Las petroleras chinas, Petroriental y Andes Petroleum, podrían recurrir a un arbitraje internacional: es la advertencia que hacen las compañías, pues prevén que la renegociación de sus contratos no llegará a feliz término hasta el 23 de noviembre.
Las dos empresas exponen sus casos en cartas enviadas el mismo día, 19 de octubre, a varias autoridades: al ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor; al presidente de Petroecuador, Manuel Zapater; al director de la Agencia de Regulación, Carlos Loor, y al procurador Diego García.
Zhan Xing, presidente de Petroriental, y Bo Qiling y Zhou Yuqi, representantes de Andes Petroleum, dicen que tiene fe en las negociaciones, pero están conscientes de que no desembocarán en buen puerto.
¿Qué razones esgrimen los empresarios? Desde poca transparencia y desigualdad de condiciones en la primera fase de negociación, hasta medidas confiscatorias y “gran presión” por parte del Estado, para que Petroriental y Andes Petroleum acepten las condiciones, “sin que exista la posibilidad de una negociación razonada”.
Según las cartas, el régimen puso a las empresas ante una condición de “tómelo o déjelo”.
Por eso es que las dos empresas escriben para clarificar que se reservan todos los derechos consagrados en los contratos, incluido “el derecho a recurrir a arbitraje internacional” y peritajes para “la determinación del valor de la liquidación de los contratos de participación”.
El panorama para China National Oil & Gas Exploration y Sinopec Internacional Petroleum -accionistas de Andes- es, según la carta, un poco más sombrío. “Las actuales negociaciones han afectado adversamente nuestras inversiones en el Ecuador y creado una disputa entre los inversionistas chinos y el Ecuador”.
Y como todos los inversionistas, su tabla de salvación será el Convenio para el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones que China mantiene con el país.
¿Qué hará la Procuraduría? Álvaro Galindo, director de patrocinio internacional, dijo a EXPRESO que desde la fecha de ingreso de las comunicaciones se abre un proceso de negociación de 6 meses para que las partes lleguen a un acuerdo. Eso dependerá de lo que suceda el 23 de noviembre, cuando finaliza el plazo para cambiar los contratos de participación a prestación de servicios.
Las dos empresas exponen sus casos en cartas enviadas el mismo día, 19 de octubre, a varias autoridades: al ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor; al presidente de Petroecuador, Manuel Zapater; al director de la Agencia de Regulación, Carlos Loor, y al procurador Diego García.
Zhan Xing, presidente de Petroriental, y Bo Qiling y Zhou Yuqi, representantes de Andes Petroleum, dicen que tiene fe en las negociaciones, pero están conscientes de que no desembocarán en buen puerto.
¿Qué razones esgrimen los empresarios? Desde poca transparencia y desigualdad de condiciones en la primera fase de negociación, hasta medidas confiscatorias y “gran presión” por parte del Estado, para que Petroriental y Andes Petroleum acepten las condiciones, “sin que exista la posibilidad de una negociación razonada”.
Según las cartas, el régimen puso a las empresas ante una condición de “tómelo o déjelo”.
Por eso es que las dos empresas escriben para clarificar que se reservan todos los derechos consagrados en los contratos, incluido “el derecho a recurrir a arbitraje internacional” y peritajes para “la determinación del valor de la liquidación de los contratos de participación”.
El panorama para China National Oil & Gas Exploration y Sinopec Internacional Petroleum -accionistas de Andes- es, según la carta, un poco más sombrío. “Las actuales negociaciones han afectado adversamente nuestras inversiones en el Ecuador y creado una disputa entre los inversionistas chinos y el Ecuador”.
Y como todos los inversionistas, su tabla de salvación será el Convenio para el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones que China mantiene con el país.
¿Qué hará la Procuraduría? Álvaro Galindo, director de patrocinio internacional, dijo a EXPRESO que desde la fecha de ingreso de las comunicaciones se abre un proceso de negociación de 6 meses para que las partes lleguen a un acuerdo. Eso dependerá de lo que suceda el 23 de noviembre, cuando finaliza el plazo para cambiar los contratos de participación a prestación de servicios.
Si hasta ese día las negociaciones fallan, el futuro de las petroleras chinas dependerá, según el funcionario, de la decisión que tome el presidente Correa y los ministros encargados de la negociación. Por supuesto que si las empresas no están conformes con la fórmula de liquidación de los contratos podrán plantear el arbitraje internacional.
