El Banco Central del Ecuador (BCE) tiene en su poder 3.965 bienes -unos en arrendamiento, comodato, desocupados e incluso inmersos en procesos legales- que están valorados en 249,2 millones de dólares.
Un informe de la Dirección General Bancaria precisa que son inmuebles que fueron recibidos por la entidad bajo la modalidad de dación en pago y se encuentran administrados en forma directa y por fiducias privadas. Solo en el año anterior, el BCE vendió tres inmuebles y entregó seis más en comodato al sector público.
Los anteriores son algunos de los 8.489 bienes inmuebles que pertenecen al Estado, según el inventario que realizó la Unidad de Gestión Inmobiliaria estatal.
Ahora la Asamblea discutirá, en primer debate, el proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, que definirá el modelo de control.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el subsecretario jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta, justificó la necesidad de la ley porque “el país, en los últimos años, ha soportado una gestión deficiente, de abandono, desidia y en general caótica de los bienes inmuebles estatales”.
En esencia, el proyecto crea el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado (Inmobiliar), que administrará todos los bienes inmuebles del sector público. La norma fija un plazo de un año para que las entidades gubernamentales transfieran los bienes al nuevo organismo.
Si bien el proyecto habla de los inmuebles del sector público, también contempla algunas excepciones.
No pasarán a Inmobiliar los bienes que pertenecen al Seguro Social (IESS) y a los institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía (Isspol).
Tampoco se considerarán los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del país, los que integran el patrimonio cultural, los de las universidades estatales, los bienes de los gobiernos autónomos y los del Instituto de Desarrollo Agrario (INDA).
Un informe de la Dirección General Bancaria precisa que son inmuebles que fueron recibidos por la entidad bajo la modalidad de dación en pago y se encuentran administrados en forma directa y por fiducias privadas. Solo en el año anterior, el BCE vendió tres inmuebles y entregó seis más en comodato al sector público.
Los anteriores son algunos de los 8.489 bienes inmuebles que pertenecen al Estado, según el inventario que realizó la Unidad de Gestión Inmobiliaria estatal.
Ahora la Asamblea discutirá, en primer debate, el proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, que definirá el modelo de control.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el subsecretario jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta, justificó la necesidad de la ley porque “el país, en los últimos años, ha soportado una gestión deficiente, de abandono, desidia y en general caótica de los bienes inmuebles estatales”.
En esencia, el proyecto crea el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado (Inmobiliar), que administrará todos los bienes inmuebles del sector público. La norma fija un plazo de un año para que las entidades gubernamentales transfieran los bienes al nuevo organismo.
Si bien el proyecto habla de los inmuebles del sector público, también contempla algunas excepciones.
No pasarán a Inmobiliar los bienes que pertenecen al Seguro Social (IESS) y a los institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía (Isspol).
Tampoco se considerarán los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del país, los que integran el patrimonio cultural, los de las universidades estatales, los bienes de los gobiernos autónomos y los del Instituto de Desarrollo Agrario (INDA).
