Mientras continúan los procesos administrativos en contra de 27 funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), queda en el aire la idea de una retaliación política en contra de los empleados que no respaldaron al presidente Rafael Correa, el 30 de septiembre.
Esto, aunque los burócratas del MIES están acusados de indisciplina, sabotaje y paralización del servicio público. A ellos se les abrió sumarios administrativos a través de los cuales se los podría destituir, si se comprueba los hechos a los que se les inculpa.
Pavel Muñoz, viceministro del MIES, dice que por los actos violentos se suspendieron las actividades en el Ministerio; sin embargo, el día de la insubordinación se paralizó el servicio público de forma generalizada por la crisis.
El artículo 98 de la Carta Magna establece: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales (...)”.
Pero para el constitucionalista Milton Castillo, este derecho tiene limitaciones cuando se violan los derechos de otros.
Según Muñoz, el día de la insubordinación policial, estos funcionarios cortaron la electricidad del edificio, quemaron dos llantas de los vehículos de la institución y atentaron contra el sistema de seguridad al mover las cámaras de videovigilancia.
Esta versión es refutada por Máximo Rivera, presidente de la Asociación de Empleados y de la Federación Nacional de los Servidores Públicos del MIES. Considera que los sumarios son una retaliación por no obedecer a la ministra Ximena Ponce, quien según Rivera “ordenó al personal acudir a la Plaza Grande para apoyar al Presidente”. Muñoz desmintió que se haya dado esa orden, pero admitió que algunos funcionarios fueron a la Plaza Grande.
El 30 de septiembre, de 09:30 a 17:00, un grupo de funcionarios del MIES se autoconvocó en el auditorio de la entidad. Aunque no tenían el permiso, el propósito fue conocer las resoluciones de la Asamblea Nacional respecto a la Ley de Servicio Público. “Queríamos informar sobre los alcances de la Ley”, dice Rivera.
Luego de la supuesta petición de la Ministra, el personal decidió permanecer en la institución y no salir a la Plaza Grande. Pese a ello, reconoció que sí hubo quema de llantas, pero afirmó que no fueron de los vehículos de la entidad, sino de los vecinos del lugar.
El ex presidente de la Asamblea de Montecristi, Alberto Acosta, reconoció no estar al tanto de este caso, pero recalcó que el derecho a la resistencia es válido, siempre y cuando no haya actos de violencia en sus acciones.
“No compartimos la idea de que como funcionarios públicos vayamos a respaldar cuestiones políticas, pero sí apoyamos el respeto a la democracia”, reconoce Rivera.
La Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa prohíbe a todos los servidores públicos participar en temas de carácter político-partidista. Así lo sostiene Castillo. “En el caso de incumplimiento merecen un proceso administrativo y no penal”.
Los funcionarios a quienes se les abrió procesos administrativos esperan que esta no sea represalia política. Desde el 20 de octubre pasado recibieron las notificaciones de los sumarios.
Según el Viceministro, son 15 los procesados, sin embargo la Asociación tiene un listado de 27 personas, entre ellos Cecilia Colón, Monserrat Jiménez, Carlos Jácome y Ricardo Sotomayor.
Los implicados están en el proceso de defensa con abogados y advierten que realizarán medidas de protesta, si fuesen destituidos de sus cargos.
Esto, aunque los burócratas del MIES están acusados de indisciplina, sabotaje y paralización del servicio público. A ellos se les abrió sumarios administrativos a través de los cuales se los podría destituir, si se comprueba los hechos a los que se les inculpa.
Pavel Muñoz, viceministro del MIES, dice que por los actos violentos se suspendieron las actividades en el Ministerio; sin embargo, el día de la insubordinación se paralizó el servicio público de forma generalizada por la crisis.
El artículo 98 de la Carta Magna establece: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales (...)”.
Pero para el constitucionalista Milton Castillo, este derecho tiene limitaciones cuando se violan los derechos de otros.
Según Muñoz, el día de la insubordinación policial, estos funcionarios cortaron la electricidad del edificio, quemaron dos llantas de los vehículos de la institución y atentaron contra el sistema de seguridad al mover las cámaras de videovigilancia.
Esta versión es refutada por Máximo Rivera, presidente de la Asociación de Empleados y de la Federación Nacional de los Servidores Públicos del MIES. Considera que los sumarios son una retaliación por no obedecer a la ministra Ximena Ponce, quien según Rivera “ordenó al personal acudir a la Plaza Grande para apoyar al Presidente”. Muñoz desmintió que se haya dado esa orden, pero admitió que algunos funcionarios fueron a la Plaza Grande.
El 30 de septiembre, de 09:30 a 17:00, un grupo de funcionarios del MIES se autoconvocó en el auditorio de la entidad. Aunque no tenían el permiso, el propósito fue conocer las resoluciones de la Asamblea Nacional respecto a la Ley de Servicio Público. “Queríamos informar sobre los alcances de la Ley”, dice Rivera.
Luego de la supuesta petición de la Ministra, el personal decidió permanecer en la institución y no salir a la Plaza Grande. Pese a ello, reconoció que sí hubo quema de llantas, pero afirmó que no fueron de los vehículos de la entidad, sino de los vecinos del lugar.
El ex presidente de la Asamblea de Montecristi, Alberto Acosta, reconoció no estar al tanto de este caso, pero recalcó que el derecho a la resistencia es válido, siempre y cuando no haya actos de violencia en sus acciones.
“No compartimos la idea de que como funcionarios públicos vayamos a respaldar cuestiones políticas, pero sí apoyamos el respeto a la democracia”, reconoce Rivera.
La Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa prohíbe a todos los servidores públicos participar en temas de carácter político-partidista. Así lo sostiene Castillo. “En el caso de incumplimiento merecen un proceso administrativo y no penal”.
Los funcionarios a quienes se les abrió procesos administrativos esperan que esta no sea represalia política. Desde el 20 de octubre pasado recibieron las notificaciones de los sumarios.
Según el Viceministro, son 15 los procesados, sin embargo la Asociación tiene un listado de 27 personas, entre ellos Cecilia Colón, Monserrat Jiménez, Carlos Jácome y Ricardo Sotomayor.
Los implicados están en el proceso de defensa con abogados y advierten que realizarán medidas de protesta, si fuesen destituidos de sus cargos.
