miércoles, 10 de noviembre de 2010

Nuevo intento de juicio político contra Ministro de Defensa

Fausto Cobo (PSP) presentó ayer la documentación para abrir un juicio político contra el Ministro de Defensa, Javier Ponce, ya que según la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el funcionario debía rendir cuentas cada tres meses a la Comisión Especializada pertinente en sesión reservada, desde la publicación de la misma en 2009.

Por moción de Rolando Panchana (PAIS), el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó ayer mismo el pedido presentado por Cobo contra Ponce, por incumplimiento de funciones.

El caso fue remitido a la Comisión de Fiscalización, presidida por Silvia Salgado (Socialista), la asambleísta tendrá hasta el próximo domingo para calificarlo o no, y en caso de ser admitido se abriría el proceso de sustanciación de las pruebas.

Lourdes Tibán (PK) anunció que presentaría en la Fiscalía una denuncia contra la Ministra de Cultura, Erika Silva, y el Subsecretario de la Cancillería, Rafael Quinteros, “quienes son esposos”, para que demuestren que el informe que presentaron, en el que la Conaie, incluida Tibán, están involucrados con la CIA, es verdadero ya que afirman que “la dirigencia indígena estaría tras el golpe de Estado”. “Lo único que les pido es que tienen que demostrar”, dijo la legisladora.

Tibán también comentó que pedirá el apoyo de las demás bancadas para pedir que venga la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre independencia judicial, ya que según su testimonio “después del 30-S la justicia se ha visto empañada de una politización”.

La representante de Pachakutik sostuvo que “no hay una Fiscalía ni un Consejo de la Judicatura independientes”, por lo que es necesaria la presencia de la relatora de la ONU para que presente un informe sobre lo que está sucediendo.

El estado de excepción continúa y el Parlamento sigue militarizado, pero de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su disposición especial segunda, la Policía Nacional es la encargada de atender la seguridad del Legislativo, así que una vez terminado el estado de excepción, la Policía Nacional deberá designar a los nuevos miembros de la Escolta.