La segunda sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso la excarcelación de Jorge Hugo Reyes Torres, sentenciado, por narcotráfico, a 25 años de reclusión mayor especial.
Aunque la segunda sala declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Reyes Torres, corrigió “de oficio los errores de derecho cometidos en la sentencia condenatoria, dictada por la tercera sala de la ex Corte Superior de Justicia de Quito como tribunal de apelación”, dice la providencia emitida el jueves.
Según el documento, fue en su tiempo la quinta sala la que dictó la sentencia y la tercera la que la ratificó, después de tramitar la apelación. Pero, por los errores encontrados, tal sentencia quedó revocada.
Por eso, la Sala también anuló las medidas cautelares personales y reales dictadas contra el acusado y expidió la correspondiente boleta de excarcelación. Ayer en la tarde, en el pabellón A, del ex penal García Moreno se preparaba la liberación.
El caso se hizo público en junio de 1992, cuando Reyes Torres fue detenido por la Policía Antinarcóticos en el operativo llamado Ciclón, bajo la sospecha de dirigir una presunta red de narcotraficantes compuesta por cerca de 50 personas.
Se abrieron juicios por narcotráfico, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, conversión y transferencia de bienes, y lavado y blanqueo de dinero.
Posteriormente, Reyes Torres fue condenado a 14 años de prisión. Salió libre en el 2001, pero en noviembre del mismo año regresó a la cárcel por haber reincidido en el delito de narcotráfico. En el 2002 fue condenado a 25 años de reclusión mayor especial por decisión de la quinta sala de la ex Corte Superior de Quito.
En el 2003 la ex Corte Superior de Justicia de Quito absolvió a Jorge Hugo Reyes Torres y otros, del delito de testaferrismo. En esa oportunidad la Procuraduría y Fiscalía apelaron.
Argumentos de la Sala
La segunda sala fundamenta su decisión en que en la sentencia condenatoria, dictada por la Corte de Quito, se cometieron errores de derecho, que fueron corregidos en casación.
El principal es que para obtener la información del teléfono celular de Reyes, que se utilizó en la investigación, y para la incautación del aparato no se contó con autorización judicial.
La Sala aduce que la información debía “ser obtenida con la intervención de dos peritos y la asistencia del imputado, lo cual no consta en la sentencia que se haya realizado”.
Aunque la segunda sala declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Reyes Torres, corrigió “de oficio los errores de derecho cometidos en la sentencia condenatoria, dictada por la tercera sala de la ex Corte Superior de Justicia de Quito como tribunal de apelación”, dice la providencia emitida el jueves.
Según el documento, fue en su tiempo la quinta sala la que dictó la sentencia y la tercera la que la ratificó, después de tramitar la apelación. Pero, por los errores encontrados, tal sentencia quedó revocada.
Por eso, la Sala también anuló las medidas cautelares personales y reales dictadas contra el acusado y expidió la correspondiente boleta de excarcelación. Ayer en la tarde, en el pabellón A, del ex penal García Moreno se preparaba la liberación.
El caso se hizo público en junio de 1992, cuando Reyes Torres fue detenido por la Policía Antinarcóticos en el operativo llamado Ciclón, bajo la sospecha de dirigir una presunta red de narcotraficantes compuesta por cerca de 50 personas.
Se abrieron juicios por narcotráfico, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, conversión y transferencia de bienes, y lavado y blanqueo de dinero.
Posteriormente, Reyes Torres fue condenado a 14 años de prisión. Salió libre en el 2001, pero en noviembre del mismo año regresó a la cárcel por haber reincidido en el delito de narcotráfico. En el 2002 fue condenado a 25 años de reclusión mayor especial por decisión de la quinta sala de la ex Corte Superior de Quito.
En el 2003 la ex Corte Superior de Justicia de Quito absolvió a Jorge Hugo Reyes Torres y otros, del delito de testaferrismo. En esa oportunidad la Procuraduría y Fiscalía apelaron.
Argumentos de la Sala
La segunda sala fundamenta su decisión en que en la sentencia condenatoria, dictada por la Corte de Quito, se cometieron errores de derecho, que fueron corregidos en casación.
El principal es que para obtener la información del teléfono celular de Reyes, que se utilizó en la investigación, y para la incautación del aparato no se contó con autorización judicial.
La Sala aduce que la información debía “ser obtenida con la intervención de dos peritos y la asistencia del imputado, lo cual no consta en la sentencia que se haya realizado”.
