Si se concreta la sugerencia de cierre por 90 días del canal Teleamazonas, más de 500 empleados directos perderían sus empleos de manera definitiva; otros 250 que laboran indirectamente, a través de productoras independientes, también serían afectados.
A ellos se suman proveedores, personal de limpieza y guardias, que también quedarían en el desempleo.
Así lo manifestó ayer Carlos Jijón, vicepresidente de noticias de la televisora, tras enterarse, a través de la prensa, de un informe emitido este martes por la Dirección Jurídica de la Senatel, que recomienda el cierre temporal de la estación, aunque aclaró que aún no han sido notificados oficialmente sobre la resolución.
En el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ayer indicaron que dicho documento era solo un borrador que "se había filtrado a la prensa", y que la decisión final la tomaría el organismo en una reunión prevista para esta tarde.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) habría emitido el informe en el que pide el cierre temporal del canal, bajo el argumento de que se habría violado el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, al difundir un audio entregado por el diputado alterno del PSP, Fernando Balda, de una conversación de miembros del partido Socialista con el presidente Rafael Correa, en el que hablarían de supuestos cambios en el texto de la Constitución de Montecristi.
"Si se ordena el cierre temporal del canal, puede ir la quiebra ya que se perdería el 25% de los ingresos de todo el año. Se trata de un amedrentamiento, de una persecución, no solo al canal sino a las libertades de expresión y de prensa", enfatizó Jijón, al tiempo de indicar que impugnarán la medida al no haberse cometido ninguna ilegalidad, pues en la grabación intervienen miembros del oficialismo y el propio Jefe de Estado, "por lo que no se trata de un supuesto", afirmó.
Consultado al respecto, Luis Pardo, presidente de la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR & IAB), rechazó ayer la acción contra Teleamazonas por considerar que atenta contra la libertad de prensa.
Pardo dijo que AIR investigará el caso e hizo votos por que el cierre no se concrete, tras reunirse ayer por una hora con el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado.
A ellos se suman proveedores, personal de limpieza y guardias, que también quedarían en el desempleo.
Así lo manifestó ayer Carlos Jijón, vicepresidente de noticias de la televisora, tras enterarse, a través de la prensa, de un informe emitido este martes por la Dirección Jurídica de la Senatel, que recomienda el cierre temporal de la estación, aunque aclaró que aún no han sido notificados oficialmente sobre la resolución.
En el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ayer indicaron que dicho documento era solo un borrador que "se había filtrado a la prensa", y que la decisión final la tomaría el organismo en una reunión prevista para esta tarde.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) habría emitido el informe en el que pide el cierre temporal del canal, bajo el argumento de que se habría violado el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, al difundir un audio entregado por el diputado alterno del PSP, Fernando Balda, de una conversación de miembros del partido Socialista con el presidente Rafael Correa, en el que hablarían de supuestos cambios en el texto de la Constitución de Montecristi.
"Si se ordena el cierre temporal del canal, puede ir la quiebra ya que se perdería el 25% de los ingresos de todo el año. Se trata de un amedrentamiento, de una persecución, no solo al canal sino a las libertades de expresión y de prensa", enfatizó Jijón, al tiempo de indicar que impugnarán la medida al no haberse cometido ninguna ilegalidad, pues en la grabación intervienen miembros del oficialismo y el propio Jefe de Estado, "por lo que no se trata de un supuesto", afirmó.
Consultado al respecto, Luis Pardo, presidente de la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR & IAB), rechazó ayer la acción contra Teleamazonas por considerar que atenta contra la libertad de prensa.
Pardo dijo que AIR investigará el caso e hizo votos por que el cierre no se concrete, tras reunirse ayer por una hora con el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado.
