miércoles, 10 de junio de 2009

Nicaragua pide salvoconducto para Pizango

Nicaragua otorgó ayer asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango, acusado de promover la protesta indígena, que dejó 34 muertos el fin de semana pasado.

De acuerdo con el embajador nicaragüense en Lima, Tomás Borge, el Gobierno de Nicaragua consideró que existen las condiciones necesarias para otorgar el refugio a Pizango, máximo dirigente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).

Para Borge, Pizango es un perseguido político porque "está involucrado en una situación política de violencia, de protestas, de luchas por supuestas o reales reivindicaciones".

HOY conversó con un miembro de la Aidesep en Lima, quien manifestó que su líder permanecerá a salvo en la Embajada de Nicaragua hasta que estén listos todos sus documentos para que pueda salir del país.

Por su parte, el Gobierno de Nicaragua solicitó comprensión al Perú y pidió que le entregue salvoconducto (de salida) lo más rápido posible.

El diplomático aclaró que el Gobierno de Daniel Ortega no "tenía idea" de que el líder indígena buscaría refugio en Nicaragua y que su acogida fue autorizada por "razones humanitarias y de solidaridad".

Pizango se encuentra con orden de detención en su país, luego de que el Gobierno lo acusara de ser el responsable de los hechos de violencia en la ciudad nororiental peruana de Bagua, durante el desalojo de unos 3 000 indígenas de una carretera que estaba ocupada desde hace varias semanas y que ocasionó 34 muertos y 158 heridos.

Este conflicto causó una crisis en el Gabinete del presidente peruano Alan García.

La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, presentó su renuncia, por discrepancias con el manejo comunicacional del Gobierno en este tema. La causa principal fue el aviso publicitario gubernamental presentado desde el domingo pasado (ya retirado del aire) que culpa a los indígenas por las muertes y los acusa de extremistas; las imágenes son muy crudas, pues muestran los cuerpos de algunos de los 25 policías muertos en la acción.

Este hecho provocó la condena del Gobierno boliviano y de los grupos indígenas de Colombia y del Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la violencia del Gobierno e hizo un llamado a la comunidad internacional para sancionar a "los responsables".

En tanto que, el Gobierno de García se comprometió a esclarecer los hechos violentos del fin de semana pasado y a utilizar el diálogo para prevenir nuevos enfrentamientos.

"El Estado y el Gobierno del Perú reiteran su firme compromiso con la protección de los derechos humanos, la plena vigencia del estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo", indicó la representante peruana ante la OEA, María Zavala, en una sesión extraordinaria de la organización. (AFP-EFE-VET)