, la reagrupación familiar, la contratación de trabajadores en origen o las infracciones a esta Ley, aprobada en 2009 y vigente desde enero de 2010.
Según un documento del Ministerio de Trabajo e Inmigración al que hoy tuvo acceso Efe, el cálculo de ingresos mínimos significa que un inmigrante deberá ganar un 150 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), utilizado como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros, y que en 2011 está fijado en 532 euros (734 dólares) mensuales.
El solicitante deberá acreditar su capacidad y perspectivas de mantener este nivel de ingresos al menos durante un año tras la solicitud y mostrar la evolución de sus medios económicos a lo largo del último semestre.
Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) pidió hoy al Gobierno que garantice que los inmigrantes ilegales que sean menores de edad no acompañados de un adulto tengan la asistencia obligatoria de un abogado de oficio.
La CGAE subraya la necesidad de garantizar los derechos de los menores "desde el momento de su localización y a lo largo de todo el procedimiento de repatriación, incluyendo el proceso de determinación de la edad y protección por desamparo".
Los expertos del CGAE se muestran "contrarios a penalizar a un menor hijo de residentes legales con dos años de residencia irregular" tal y como recoge el borrador del Reglamento.
El Reglamento de la Ley contempla novedades como que los inmigrantes que tengan a su cargo un hijo nacido en España podrán regularizar su situación gracias al denominado "arraigo familiar".
Antes de su aprobación, el reglamento es examinado por la Mesa de Diálogo Social, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Conferencia Sectorial de Inmigración y la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, entre otras entidades.
Según cifras de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de mediados de 2010, en España residen legalmente 4,74 millones de extranjeros, de los cuales la procedencia mayoritaria corresponde a Rumanía (793.000), Marruecos (759.000), Ecuador (382.000) y Colombia (264.000).
