El fiscal general, Washington Pesántez no ordenaba, hasta ayer, el inicio de una indagación previa sobre la denuncia presentada por Chevron sobre un intento de soborno en el que supuestamente estarían involucrados el juez de la causa, Juan Núñez, el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y varias personas que se habrían identificado como dirigentes de Alianza País (AP).
Según información extraoficial, la denuncia llegó a la Oficina de Archivo y fue remitida a Pesántez a las 11:00 del 31 de agosto, y desde ese instante hasta las 15:00 de ayer no había disposición para que inicien las investigaciones.
El juez cuestionado, Juan Núñez, negó ayer que haya recibido dinero por fallar a favor de la comunidad que entabló un juicio por remediación ambiental en contra de la compañía Chevron-Texaco. Además, dijo que en el video en que aparece corresponde a una reunión que tuvo con Servio Tulio Ávila Cartagena, ex funcionario del Registro de la Propiedad, quien le pidió orientación para reintegrarse al puesto y que le presentó, luego de esa cita, a un extranjero para que le explique cómo son los juicios de remediación ambiental. Esa persona -según el juez- le habría manifestado que deseaba trabajar como perito en el caso de Chevron-Texaco.
Asimismo, dijo que no habló del juicio contra Chevron, ni hizo pronunciamiento alguno en torno a la sentencia ni su contenido, y precisó que Chevron trataba de inducirlo al cometimiento de un delito, y al no conseguirlo, ahora quieren desacreditarlo e impedir que continúe con el proceso.
Respecto a la sentencia, Núñez dijo que la emitirá máximo hasta enero de 2010. Tampoco descartó iniciar acciones legales contra la petrolera. Expresó que la última diligencia solicitada por la petrolera fue un peritaje y que no se realizó porque los peticionarios no quisieron pagar a los peritos.
otra instancia. La Procuraduría afirmo ayer que la traducción de los videos de los supuestos sobornos es "engañosa" e instó a la firma a entregarle sus pruebas.
"En algunas ocasiones la traducción por parte de Chevron del inglés a español es mala y, en otras ocasiones, engañosa", señala el comunicado de la Procuradoría, emitido en inglés y que fue distribuido por la embajada del Ecuador en Washington.
En tanto, el titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, manifestó que se iniciará una investigación.
De su parte, Chevron afirmó que no pagará los $27 000 millones de indemnización si pierde el juicio.
Caso sigue 'vivo', aunque separen al juez de la causa
El juicio contra la petrolera Chevron-Texaco por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana debe seguir su curso, a pesar de la denuncia de un supuesto "complot de soborno" entre el Gobierno del Ecuador y el juez de la causa, Juan Núñez. Así lo indicó el abogado penalista Luis Yugcha.
El jurista señaló que, aunque la petrolera hubiese entregado pruebas de un presunto acuerdo entre varios funcionarios del Gobierno y el juez para emitir un fallo contra Chevron a fin de repartirse parte de la multa, el juicio no se detendría. "Desde el punto de vista legal, está más que justificada la indemnización que tiene que reconocer la petrolera a los habitantes de la amazonía ecuatoriana", señaló.
Ante la acusación de Chevron, la coalición Amazon Defense que representa a los demandantes, planteó la posibilidad de que la petrolera hubiera inducido la trama de soborno para resultar beneficiada en el juicio.
Ante eso, el abogado Mauricio Suárez explicó que el caso debe ser analizado por el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, quien tiene que "velar por un proceso limpio". Además, el caso debe ser estudiado por el Consejo de la Judicatura, ínstancia a la que le corresponde abrir un expediente para levantar la investigación respectiva.
"Si las denuncias son comprobadas, el juez debería ser retirado de la causa, toda vez que al tener un interés de por medio por cobrar dinero para favorecer una de las partes, no sería la persona adecuada para emitir una sentencia", añadió el jurista consultado quien se mostró partidario de que el juicio pase a manos de otro juez, para que no haya ninguna controversia en el fallo, el cual está a poco tiempo de salir.
Según Suárez, de comprobarse la denuncia presentada por la compañía Chevron, el Consejo de la Judicatura tendría que sancionar y destituir a Núñez, y efectuar un nuevo sorteo del caso. "Este juicio se encuentra en un punto álgido y hay que ver las partes, las excepciones formuladas de Chevron, la demanda del Ecuador y determinar si tiene derecho de cobrar los valores que se contemplan en ella", concluyó.
En sede de AP dicen no conocer a los implicados
La central del Movimiento Alianza País (AP), en Quito estuvo ayer concurrida. En el lugar había miembros de esa organización política y periodistas que trataban de conversar con los implicados en el supuesto supuesto "complot de sobornos" que denunció la petrolera Chevron.
Algunos militantes que se hallaban en en la sede del movimiento oficialista, informaron que los ciudadanos Carlos Patricio García Ortega, Aulo Gelio Servio ´Tulio Avila Cartagena, Pablo Almeida, Rubén Darío Miranda Martínez y Diego Fernando Borja Sánchez, se habían desafiliado hace tiempo.
A su vez, en la Secretaría de AP indicaron que probablemente los supuestos implicados en el escándalo estuvieron afiliados en la época en que ese movimiento se empezó a formar con el nombre de Socio País, en el año 2006. "Pero la lista de afiliados de ese entonces se encuentra bajo llave, nadie puede tenerla", según indicaron.
No obstante, se conoció que aparentemente Carlos Patricio García Ortega fue coordinador político de la organización, en esa época, y que Rubén Darío Miranda Mosquera, habría sido su asistente.
Ambos, según la denuncia de la petrolera, constan como participantes en las supuestas negociaciones para fallar en contra de Chevron a fin de que la empresa pague varias decenas de millones de dólares en remediación ambiental.
HOY buscó a todos los mencionados en la denuncia de la petrolera, pero hasta la tarde de ayer no fue posible localizarlos. En la búsqueda trascendió que algunos de ellos estaban dispuestos a hablar con un solo medio de comunicación.
Entre tanto, Charles James, vicepresidente ejecutivo de Chevron, anunció que pedirá la descalificación del juez que lleva la causa, Juan Núñez y que se anulen las diligencias que él llevó adelante. Además pedirá a las autoridades una "investigación exhaustiva" del asunto.
Sobre el tema se pronunció el vicepresidente Lenin Moreno, quien desestimó la denuncia de la compañía.
Mientras, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, negó que en los videos se observe a representantes o conocidos del juez o del Gobierno y señaló que será la Fiscalía quien tendrá que analizar la grabación. (MING)
Cronología del caso
El 3 de noviembre de 1993 los abogados Steve Donziger y Cristóbal Bonifaz, en representación de 76 denunciantes ecuatorianos, entablaron una demanda contra Texaco, en Nueva York, por contaminación en la zona de concesión de la petrolera.
En 1995 el Ministerio de Energía, Petroecuador y Texaco firmaron un contrato de remediación ambiental. Según ello, Texaco remediaría la zona de forma proporcional a su participación en el ex consorcio CEPE-TEXACO (37,5%) y la petrolera estatal se encargaría del 62,5%.
En 1998 el programa de remediación en la zona, en las provincias de Orellana y Sucumbios, concluyó. El Gobierno habría expresado su satisfacción por los trabajos realizados.
El 30 de mayo de 2001 el juez Jed Rakoff, del Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, desestimó las demandas contra Texaco.
El 16 de agosto de 2002, los demandantes apelaron y fracasaron nuevamente. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos confirmó el fallo.
En mayo de 2003, y luego del fracaso del año anterior, los abogados de los demandantes interpusieron una demanda judicial contra Chevron, propietaria de Texaco, en la Corte Superior de Nueva Loja.
En agosto de 2004 inicia la primera fase del juicio. Los abogados de ambas partes acordaron llevar a cabo 122 inspecciones judiciales a diversos pozos y estaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El 1. de febrero de 2006 culminó el primer informe pericial del pozo Sacha-53, que fue presentado por cinco peritos independientes de la Corte Superior de Nueva Loja. Se confirmó que la labor de remediación de Texaco cumplió con las normas legales.
En agosto de 2006 el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Germán Yánez, aceptó la renuncia a 64 inspecciones judiciales por parte de los demandantes. Se cumplió con la tercera parte de las pruebas que se solicitaron.
En junio de 2007 Chevron impugnó ante la Corte el nombramiento de Richard Cabrera como perito único para la Fase 2 o Inspección Global alegando que la resolución viola la orden dictada por la Corte en el 2003 donde se establecería que el nombramiento de los peritos debía ser realizado por el mismo grupo de expertos que condujeron las inspecciones en la primera fase.
En julio de 2007 se inicia la Fase II del juicio, al mando del perito Richard Cabrera.
El 1 de abril de 2008 el perito Richard Cabrera presentó su informe en la Corte Superior de Nueva Loja sobre la Fase II del proceso. Chevron solicitó a la Corte suprimir el informe del perito del historial del caso por considerarlo un documento "carente de sustento". En este documento Cabrera indicaba que las indemnizaciones por el daño ambiental a las comunidades era de $16 000 millones.
El 13 de junio de 2008 se llevó a cabo la inspección judicial al pozo Aguarico-2. Esta fue la inspección judicial número 48. Hasta el momento no se han realizado más inspecciones. Quedan unas 10 inspecciones pendientes dentro del proceso.
El 15 de septiembre de 2008, Chevron presentó la contestación al informe del perito Cabrera. La empresa mencionó que, a su criterio, el encargado manipuló y alteró hallazgos para justificar conclusiones falsas, incluyendo fotos con fechas anteriores a la verdadera.
En septiembre de 2008 el juez Juan Núñez se hizo cargo del caso al asumir la Presidencia de la Corte provincial de Sucumbíos. Es el cuarto juez en llevar el caso desde que inició el juicio en 2003.
En noviembre de 2008 se entregó un segundo informe donde se calcula que las indemnizaciones por el daño ambiental a las comunidades deberá pasar de $16 mil millones a $27 000 millones.
En mayo de 2009 concluyeron las inspecciones judiciales como parte del proceso sin que hasta el momento se hayan entregado resultados de las mismas.(Hoy)
Según información extraoficial, la denuncia llegó a la Oficina de Archivo y fue remitida a Pesántez a las 11:00 del 31 de agosto, y desde ese instante hasta las 15:00 de ayer no había disposición para que inicien las investigaciones.
El juez cuestionado, Juan Núñez, negó ayer que haya recibido dinero por fallar a favor de la comunidad que entabló un juicio por remediación ambiental en contra de la compañía Chevron-Texaco. Además, dijo que en el video en que aparece corresponde a una reunión que tuvo con Servio Tulio Ávila Cartagena, ex funcionario del Registro de la Propiedad, quien le pidió orientación para reintegrarse al puesto y que le presentó, luego de esa cita, a un extranjero para que le explique cómo son los juicios de remediación ambiental. Esa persona -según el juez- le habría manifestado que deseaba trabajar como perito en el caso de Chevron-Texaco.
Asimismo, dijo que no habló del juicio contra Chevron, ni hizo pronunciamiento alguno en torno a la sentencia ni su contenido, y precisó que Chevron trataba de inducirlo al cometimiento de un delito, y al no conseguirlo, ahora quieren desacreditarlo e impedir que continúe con el proceso.
Respecto a la sentencia, Núñez dijo que la emitirá máximo hasta enero de 2010. Tampoco descartó iniciar acciones legales contra la petrolera. Expresó que la última diligencia solicitada por la petrolera fue un peritaje y que no se realizó porque los peticionarios no quisieron pagar a los peritos.
otra instancia. La Procuraduría afirmo ayer que la traducción de los videos de los supuestos sobornos es "engañosa" e instó a la firma a entregarle sus pruebas.
"En algunas ocasiones la traducción por parte de Chevron del inglés a español es mala y, en otras ocasiones, engañosa", señala el comunicado de la Procuradoría, emitido en inglés y que fue distribuido por la embajada del Ecuador en Washington.
En tanto, el titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, manifestó que se iniciará una investigación.
De su parte, Chevron afirmó que no pagará los $27 000 millones de indemnización si pierde el juicio.
Caso sigue 'vivo', aunque separen al juez de la causa
El juicio contra la petrolera Chevron-Texaco por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana debe seguir su curso, a pesar de la denuncia de un supuesto "complot de soborno" entre el Gobierno del Ecuador y el juez de la causa, Juan Núñez. Así lo indicó el abogado penalista Luis Yugcha.
El jurista señaló que, aunque la petrolera hubiese entregado pruebas de un presunto acuerdo entre varios funcionarios del Gobierno y el juez para emitir un fallo contra Chevron a fin de repartirse parte de la multa, el juicio no se detendría. "Desde el punto de vista legal, está más que justificada la indemnización que tiene que reconocer la petrolera a los habitantes de la amazonía ecuatoriana", señaló.
Ante la acusación de Chevron, la coalición Amazon Defense que representa a los demandantes, planteó la posibilidad de que la petrolera hubiera inducido la trama de soborno para resultar beneficiada en el juicio.
Ante eso, el abogado Mauricio Suárez explicó que el caso debe ser analizado por el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, quien tiene que "velar por un proceso limpio". Además, el caso debe ser estudiado por el Consejo de la Judicatura, ínstancia a la que le corresponde abrir un expediente para levantar la investigación respectiva.
"Si las denuncias son comprobadas, el juez debería ser retirado de la causa, toda vez que al tener un interés de por medio por cobrar dinero para favorecer una de las partes, no sería la persona adecuada para emitir una sentencia", añadió el jurista consultado quien se mostró partidario de que el juicio pase a manos de otro juez, para que no haya ninguna controversia en el fallo, el cual está a poco tiempo de salir.
Según Suárez, de comprobarse la denuncia presentada por la compañía Chevron, el Consejo de la Judicatura tendría que sancionar y destituir a Núñez, y efectuar un nuevo sorteo del caso. "Este juicio se encuentra en un punto álgido y hay que ver las partes, las excepciones formuladas de Chevron, la demanda del Ecuador y determinar si tiene derecho de cobrar los valores que se contemplan en ella", concluyó.
En sede de AP dicen no conocer a los implicados
La central del Movimiento Alianza País (AP), en Quito estuvo ayer concurrida. En el lugar había miembros de esa organización política y periodistas que trataban de conversar con los implicados en el supuesto supuesto "complot de sobornos" que denunció la petrolera Chevron.
Algunos militantes que se hallaban en en la sede del movimiento oficialista, informaron que los ciudadanos Carlos Patricio García Ortega, Aulo Gelio Servio ´Tulio Avila Cartagena, Pablo Almeida, Rubén Darío Miranda Martínez y Diego Fernando Borja Sánchez, se habían desafiliado hace tiempo.
A su vez, en la Secretaría de AP indicaron que probablemente los supuestos implicados en el escándalo estuvieron afiliados en la época en que ese movimiento se empezó a formar con el nombre de Socio País, en el año 2006. "Pero la lista de afiliados de ese entonces se encuentra bajo llave, nadie puede tenerla", según indicaron.
No obstante, se conoció que aparentemente Carlos Patricio García Ortega fue coordinador político de la organización, en esa época, y que Rubén Darío Miranda Mosquera, habría sido su asistente.
Ambos, según la denuncia de la petrolera, constan como participantes en las supuestas negociaciones para fallar en contra de Chevron a fin de que la empresa pague varias decenas de millones de dólares en remediación ambiental.
HOY buscó a todos los mencionados en la denuncia de la petrolera, pero hasta la tarde de ayer no fue posible localizarlos. En la búsqueda trascendió que algunos de ellos estaban dispuestos a hablar con un solo medio de comunicación.
Entre tanto, Charles James, vicepresidente ejecutivo de Chevron, anunció que pedirá la descalificación del juez que lleva la causa, Juan Núñez y que se anulen las diligencias que él llevó adelante. Además pedirá a las autoridades una "investigación exhaustiva" del asunto.
Sobre el tema se pronunció el vicepresidente Lenin Moreno, quien desestimó la denuncia de la compañía.
Mientras, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, negó que en los videos se observe a representantes o conocidos del juez o del Gobierno y señaló que será la Fiscalía quien tendrá que analizar la grabación. (MING)
Cronología del caso
El 3 de noviembre de 1993 los abogados Steve Donziger y Cristóbal Bonifaz, en representación de 76 denunciantes ecuatorianos, entablaron una demanda contra Texaco, en Nueva York, por contaminación en la zona de concesión de la petrolera.
En 1995 el Ministerio de Energía, Petroecuador y Texaco firmaron un contrato de remediación ambiental. Según ello, Texaco remediaría la zona de forma proporcional a su participación en el ex consorcio CEPE-TEXACO (37,5%) y la petrolera estatal se encargaría del 62,5%.
En 1998 el programa de remediación en la zona, en las provincias de Orellana y Sucumbios, concluyó. El Gobierno habría expresado su satisfacción por los trabajos realizados.
El 30 de mayo de 2001 el juez Jed Rakoff, del Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York, desestimó las demandas contra Texaco.
El 16 de agosto de 2002, los demandantes apelaron y fracasaron nuevamente. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos confirmó el fallo.
En mayo de 2003, y luego del fracaso del año anterior, los abogados de los demandantes interpusieron una demanda judicial contra Chevron, propietaria de Texaco, en la Corte Superior de Nueva Loja.
En agosto de 2004 inicia la primera fase del juicio. Los abogados de ambas partes acordaron llevar a cabo 122 inspecciones judiciales a diversos pozos y estaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El 1. de febrero de 2006 culminó el primer informe pericial del pozo Sacha-53, que fue presentado por cinco peritos independientes de la Corte Superior de Nueva Loja. Se confirmó que la labor de remediación de Texaco cumplió con las normas legales.
En agosto de 2006 el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Germán Yánez, aceptó la renuncia a 64 inspecciones judiciales por parte de los demandantes. Se cumplió con la tercera parte de las pruebas que se solicitaron.
En junio de 2007 Chevron impugnó ante la Corte el nombramiento de Richard Cabrera como perito único para la Fase 2 o Inspección Global alegando que la resolución viola la orden dictada por la Corte en el 2003 donde se establecería que el nombramiento de los peritos debía ser realizado por el mismo grupo de expertos que condujeron las inspecciones en la primera fase.
En julio de 2007 se inicia la Fase II del juicio, al mando del perito Richard Cabrera.
El 1 de abril de 2008 el perito Richard Cabrera presentó su informe en la Corte Superior de Nueva Loja sobre la Fase II del proceso. Chevron solicitó a la Corte suprimir el informe del perito del historial del caso por considerarlo un documento "carente de sustento". En este documento Cabrera indicaba que las indemnizaciones por el daño ambiental a las comunidades era de $16 000 millones.
El 13 de junio de 2008 se llevó a cabo la inspección judicial al pozo Aguarico-2. Esta fue la inspección judicial número 48. Hasta el momento no se han realizado más inspecciones. Quedan unas 10 inspecciones pendientes dentro del proceso.
El 15 de septiembre de 2008, Chevron presentó la contestación al informe del perito Cabrera. La empresa mencionó que, a su criterio, el encargado manipuló y alteró hallazgos para justificar conclusiones falsas, incluyendo fotos con fechas anteriores a la verdadera.
En septiembre de 2008 el juez Juan Núñez se hizo cargo del caso al asumir la Presidencia de la Corte provincial de Sucumbíos. Es el cuarto juez en llevar el caso desde que inició el juicio en 2003.
En noviembre de 2008 se entregó un segundo informe donde se calcula que las indemnizaciones por el daño ambiental a las comunidades deberá pasar de $16 mil millones a $27 000 millones.
En mayo de 2009 concluyeron las inspecciones judiciales como parte del proceso sin que hasta el momento se hayan entregado resultados de las mismas.(Hoy)
