El presidente Rafael Correa justificó el sábado anterior la "amnistía" -en cuanto al costo financiero de los bancos en liquidación-, por cuanto no se ha hecho nada o casi nada en los últimos 10 años -desde la crisis bancaria- para recuperar las deudas pendientes.
En su cadena sabatina n.º 135, el primer mandatario explicó que esa amnistía se sustenta en que se aplicó porcentajes de hasta 114% por intereses a muchos de los deudores, lo cual habría hecho prácticamente impagables ciertas deudas. "Palo por que bogas y palo porque no bogas" fue el principio que apuntilló Correa para criticar a los detractores de esa medida tomada por la Junta Bancaria, en la cual -recordó Correa- el Ejecutivo tiene una representación mayoritaria.
La amnistía está contenida en la Resolución 1269 del 24 de marzo de 2009 de la Junta Bancaria, que establece que, mediante pago en efectivo o con certificados de depósitos garantizados o mediante compensación de créditos del 100% del capital adeudado, les permitirá beneficiarse de hasta el 100% de rebaja de los intereses y gastos adeudados.
Sobre la base de un acuerdo de deudas, la resolución fija cinco rangos entre $0, $10 mil, $50 mil, $500 mil, $1 millón y $10 millones, y otro por sobre $10 millones.
Uno de los críticos de esa relución fue el ex asambleísta León Roldós, a quien Correa descalificó el sábado. Roldós presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Resolución 1269 bajo el argumento de que se estaba disponiendo de activos de terceros sin tener competencias para hacerlo. La resolución también permite a los deudores vinculados plantear un plan de pago en el marco de lo que se llamó "mecanismo extraordinario para la negocicación o rebaja de deudas malas o dudosas de las entidades en liquidación".
Hasta abril pasado, los deudores de la banca cerrada sumaban 4 512 personas que tenían obligacionespor $1 200 millones. Es decir, el 11% de los posibles beneficiarios que concentraban el 59% de la deuda total de $2 035 millones.
Por eso, Roldós afirmó que quienes "controlaban los bancos y la pillería (deudores vinculados) ahora quedarán liberados de sus responsabilidades... no pagarán intereses corrientes ni de mora pese a que han transcurrido más de 10 años".
Filanbanco registró $1 124 millones en costo financiero. En una carta de junio del ex gerente de la AGD Carlos Bravo a la liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña señaló que, dentro de las cuentas por cobrar a favor de la AGD, estaban los $1 124 millones registrados hasta el 31 de diciembre de 2008 por intereses por costos financieros.
Fuentes de la AGD señalaron que uno de los problemas que enfrentó Bravo fue que mantuvo su posición para que se cobre el costo financiero, que incluso lo habría llevado a realizar una exposición en Power Point en el Ministerio del Litoral, en marzo. Mientras, una posición contraria habría manifestado Pedro Delgado, primo del presidente Correa, asesor presidencial y actual presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN, que maneja los bienes incautados al grupo Isaías.
Las mismas fuentes aseguraron que el ex gerente de la AGD habría señalado en diversos foros los costos políticos y las implicaciones legales que tendría no incluir el costo financiero en el cobro a deudores.
En su cadena sabatina n.º 135, el primer mandatario explicó que esa amnistía se sustenta en que se aplicó porcentajes de hasta 114% por intereses a muchos de los deudores, lo cual habría hecho prácticamente impagables ciertas deudas. "Palo por que bogas y palo porque no bogas" fue el principio que apuntilló Correa para criticar a los detractores de esa medida tomada por la Junta Bancaria, en la cual -recordó Correa- el Ejecutivo tiene una representación mayoritaria.
La amnistía está contenida en la Resolución 1269 del 24 de marzo de 2009 de la Junta Bancaria, que establece que, mediante pago en efectivo o con certificados de depósitos garantizados o mediante compensación de créditos del 100% del capital adeudado, les permitirá beneficiarse de hasta el 100% de rebaja de los intereses y gastos adeudados.
Sobre la base de un acuerdo de deudas, la resolución fija cinco rangos entre $0, $10 mil, $50 mil, $500 mil, $1 millón y $10 millones, y otro por sobre $10 millones.
Uno de los críticos de esa relución fue el ex asambleísta León Roldós, a quien Correa descalificó el sábado. Roldós presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Resolución 1269 bajo el argumento de que se estaba disponiendo de activos de terceros sin tener competencias para hacerlo. La resolución también permite a los deudores vinculados plantear un plan de pago en el marco de lo que se llamó "mecanismo extraordinario para la negocicación o rebaja de deudas malas o dudosas de las entidades en liquidación".
Hasta abril pasado, los deudores de la banca cerrada sumaban 4 512 personas que tenían obligacionespor $1 200 millones. Es decir, el 11% de los posibles beneficiarios que concentraban el 59% de la deuda total de $2 035 millones.
Por eso, Roldós afirmó que quienes "controlaban los bancos y la pillería (deudores vinculados) ahora quedarán liberados de sus responsabilidades... no pagarán intereses corrientes ni de mora pese a que han transcurrido más de 10 años".
Filanbanco registró $1 124 millones en costo financiero. En una carta de junio del ex gerente de la AGD Carlos Bravo a la liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña señaló que, dentro de las cuentas por cobrar a favor de la AGD, estaban los $1 124 millones registrados hasta el 31 de diciembre de 2008 por intereses por costos financieros.
Fuentes de la AGD señalaron que uno de los problemas que enfrentó Bravo fue que mantuvo su posición para que se cobre el costo financiero, que incluso lo habría llevado a realizar una exposición en Power Point en el Ministerio del Litoral, en marzo. Mientras, una posición contraria habría manifestado Pedro Delgado, primo del presidente Correa, asesor presidencial y actual presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN, que maneja los bienes incautados al grupo Isaías.
Las mismas fuentes aseguraron que el ex gerente de la AGD habría señalado en diversos foros los costos políticos y las implicaciones legales que tendría no incluir el costo financiero en el cobro a deudores.
