El secretario Nacional del Agua, Jorge Jurado, manifestó que no existe ningún sustento, por parte de la dirigencia indígena, para cuestionar la socialización del proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y el Aprovechamiento del Agua.
“Hemos trabajado de forma responsable y comprometida con las aspiraciones y los sectores sociales menos favorecidos con la distribución del agua en el país, en los últimos 40 años. Realizamos 50 talleres con más de 2.500 líderes sociales del país, entre septiembre de 2008 y junio de 2009, por lo que llama la atención el posicionamiento de la dirigencia indígena que, aparte de estar desinformada, está desinformando de forma irresponsable a las bases del movimiento, y eso es algo grave”, señaló en una entrevista concedida a El Ciudadano, de la Secretaría General de Comunicación del Estado ecuatoriano.
Jurado manifestó que la propuesta pone énfasis en impedir la privatización del agua, generar un proceso equitativo de distribución del agua, en donde no exista más acaparamiento, generar un proceso técnico fundamentado, que ayude a hacer realidad estos preceptos constitucionales como el derecho fundamental al agua y el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público.
Dijo además que este proyecto de ley es uno de los instrumentos para lograr ese propósito. “En más de 30 artículos planteamos claramente los elementos necesarios para garantizar que el agua sea manejada de forma pública y comunitaria, analizando temas de la privatización encubierta. Incluso, existe una transitoria de la Constitución que manda a hacer una auditoría en este tipo de empresas (concesionarias) para lograr que se conozca y se tome una decisión”. Dicha auditoría está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Contraloría General del Estado.
La propuesta de ley, que contiene 180 artículos, establece en sus artículos 23 y 24, la cantidad mínima y la tarifa vital. “Hay que recordar que la Constitución misma plantea que el agua no puede ser más un negocio (artículos 12, 314, 316 y 318), por esto determinamos que nuestra propuesta termine con el negocio del agua potable, donde quiera que exista, y que sea un real servicio público, que atienda y satisfaga las necesidades humanas”.
Dentro de este esquema, se propone la no concesión de este elemento vital, pues al elevársela a patrimonio, todos los permisos tendrán validez específica, donde las mencionadas empresas tendrán que demostrar el buen uso del agua para renovar esos permisos.
Tema contaminación también será regulado
“El agua es un elemento con características de tal importancia que permite la vida. Desde ese punto de vista, estamos atiendo a una necesidad importante para un buen manejo y buena gestión del agua: no desperdiciar el agua y no contaminarla”, sostuvo el Secretario.
En cuanto a la contaminación, se estima que el 70% de los principales ríos del país, por debajo de la cota de los 2.000 metros de altitud, se encuentra contaminado, y esa agua no es apta para el consumo humano desde la fuente directa, en este caso los ríos. Por ello, se busca un trabajo conjunto con los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y la propia Secretaría Nacional del Agua.
Jurado explicó que entre los principales agentes contaminadores del agua se encuentran los asentamientos humanos que no depuran el agua residual que se descargan a los cuerpos hídricos; los hidrocarburos en la Amazonía, la pequeña minería, las industrias que no tratan sus aguas y la causada por el uso indiscriminado de agrotóxicos, plaguicidas y fertilizantes. “Creemos que un 10% de estas sustancias agrícolas no es absorbida por la planta, y va a parar a los ríos”.
“Estamos proponiendo una nueva ley que haga justicia a los graves problemas que enfrenta el país, respecto de una gestión pésimamente realizada por los gobiernos de los últimos 40 años, que nunca han tomado atención a los problemas hídricos del país”, concluyó el funcionario.
“Hemos trabajado de forma responsable y comprometida con las aspiraciones y los sectores sociales menos favorecidos con la distribución del agua en el país, en los últimos 40 años. Realizamos 50 talleres con más de 2.500 líderes sociales del país, entre septiembre de 2008 y junio de 2009, por lo que llama la atención el posicionamiento de la dirigencia indígena que, aparte de estar desinformada, está desinformando de forma irresponsable a las bases del movimiento, y eso es algo grave”, señaló en una entrevista concedida a El Ciudadano, de la Secretaría General de Comunicación del Estado ecuatoriano.
Jurado manifestó que la propuesta pone énfasis en impedir la privatización del agua, generar un proceso equitativo de distribución del agua, en donde no exista más acaparamiento, generar un proceso técnico fundamentado, que ayude a hacer realidad estos preceptos constitucionales como el derecho fundamental al agua y el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público.
Dijo además que este proyecto de ley es uno de los instrumentos para lograr ese propósito. “En más de 30 artículos planteamos claramente los elementos necesarios para garantizar que el agua sea manejada de forma pública y comunitaria, analizando temas de la privatización encubierta. Incluso, existe una transitoria de la Constitución que manda a hacer una auditoría en este tipo de empresas (concesionarias) para lograr que se conozca y se tome una decisión”. Dicha auditoría está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Contraloría General del Estado.
La propuesta de ley, que contiene 180 artículos, establece en sus artículos 23 y 24, la cantidad mínima y la tarifa vital. “Hay que recordar que la Constitución misma plantea que el agua no puede ser más un negocio (artículos 12, 314, 316 y 318), por esto determinamos que nuestra propuesta termine con el negocio del agua potable, donde quiera que exista, y que sea un real servicio público, que atienda y satisfaga las necesidades humanas”.
Dentro de este esquema, se propone la no concesión de este elemento vital, pues al elevársela a patrimonio, todos los permisos tendrán validez específica, donde las mencionadas empresas tendrán que demostrar el buen uso del agua para renovar esos permisos.
Tema contaminación también será regulado
“El agua es un elemento con características de tal importancia que permite la vida. Desde ese punto de vista, estamos atiendo a una necesidad importante para un buen manejo y buena gestión del agua: no desperdiciar el agua y no contaminarla”, sostuvo el Secretario.
En cuanto a la contaminación, se estima que el 70% de los principales ríos del país, por debajo de la cota de los 2.000 metros de altitud, se encuentra contaminado, y esa agua no es apta para el consumo humano desde la fuente directa, en este caso los ríos. Por ello, se busca un trabajo conjunto con los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y la propia Secretaría Nacional del Agua.
Jurado explicó que entre los principales agentes contaminadores del agua se encuentran los asentamientos humanos que no depuran el agua residual que se descargan a los cuerpos hídricos; los hidrocarburos en la Amazonía, la pequeña minería, las industrias que no tratan sus aguas y la causada por el uso indiscriminado de agrotóxicos, plaguicidas y fertilizantes. “Creemos que un 10% de estas sustancias agrícolas no es absorbida por la planta, y va a parar a los ríos”.
“Estamos proponiendo una nueva ley que haga justicia a los graves problemas que enfrenta el país, respecto de una gestión pésimamente realizada por los gobiernos de los últimos 40 años, que nunca han tomado atención a los problemas hídricos del país”, concluyó el funcionario.
