El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, rechazó hoy la violación del derecho a la intimidad de las personas que se ha producido en recientes grabaciones clandestinas presentadas en los medios de comunicación locales.
"Es inaceptable que, a nombre de que seamos funcionarios públicos, nos puedan violentar nuestras vidas privadas, nuestras oficinas y grabarnos (clandestinamente), incluido en el despacho presidencial", declaró Carvajal.
El ministro se refirió al último escándalo mediático en el que, Fernando Balda, del partido opositor Sociedad Patriótica, llevó al canal Teleamazonas una grabación realizada en el despacho del presidente Rafael Correa, en la que se recoge una conversación sobre el texto de la nueva Constitución, aprobada en septiembre de 2008.
Según el Gobierno, la difusión de esa grabación vulnera la ley de radiodifusión que prohíbe a los medios de comunicación transmitir grabaciones clandestinas sin el consentimiento de las personas que participen en esas reproducciones.
Por esa razón, Correa pidió el pasado sábado la clausura de Teleamazonas, además de que el Ejecutivo presentó ante la Fiscalía una denuncia y pidió prisión preventiva contra Balda.
"No puede ser que con un argumento de que tenemos un ejercicio público se pueda justificar una grosera violentación de los derechos de las personas a tener su intimidad, sean funcionarios públicos o no", protestó el funcionario.
Apuntó a que la grabación dentro del despacho presidencial "afecta hasta a la seguridad nacional" y calificó el acto como "inadmisible", que "no tiene justificación alguna".
Asimismo, explicó que los supuestos cambios al texto de la Constitución que se pretendían denunciar con la grabación fue un tema que "ya se sacó hace un año", antes de la aprobación en referendo de la nueva Carta Magna.
Agregó que entonces se pusieron a disposición pública todos los documentos para demostrar que fue "una artimaña" de la oposición.
Para Carvajal, el "tema de fondo" del caso "es la falta de ética de quienes utilizan todos los instrumentos, vulnerando los derechos de las personas y la seguridad nacional, para obtener notoriedad política".
Por otra parte, Carvajal se refirió a las denuncias de la petrolera estadounidense Chevron, también basadas en vídeos clandestinos, sobre un presunto soborno al juez que lleva el caso en su contra por supuesto daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
La empresa apuntó a la implicación del Gobierno y del partido oficialista Alianza País en el intento de influenciar en la sentencia del juez, lo que fue calificado por el Ejecutivo como un intento de la empresa por desviar la atención ante la posibilidad de un fallo desfavorable a sus intereses.
"La preocupación en este caso de Chevron es que enseguida se comienza a deslegitimar a la Justicia ecuatoriana, ese es el argumento, que la Justicia ecuatoriana no brinda garantías", afirmó Carvajal.
"Es inaceptable que, a nombre de que seamos funcionarios públicos, nos puedan violentar nuestras vidas privadas, nuestras oficinas y grabarnos (clandestinamente), incluido en el despacho presidencial", declaró Carvajal.
El ministro se refirió al último escándalo mediático en el que, Fernando Balda, del partido opositor Sociedad Patriótica, llevó al canal Teleamazonas una grabación realizada en el despacho del presidente Rafael Correa, en la que se recoge una conversación sobre el texto de la nueva Constitución, aprobada en septiembre de 2008.
Según el Gobierno, la difusión de esa grabación vulnera la ley de radiodifusión que prohíbe a los medios de comunicación transmitir grabaciones clandestinas sin el consentimiento de las personas que participen en esas reproducciones.
Por esa razón, Correa pidió el pasado sábado la clausura de Teleamazonas, además de que el Ejecutivo presentó ante la Fiscalía una denuncia y pidió prisión preventiva contra Balda.
"No puede ser que con un argumento de que tenemos un ejercicio público se pueda justificar una grosera violentación de los derechos de las personas a tener su intimidad, sean funcionarios públicos o no", protestó el funcionario.
Apuntó a que la grabación dentro del despacho presidencial "afecta hasta a la seguridad nacional" y calificó el acto como "inadmisible", que "no tiene justificación alguna".
Asimismo, explicó que los supuestos cambios al texto de la Constitución que se pretendían denunciar con la grabación fue un tema que "ya se sacó hace un año", antes de la aprobación en referendo de la nueva Carta Magna.
Agregó que entonces se pusieron a disposición pública todos los documentos para demostrar que fue "una artimaña" de la oposición.
Para Carvajal, el "tema de fondo" del caso "es la falta de ética de quienes utilizan todos los instrumentos, vulnerando los derechos de las personas y la seguridad nacional, para obtener notoriedad política".
Por otra parte, Carvajal se refirió a las denuncias de la petrolera estadounidense Chevron, también basadas en vídeos clandestinos, sobre un presunto soborno al juez que lleva el caso en su contra por supuesto daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
La empresa apuntó a la implicación del Gobierno y del partido oficialista Alianza País en el intento de influenciar en la sentencia del juez, lo que fue calificado por el Ejecutivo como un intento de la empresa por desviar la atención ante la posibilidad de un fallo desfavorable a sus intereses.
"La preocupación en este caso de Chevron es que enseguida se comienza a deslegitimar a la Justicia ecuatoriana, ese es el argumento, que la Justicia ecuatoriana no brinda garantías", afirmó Carvajal.
