Los vistos buenos concedidos a más de 450 empleados de Petroecuador serán revisados caso por caso. Esto luego de que el Gobierno reconoció que en el proceso ‘pagaron justos por pecadores’. Los implicados fueron despedidos por pertenecer a la empresa Gaspetsa, que mantenía un convenio con la estatal para comercializar combustible para pesca artesanal.En total se solicitaron 624 vistos buenos para los accionistas de Gaspetsa empleados de Petroecuador. Esto bajo la acusación de ‘conflicto de intereses’ y aprovechamiento de información pública para beneficio particular realizada por la Secretaría de Transparencia.
Luego de más de un mes del proceso, entre impugnaciones de los empleados al Ministerio de Relaciones Laborales, audiencias de investigación y alrededor de 450 vistos buenos concedidos y el reclamo de los afectados; Petroecuador cedió con la creación de una comisión especial para reconsiderar los despidos definitivos.
Un funcionario dijo que se conformó una comisión que se encargará de revisar cada caso, porque ‘la disposición de transparencia puede adolecer de fallas’.
El órgano quedó integrado por delegados de la procuraduría de la estatal petrolera y representantes de los empleados. La comisión revisará los vistos buenos ya concedidos.
Según Diego Cano, sindicalista petrolero, serían alrededor de 450 casos. El resto de notificaciones quedaron así, unas 11 tuvieron falló a favor por parte del Ministerio de Relaciones Laborales. Otros 10 fueron restituidos, a pesar de haberles concedido el visto bueno, por presentar enfermedades catastróficas.
Casi 150 notificaciones sin resolver, estarían ‘suspendidas’ según Cano. “No alcanzaron a conceder los 624 vistos buenos porque prescribieron (venció el plazo), pero sabemos que por el momento están suspendidas”, dijo.
Los trabajadores no están conformes con el planteamiento de la comisión. “Se estableció una especie de orden de prelación para la revisión, es decir, para ver si reingresan o no se tomará en cuenta a aquellos que nunca conocieron que eran accionistas, los que demuestren que vendieron sus acciones con anterioridad o los que tuvieron una mínima participación accionaria”, indicó Cano.
Durante las audiencias de investigación estos puntos fueron la defensa de los afectados. Sin embargo, se les concedió las notificaciones. La ‘comisión’ demuestra que las autoridades se equivocaron al despedir a los trabajadores que nada tenían que ver, que nunca se aprovecharon de fondos públicos, dijo.
