En la Asamblea Nacional se alista un nuevo proceso de reducción de personal. Hasta el 27 de octubre, 44 empleados de la Función Legislativa que han cumplido 25 o más años de servicio podrán acogerse a la figura de "retiro voluntario con indemnización".
El administrador general de la Asamblea, Francisco Torres, aclaró que esta propuesta deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y no es obligatoria sino voluntaria.
Torres calificó a esta propuesta de "conveniente" pues a más de acogerse a la jubilación de la institución, también tendrá derecho a la jubilación del IESS.
Varios trabajadores de la Asamblea que pidieron la reserva de sus nombres advirtieron que el plan de cancelar estos puestos de nombramiento tendría la intención de que estas vacantes sean llenadas por personas del Movimiento oficialista Alianza País.
Torres negó esta posibilidad y recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las vacantes serán llenadas por concurso de oposición y méritos. El funcionario consideró que existe una "ayuda maliciosa para desestabilizar; cada semana hay comentarios que van a salir 50 o 60 empleados, pero no hay nada de eso. Nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento institucional", afirmó. Torres prefirió no comentar quiénes son los interesados en la "desestabilización".
Mientras tanto, Pablo Vásquez, presidente de la Asociación de Servidores legislativos, también dijo que hay un grupo de unas 70 personas que pidieron acogerse al retiro voluntario. Los funcionarios que lo hagan serán indemnizados con un monto superior a los $45 mil ($1 526 por año de servicio). Para ello la Asamblea Nacional tiene un presupuesto de más de $1 870 876.
El 31 de diciembre de 2008, el ex congresillo también aplicó un proceso de "redimensionamiento de personal" y suprimió más de 1 006 partidas. Edgar Fraga, presidente de la Comisión de Defensa de los Servidores Legislativos Cesados, dijo que estos puestos habrían sido llenados con unas 300 personas de contrato. En esa ocasión, estos funcionario recibieron una indemnización de $1 000 por año de servicio. Hasta el momento se conoce que cinco de los 44 funcionarios se acogerán a la renuncia voluntaria.
El administrador general de la Asamblea, Francisco Torres, aclaró que esta propuesta deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y no es obligatoria sino voluntaria.
Torres calificó a esta propuesta de "conveniente" pues a más de acogerse a la jubilación de la institución, también tendrá derecho a la jubilación del IESS.
Varios trabajadores de la Asamblea que pidieron la reserva de sus nombres advirtieron que el plan de cancelar estos puestos de nombramiento tendría la intención de que estas vacantes sean llenadas por personas del Movimiento oficialista Alianza País.
Torres negó esta posibilidad y recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las vacantes serán llenadas por concurso de oposición y méritos. El funcionario consideró que existe una "ayuda maliciosa para desestabilizar; cada semana hay comentarios que van a salir 50 o 60 empleados, pero no hay nada de eso. Nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento institucional", afirmó. Torres prefirió no comentar quiénes son los interesados en la "desestabilización".
Mientras tanto, Pablo Vásquez, presidente de la Asociación de Servidores legislativos, también dijo que hay un grupo de unas 70 personas que pidieron acogerse al retiro voluntario. Los funcionarios que lo hagan serán indemnizados con un monto superior a los $45 mil ($1 526 por año de servicio). Para ello la Asamblea Nacional tiene un presupuesto de más de $1 870 876.
El 31 de diciembre de 2008, el ex congresillo también aplicó un proceso de "redimensionamiento de personal" y suprimió más de 1 006 partidas. Edgar Fraga, presidente de la Comisión de Defensa de los Servidores Legislativos Cesados, dijo que estos puestos habrían sido llenados con unas 300 personas de contrato. En esa ocasión, estos funcionario recibieron una indemnización de $1 000 por año de servicio. Hasta el momento se conoce que cinco de los 44 funcionarios se acogerán a la renuncia voluntaria.
