El proyecto de Ley de Comunicación de AP, presentado por Rolando Panchana, plantea en sus artículos 41 y 42 la creación de un Consejo Nacional de Comunicación para articular las relaciones entre el Estado y la sociedad en la elaboración y desarrollo de planes públicos de comunicación. Aun así, varios analistas dicen que esto sirve para que el Estado regule y controle a los medios de comunicación.
La crítica de varios expertos va enfocada a que esta instancia estará integrada por ocho delegados -en su mayoría- afines al Ejecutivo: un delegado del presidente de la República (quien lo presidirá y tendrá voto dirimente), un delegado de las facultades de Comunicación Social cuya elección será regulada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un delegado de los comunicadores agrupados en gremios elegidos por el CNE, un delegado del ministerio de Educación, otro de la Asamblea, y tres representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana o Quinto Poder.
El politólogo León Espinosa, y el periodista de Diario Expreso, Juan Carlos Calderón consideran "imprescindible" que este Consejo tenga una amplia participación ciudadana y plural, además piden que conozcan a fondo de tema periodístico y que su consigna de acción no sea el control de contenidos de los medios.
Espinosa también considera que dentro de la conformación del Consejo de Comunicación podría haber un control del Ejecutivo, siempre y cuando "exista manipulación o interpretación tendenciosa" de los reglamentos para la designación de algunos de sus miembros, con lo que el Ejecutivo controlaría las decisiones de este organismo para sancionar a discreción los errores y los supuestos "abusos" de la prensa.
Juan Carlos Calderón reconoció que en los medios se cometen errores y que estos deben ser regulados sobre la base de un código de ética. "El espíritu de esta ley es punitiva, se trata a los periodistas como a delincuentes, a los que hay que aconsejarles, aplicarles controles, veedurias, etc.", enfatizó el gerente regional de diario Expreso.
El sociólogo Santiago Basabe dice que si este tema es manejado de una forma política e ideologizada, no se puede descartar un riesgo en el manejo de la comunicación. "Si pudiéramos hablar de otro tipo de Gobierno con el cual estuviésemos seguros que estas libertades están garantizadas, yo no le veo inconvenientes, pero lamentablemente en este Régimen se han dado muestras de que no le interesa que exista una voz viva de la oposición y eso torna peligroso", expresó Basabe. Una clara muestra de ello, dijo, es la forma en el manejo de los medios públicos, donde evidentemente hay una línea que no es del Estado, sino del Gobierno. Desde esa perspectiva, es justo el temor de los medios, añadió.
El politólogo Teodoro Bustamante afirmó que un Gobierno que no practica una buena política de comunicación "¿cómo puede querer controlar a los medios?", se preguntó. Consideró que para mejorar la calidad de los medios es un desafío y el Gobierno podría lograrlo dando ejemplo, en lugar de imponer controles.
Además recordó que este momento el Ecuador está plagado de comités, comisiones, veedurías que en muchos casos no han dado resultado.
La crítica de varios expertos va enfocada a que esta instancia estará integrada por ocho delegados -en su mayoría- afines al Ejecutivo: un delegado del presidente de la República (quien lo presidirá y tendrá voto dirimente), un delegado de las facultades de Comunicación Social cuya elección será regulada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un delegado de los comunicadores agrupados en gremios elegidos por el CNE, un delegado del ministerio de Educación, otro de la Asamblea, y tres representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana o Quinto Poder.
El politólogo León Espinosa, y el periodista de Diario Expreso, Juan Carlos Calderón consideran "imprescindible" que este Consejo tenga una amplia participación ciudadana y plural, además piden que conozcan a fondo de tema periodístico y que su consigna de acción no sea el control de contenidos de los medios.
Espinosa también considera que dentro de la conformación del Consejo de Comunicación podría haber un control del Ejecutivo, siempre y cuando "exista manipulación o interpretación tendenciosa" de los reglamentos para la designación de algunos de sus miembros, con lo que el Ejecutivo controlaría las decisiones de este organismo para sancionar a discreción los errores y los supuestos "abusos" de la prensa.
Juan Carlos Calderón reconoció que en los medios se cometen errores y que estos deben ser regulados sobre la base de un código de ética. "El espíritu de esta ley es punitiva, se trata a los periodistas como a delincuentes, a los que hay que aconsejarles, aplicarles controles, veedurias, etc.", enfatizó el gerente regional de diario Expreso.
El sociólogo Santiago Basabe dice que si este tema es manejado de una forma política e ideologizada, no se puede descartar un riesgo en el manejo de la comunicación. "Si pudiéramos hablar de otro tipo de Gobierno con el cual estuviésemos seguros que estas libertades están garantizadas, yo no le veo inconvenientes, pero lamentablemente en este Régimen se han dado muestras de que no le interesa que exista una voz viva de la oposición y eso torna peligroso", expresó Basabe. Una clara muestra de ello, dijo, es la forma en el manejo de los medios públicos, donde evidentemente hay una línea que no es del Estado, sino del Gobierno. Desde esa perspectiva, es justo el temor de los medios, añadió.
El politólogo Teodoro Bustamante afirmó que un Gobierno que no practica una buena política de comunicación "¿cómo puede querer controlar a los medios?", se preguntó. Consideró que para mejorar la calidad de los medios es un desafío y el Gobierno podría lograrlo dando ejemplo, en lugar de imponer controles.
Además recordó que este momento el Ecuador está plagado de comités, comisiones, veedurías que en muchos casos no han dado resultado.
