La antojadiza interpretación de la Chevron que considera que existe una injerencia del régimen y politización de la justicia, es una grosera y abusiva intromisión en la justicia ecuatoriana, dijo el Fiscal General del Estado, doctor Washington Pesántez Muñoz, dando por terminada la controversia desatada por la petrolera norteamericana.
Represento al Estado ecuatoriano y no a su gobierno y actúo en defensa de la sociedad. Más allá de la ilegal procedencia de las grabaciones, decidí iniciar las investigaciones pertinentes y pedí al juez que conoce la causa que se excuse para evitar dilatorias en un juicio que dura más de dieciséis años. La Corte tomará las decisiones que independientemente le competen; la Fiscalía, por su parte, actuará diligentemente y no caerá en las artimañas que la Chevron presuntamente está creando.
Igualmente, el pedido del Fiscal al Procurador del Estado para que inicie, a nombre del Ecuador, acciones de la justicia norteamericana en contra de Chevron por auspiciar posibles actos de corrupción, es una medida legítima y necesaria para buscar una sanción –en su país, los Estados Unidos- para una empresa que, además de rehuir su obligación de reparar los incuantificables daños causados al ecosistema amazónico y a su población atacada por enfermedades como el cáncer, se vale de acciones irregulares creando agentes provocadores para delinquir.
La justicia ecuatoriana actuará respetando el debido proceso y la Fiscalía coincide con el editorial de uno de los medios escritos publicados en Quito, que es deber de las autoridades velar porque ninguna escaramuza legal (supuesta o real) impida que se llegue a la verdad y se haga justicia.
El juicio por los daños irreversibles causados a gran parte de la Amazonía por la mala práctica petrolera llevada a cabo por Texaco, actual Chevron, se ha conducido bajo las normas del debido proceso y las maniobras dilatorias de la empresa norteamericana evidencian el propósito de desgastar a los mandantes y evitar posibles sanciones para remediar.
Represento al Estado ecuatoriano y no a su gobierno y actúo en defensa de la sociedad. Más allá de la ilegal procedencia de las grabaciones, decidí iniciar las investigaciones pertinentes y pedí al juez que conoce la causa que se excuse para evitar dilatorias en un juicio que dura más de dieciséis años. La Corte tomará las decisiones que independientemente le competen; la Fiscalía, por su parte, actuará diligentemente y no caerá en las artimañas que la Chevron presuntamente está creando.
Igualmente, el pedido del Fiscal al Procurador del Estado para que inicie, a nombre del Ecuador, acciones de la justicia norteamericana en contra de Chevron por auspiciar posibles actos de corrupción, es una medida legítima y necesaria para buscar una sanción –en su país, los Estados Unidos- para una empresa que, además de rehuir su obligación de reparar los incuantificables daños causados al ecosistema amazónico y a su población atacada por enfermedades como el cáncer, se vale de acciones irregulares creando agentes provocadores para delinquir.
La justicia ecuatoriana actuará respetando el debido proceso y la Fiscalía coincide con el editorial de uno de los medios escritos publicados en Quito, que es deber de las autoridades velar porque ninguna escaramuza legal (supuesta o real) impida que se llegue a la verdad y se haga justicia.
El juicio por los daños irreversibles causados a gran parte de la Amazonía por la mala práctica petrolera llevada a cabo por Texaco, actual Chevron, se ha conducido bajo las normas del debido proceso y las maniobras dilatorias de la empresa norteamericana evidencian el propósito de desgastar a los mandantes y evitar posibles sanciones para remediar.
