Para el ex fiscal General del Estado, Fernando Casares, los procesos iniciados en la Fiscalía por los hechos del pasado 30 de septiembre, día de la rebelión policial, podrían quedar nulos, ya que el proceso no estaría en manos de un juez competente.La Constitución establece varias normas para lo que es el debido proceso, el mismo que se fundamenta en que cualquier juicio debe tramitarse por un juez competente y siguiendo un procedimiento establecido en la Ley.
Casares explicó que el artículo 160 de la Constitución establece que cuando hay delitos cometidos por policías y militares deben ser juzgados por salas especializadas tanto de la Corte Nacional de Justicia, como de las Cortes Provinciales, sin embargo, el Consejo de la Judicatura (CJ), no ha integrado dichas salas. Además, "desconoce en base de qué instructivo el juicio lo siguen jueces de garantías penales".
Según el Gobierno ese día hubo el cometimiento de varios delitos encaminados a terminar el mandato del presidente Rafael Correa, sumado el magnicidio, secuestro e impedimento en el funcionamiento de la Asamblea, para el ex fiscal entre todos esos delitos hay una conexión, "porque son delitos parejos que persiguen un solo objetivo, pero se ha dividido la unidad de la causa, cuando es preciso que todo se unifique y dentro de ese proceso se haga una indagación", explicó durante una entrevista en Ecuavisa.
"El haber separado el proceso ha hecho que la Fiscalía no atienda lo fundamental que resulta la unidad ante lo cual hay el riesgo de que los derechos de los imputados puedan ser vulnerados", indicó Casares, al timpo que dijo que esto provocará que "tarde o temprano algún juez que no esté sujeto a la presión del CJ declare la nulidad del proceso, porque mientras continúe en manos de un juez que no es competente y se dicten medidas cautelaras graves, las personas podrían recurrir a instancias internacionales para que el Estado los indemnice por no seguirse los lineamientos del debido proceso".
Casares también criticó que no se haya respetado la cadena de custodia de los videos que existen sobre el ingreso del presidente Correa al Hospital de la Policía Nacional, además de la acción del Municipio de Quito al enviar, la noche del 30 de septiembre, cuadrillas de limpieza para borrar las "huellas, rastros y vestigios", ya que "las huellas que dejan las infracciones deben ser reconocidas por el fiscal y sus peritos", concluyó.
