jueves, 24 de septiembre de 2009

Regulación vulnera la línea editorial

La regulación de contenidos, propuesta por el proyecto de Ley de Comunicación del asambleísta Rolando Panchana (PAIS), articulada con la profesionalización obligatoria de los periodistas, constituiría una coartada a la libertad de expresión y sus manifestaciones.

En ese sentido, la prensa sufriría la injerencia del Consejo Nacional de Comunicación e Información a la hora de decidir su línea editorial, señala César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Según el experto, al momento de exigir la profesionalización de los periodistas que no poseen un título académico, se coartaría la libertad de escoger una determinada línea editorial, pues perderían espacio las personas que cumplen labores de editor u otras áreas. “El periodismo no es asunto de título.

El mismo Gabriel García Márquez dice que los mejores periodistas se forjan en las salas de redacción”.

Imposición de agenda

El comunicólogo Francisco Rocha opina que la regulación de contenidos es una imposición de la agenda informativa del medio de comunicación, lo cual influiría negativamente en la línea editorial. “No sabremos el tipo de cosas que tendremos que opinar. Con estas disposiciones, van a conseguir que antes de una entrevista les entreguemos lo que vamos a preguntar”.

Rocha está seguro que el proyecto es una “ley mordaza”, que sirve para coartar la libertad de expresión. “Por atacar a los dueños de los medios y someterlos, están dañando toda una estructura de comunicación contestataria”.

Comunicación sin leyes
Jorge Ortiz, periodista y entrevistador de Teleamazonas, es partidario de que en comunicación no deben existir leyes. Sin embargo, las sanciones deben mantenerse para quienes abusan del derecho a la información.

“Hacer una ley de comunicación es poner límites a la libertad de expresión, la cual no es de propiedad exclusiva de los medios o periodistas, sino de la sociedad”, dice.

La línea editorial se afectará notablemente, explica Ortiz, pues la prensa tendrá que adaptarse a los intereses del Gobierno para no sufrir cualquier retaliación. “Las sanciones atentan al derecho de los ciudadanos para escoger el medio con el que desean informarse”, asevera.