Miembros del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, solicitaron hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) protección ante amenazas y explosivos enterrados en su territorio por la petrolera argentina Compañía General de Combustible (CGC), a cuya presencia se oponen.
El presidente de la comunidad de Sarayaku, Holger Cisneros, declaró hoy que se sienten "amenazados porque no se han retirado los explosivos" y esperó lograr ante la CorteIDH "buenos resultados".
Este tribunal interamericano, con sede en Costa Rica, emitió en 2005 una resolución sobre medidas provisionales en la que ordenó al Estado ecuatoriano proteger la vida y garantizar la libre circulación de los indígenas, retirar los explosivos enterrados e investigar presuntos actos de intimidación hacia los indígenas debido a su oposición a la empresa.
Este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, donde se analiza la posibilidad de elevarlo a juicio ante la Corte.
Mientras tanto, las víctimas tienen la posibilidad de solicitar a ambas instancias medidas provisionales de protección, como sucedió en este caso.
Cisneros comentó que las autoridades sólo han retirado unos 14 kilos de explosivos de los "miles" que se hallan en la zona indígena considerada como sagrada y en la que habitan unas 1 500 personas distribuidas en cinco pueblos.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a los demandantes, todo empezó en 1996 cuando el Gobierno de Ecuador firmó un contrato con la empresa privada argentina CGC para la exploración y explotación petrolera, el cual sigue vigente.
Este acuerdo, según la denuncia, abarca una superficie de 200 000 hectáreas de tierra llamada Bloque 23, en la provincia de Pastaza, del cual el 65% comprende el territorio ancestral de Sarayaku.
El pueblo ha ejercido una fuerte oposición para impedir el ingreso de la petrolero a su territorio ancestral, utilizado por los indígenas para cazar, pescar y realizar labores agrícolas.
Según la CIDH, la empresa ha destruido con detonaciones de explosivos, bosques, fuentes de agua, cuevas, ríos subterráneos y sitios sagrados para la comunidad.
Además, señala que la colocación de explosivos en áreas tradicionales de caza ha impedido la búsqueda de alimentos para los habitantes del territorio, por lo que ha disminuido su capacidad de procurarse la subsistencia.
"En consecuencia, se ha afectado el derecho al uso y goce de su territorio ancestral al pueblo indígena de Sarayaku", señaló la CIDH.
Después de la audiencia de hoy, en la que la CorteIDH escuchará a representantes indígenas y del Estado, se espera que los jueces emitan una resolución en la que reitere a Ecuador la necesidad de aplicar las medidas ya dictadas. (EFE)
El presidente de la comunidad de Sarayaku, Holger Cisneros, declaró hoy que se sienten "amenazados porque no se han retirado los explosivos" y esperó lograr ante la CorteIDH "buenos resultados".
Este tribunal interamericano, con sede en Costa Rica, emitió en 2005 una resolución sobre medidas provisionales en la que ordenó al Estado ecuatoriano proteger la vida y garantizar la libre circulación de los indígenas, retirar los explosivos enterrados e investigar presuntos actos de intimidación hacia los indígenas debido a su oposición a la empresa.
Este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, donde se analiza la posibilidad de elevarlo a juicio ante la Corte.
Mientras tanto, las víctimas tienen la posibilidad de solicitar a ambas instancias medidas provisionales de protección, como sucedió en este caso.
Cisneros comentó que las autoridades sólo han retirado unos 14 kilos de explosivos de los "miles" que se hallan en la zona indígena considerada como sagrada y en la que habitan unas 1 500 personas distribuidas en cinco pueblos.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a los demandantes, todo empezó en 1996 cuando el Gobierno de Ecuador firmó un contrato con la empresa privada argentina CGC para la exploración y explotación petrolera, el cual sigue vigente.
Este acuerdo, según la denuncia, abarca una superficie de 200 000 hectáreas de tierra llamada Bloque 23, en la provincia de Pastaza, del cual el 65% comprende el territorio ancestral de Sarayaku.
El pueblo ha ejercido una fuerte oposición para impedir el ingreso de la petrolero a su territorio ancestral, utilizado por los indígenas para cazar, pescar y realizar labores agrícolas.
Según la CIDH, la empresa ha destruido con detonaciones de explosivos, bosques, fuentes de agua, cuevas, ríos subterráneos y sitios sagrados para la comunidad.
Además, señala que la colocación de explosivos en áreas tradicionales de caza ha impedido la búsqueda de alimentos para los habitantes del territorio, por lo que ha disminuido su capacidad de procurarse la subsistencia.
"En consecuencia, se ha afectado el derecho al uso y goce de su territorio ancestral al pueblo indígena de Sarayaku", señaló la CIDH.
Después de la audiencia de hoy, en la que la CorteIDH escuchará a representantes indígenas y del Estado, se espera que los jueces emitan una resolución en la que reitere a Ecuador la necesidad de aplicar las medidas ya dictadas. (EFE)
