El ataque que sufrió uno de los jueces que investiga los hechos del 30 se septiembre pasado, intranquilizó al Consejo de la Judicatura (CJ), órgano administrativo de la Función Judicial, que ayer decidió que los funcionarios tuvieran custodia permanente. La mañana de ayer, el presidente del CJ, Benjamín Cevallos, pidió al Ministerio del Interior que incrementara la seguridad para los judiciales.
Antes del atentado, el juez Juan Pablo Hernández y su familia eran protegidos por dos policías, de 07:00 a 19:00. Pero desde el sábado último, ellos son resguardados las 24 horas del día. Cuatro policías integran el equipo de seguridad. Dos de ellos se ubican en la parte exterior de la casa, mientras que otros dos se ubican en el interior. Un patrullero los acompaña de forma permanente en sus actividades.
El ministro de Justicia, José Serrano, no descartó que este hecho tuviera alguna relación con los procesos judiciales a cargo de Hernández, por la revuelta policial del 30-S. A su juicio, no se trató de un robo sino “de un atentado para intimidar a los jueces que llevan los casos críticos”.
Según Benjamín Cevallos, Presidente del Consejo de la Judicatura, las medidas de seguridad se extenderán para todos los funcionarios que directamente analizan este caso. No obstante, hasta ayer el juez XXI de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, no tenía custodia.
La jueza XXIII, Tania Molina, al igual que Hernández, contaba con un agente de seguridad que la acompañaba en horas laborables. Pero hace una semana le retiraron la custodia. Ella dijo que la custodia fue retirada, porque le explicaron que “el peligro (de que en su contra se cometan atentados) había disminuido”.
Actualmente, ella está sola. Luego del atentado contra Hernández, no esconde su preocupación por lo sucedido. Analiza la posibilidad de solicitar seguridad policial nuevamente.
La entidad encargada de pedir la custodia para los jueces y otras autoridades es la Judicatura. El juez Coba señaló que dicha dependencia se encarga de coordinar con la Policía si se va a incrementar el número de efectivos.
Cevallos tenía previsto visitar ayer al juez Hernández para ratificarle su respaldo. “Todo parece que es una campaña de amedrentamiento contra el sector de la justicia. Haremos todo lo necesario para proteger a los jueces que manejan este caso. Es mi obligación como jefe de la función judicial”.
El vehículo de Hernández fue trasladado anteayer, a las 21:40, a los patios de Criminalística, para ser investigado. Sus vecinos se comprometieron en ayudarlo manteniéndose alertas ante la presencia de extraños.
Los familiares del juez Hernández dijeron sentirse intranquilos. Uno de sus hermanos indicó que es la primera vez que siente una situación similar, desde que hace un año ejerce como juez.
Antes del atentado, el juez Juan Pablo Hernández y su familia eran protegidos por dos policías, de 07:00 a 19:00. Pero desde el sábado último, ellos son resguardados las 24 horas del día. Cuatro policías integran el equipo de seguridad. Dos de ellos se ubican en la parte exterior de la casa, mientras que otros dos se ubican en el interior. Un patrullero los acompaña de forma permanente en sus actividades.
El ministro de Justicia, José Serrano, no descartó que este hecho tuviera alguna relación con los procesos judiciales a cargo de Hernández, por la revuelta policial del 30-S. A su juicio, no se trató de un robo sino “de un atentado para intimidar a los jueces que llevan los casos críticos”.
Según Benjamín Cevallos, Presidente del Consejo de la Judicatura, las medidas de seguridad se extenderán para todos los funcionarios que directamente analizan este caso. No obstante, hasta ayer el juez XXI de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, no tenía custodia.
La jueza XXIII, Tania Molina, al igual que Hernández, contaba con un agente de seguridad que la acompañaba en horas laborables. Pero hace una semana le retiraron la custodia. Ella dijo que la custodia fue retirada, porque le explicaron que “el peligro (de que en su contra se cometan atentados) había disminuido”.
Actualmente, ella está sola. Luego del atentado contra Hernández, no esconde su preocupación por lo sucedido. Analiza la posibilidad de solicitar seguridad policial nuevamente.
La entidad encargada de pedir la custodia para los jueces y otras autoridades es la Judicatura. El juez Coba señaló que dicha dependencia se encarga de coordinar con la Policía si se va a incrementar el número de efectivos.
Cevallos tenía previsto visitar ayer al juez Hernández para ratificarle su respaldo. “Todo parece que es una campaña de amedrentamiento contra el sector de la justicia. Haremos todo lo necesario para proteger a los jueces que manejan este caso. Es mi obligación como jefe de la función judicial”.
El vehículo de Hernández fue trasladado anteayer, a las 21:40, a los patios de Criminalística, para ser investigado. Sus vecinos se comprometieron en ayudarlo manteniéndose alertas ante la presencia de extraños.
Los familiares del juez Hernández dijeron sentirse intranquilos. Uno de sus hermanos indicó que es la primera vez que siente una situación similar, desde que hace un año ejerce como juez.
