El día de la sublevación policial se hizo explotar una bomba lacrimógena cerca del rostro del Primer
Mandatario.
Siete horas fueron suficientes para que el presidente Rafael Correa narrara los hechos del 30-S e
informara de éstos al fiscal que investiga el presunto delito de tentativa de asesinato, Luis Enríquez.
En esa declaración, sin embargo, no se dice una sola palabra sobre quién ordenó su liberación
desde el Hospital de la Policía.
En su informe, que fue recibido por la Fiscalía el pasado 25 de octubre de 2010, el Presidente hace
una descripción cronológica de los hechos ocurridos el 30-S y comienza por señalar que acudió al
Regimiento Quito, para solucionar una protesta laboral que respondía a la falta de información
respecto del alcance de la Ley de Servicio Público.
Agrega que jamás imaginó que lo que se fraguaba era un golpe de Estado y que posteriormente
derivó en un atentado contra su vida. Correa aclaró que jamás llegó al Regimiento Quito
predispuesto a confrontar con los manifestantes.
En este informe, el Primer Mandatario narra además que a las 16:30, la presidenta encargada de la
Asamblea Nacional, Irina Cabezas, les informó telefónicamente que los asambleístas de la
oposición, en complicidad con los policías insubordinados, exigían la amnistía para estos últimos, la
devolución al Ejecutivo del Código de Planificación y Finanzas Públicas y la revocatoria de la Ley
de Servicio Público, como única salida para dejar al Presidente en libertad.
El Primer Mandatario también narra las agresiones físicas y verbales de las que fue objeto, de su
dolencia de la rodilla derecha y los 25 puntos de sutura, con quién se reunió (sargento Ramón
Mesías) y qué conversaron, y de por qué tuvo que ser ingresado al Hospital de la Policía, en el que
luego de pasadas las horas develaron lo que efectivamente buscaban: terminar con el gobierno
legítimamente constituido, sea a través de un golpe de Estado o de la comisión de un magnicidio,
cosa que difiere mucho de una simple protesta por reivindicaciones laborales.
Mandatario.
Siete horas fueron suficientes para que el presidente Rafael Correa narrara los hechos del 30-S e
informara de éstos al fiscal que investiga el presunto delito de tentativa de asesinato, Luis Enríquez.
En esa declaración, sin embargo, no se dice una sola palabra sobre quién ordenó su liberación
desde el Hospital de la Policía.
En su informe, que fue recibido por la Fiscalía el pasado 25 de octubre de 2010, el Presidente hace
una descripción cronológica de los hechos ocurridos el 30-S y comienza por señalar que acudió al
Regimiento Quito, para solucionar una protesta laboral que respondía a la falta de información
respecto del alcance de la Ley de Servicio Público.
Agrega que jamás imaginó que lo que se fraguaba era un golpe de Estado y que posteriormente
derivó en un atentado contra su vida. Correa aclaró que jamás llegó al Regimiento Quito
predispuesto a confrontar con los manifestantes.
En este informe, el Primer Mandatario narra además que a las 16:30, la presidenta encargada de la
Asamblea Nacional, Irina Cabezas, les informó telefónicamente que los asambleístas de la
oposición, en complicidad con los policías insubordinados, exigían la amnistía para estos últimos, la
devolución al Ejecutivo del Código de Planificación y Finanzas Públicas y la revocatoria de la Ley
de Servicio Público, como única salida para dejar al Presidente en libertad.
El Primer Mandatario también narra las agresiones físicas y verbales de las que fue objeto, de su
dolencia de la rodilla derecha y los 25 puntos de sutura, con quién se reunió (sargento Ramón
Mesías) y qué conversaron, y de por qué tuvo que ser ingresado al Hospital de la Policía, en el que
luego de pasadas las horas develaron lo que efectivamente buscaban: terminar con el gobierno
legítimamente constituido, sea a través de un golpe de Estado o de la comisión de un magnicidio,
cosa que difiere mucho de una simple protesta por reivindicaciones laborales.
