El trámite de la ley de comunicación se enfrió en la Asamblea luego de que organismos internacionales hicieran observaciones a su contenido.
Proceso. El trámite de la ley de comunicación se enfrió en la Asamblea luego de que organismos internacionales hicieran observaciones a su contenido.
Fausto Cobo (PSP) aseguró que la Ley de Comunicación será tratada el próximo año y sostuvo que desde el inicio de este Gobierno “ha buscado intimidar y descalificar”, señalando como objetivo político “el ataque a los medios de comunicación privados”.
El trámite del proyecto de ley quedó en suspenso después de que la relatora para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Human Rights Watch expresaran preocupación por su contenido.
Además, después de la revuelta policial del 30 de septiembre (30-S) la presión del Gobierno ecuatoriano sobre los medios de comunicación aumentó, según el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el país.
“Se toman imágenes y hechos del pasado para armar la justificación política del mal manejo de la crisis del 30-S”, aseveró Cobo al referirse a las transmisiones del programa ‘En Busca de la Verdad’ al que calificó de “culebrón” y expuso que se utilizaron tomas de las protestas realizadas en contra del cierre de Teleamazonas.
De igual manera afirmó que manipularon la información sacando de contexto una entrevista que tuvo con María Josefa Coronel y una fotografía del 21 de enero de 2000, asociándolo con lo del 30-S y enfatizó la frase de Ricardo Patiño “desgraciadamente no tenemos el control de los medios de comunicación”, a la que añadió que es “increíble” que una frase así exista en una democracia.
Mauro Andino (PAIS), ponente del proyecto no se manifestó frente al informe de la SIP, por desconocerlo, según afirmó y comentó que “en lo personal” la ley de comunicación podría no ser tratada hasta el final del estado de excepción.
“Todas las herramientas que el gobierno pueda seguir utilizando para su proyecto político no son justificadas”, dijo Lourdes Tibán (PK) al referirse a la cadena televisiva impuesta el 30-S y sostuvo que “los ciudadanos empiezan a perder el respeto al Presidente (Rafael Correa)”, y ratificó su apoyo a la petición para que la ONU investigue lo sucedido.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) condenó el 3 de octubre, mediante un comunicado de prensa, las limitaciones impuestas a los medios de comunicación y a los periodistas “obligándolos a plegarse a una cadena nacional indefinida e ininterrumpida” donde “la información independiente y plural fue reemplazada por una visión única”.
Además rindió un reconocimiento al trabajo de los periodistas por considerarlo una “excelente” cobertura de los hechos y rechazó las agresiones contra los trabajadores de la comunicación.
Proceso. El trámite de la ley de comunicación se enfrió en la Asamblea luego de que organismos internacionales hicieran observaciones a su contenido.
Fausto Cobo (PSP) aseguró que la Ley de Comunicación será tratada el próximo año y sostuvo que desde el inicio de este Gobierno “ha buscado intimidar y descalificar”, señalando como objetivo político “el ataque a los medios de comunicación privados”.
El trámite del proyecto de ley quedó en suspenso después de que la relatora para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Human Rights Watch expresaran preocupación por su contenido.
Además, después de la revuelta policial del 30 de septiembre (30-S) la presión del Gobierno ecuatoriano sobre los medios de comunicación aumentó, según el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el país.
“Se toman imágenes y hechos del pasado para armar la justificación política del mal manejo de la crisis del 30-S”, aseveró Cobo al referirse a las transmisiones del programa ‘En Busca de la Verdad’ al que calificó de “culebrón” y expuso que se utilizaron tomas de las protestas realizadas en contra del cierre de Teleamazonas.
De igual manera afirmó que manipularon la información sacando de contexto una entrevista que tuvo con María Josefa Coronel y una fotografía del 21 de enero de 2000, asociándolo con lo del 30-S y enfatizó la frase de Ricardo Patiño “desgraciadamente no tenemos el control de los medios de comunicación”, a la que añadió que es “increíble” que una frase así exista en una democracia.
Mauro Andino (PAIS), ponente del proyecto no se manifestó frente al informe de la SIP, por desconocerlo, según afirmó y comentó que “en lo personal” la ley de comunicación podría no ser tratada hasta el final del estado de excepción.
“Todas las herramientas que el gobierno pueda seguir utilizando para su proyecto político no son justificadas”, dijo Lourdes Tibán (PK) al referirse a la cadena televisiva impuesta el 30-S y sostuvo que “los ciudadanos empiezan a perder el respeto al Presidente (Rafael Correa)”, y ratificó su apoyo a la petición para que la ONU investigue lo sucedido.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) condenó el 3 de octubre, mediante un comunicado de prensa, las limitaciones impuestas a los medios de comunicación y a los periodistas “obligándolos a plegarse a una cadena nacional indefinida e ininterrumpida” donde “la información independiente y plural fue reemplazada por una visión única”.
Además rindió un reconocimiento al trabajo de los periodistas por considerarlo una “excelente” cobertura de los hechos y rechazó las agresiones contra los trabajadores de la comunicación.
