Varias inconstitucionalidades han sido observadas por diversos sectores universitarios temerosos de que el proyecto de Ley de Educación Superior presentado por el Gobierno sea el que finalmente se apruebe en la Asamblea Nacional.
Desde el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), en donde se elaboró una propuesta alternativa, ponen en claro que el texto oficial da atribuciones -que la Constitución no avala- a los organismos estatales que se crearán con la Ley.
Vigilancia
El titular del Conesup, Gustavo Vega, habla por ejemplo del artículo 169 que enuncia que las universidades no tendrán fines de lucro. Entonces, otorga a la Secretaría Técnica del Consejo de Educación Superior la potestad de vigilar que eso se cumpla.
Pero la Carta Política nunca advierte de una posibilidad de vigilancia.
Y precisamente ese aspecto también genera la preocupación de los estudiantes. Los representantes de los establecimientos privados creen en la autorregulación y no en el control.
El aparato estatal
Tres organismos planificadores y ejecutores contempla el anteproyecto del Ejecutivo: el Consejo de Educación Superior, la Secretaría Técnica y Agencia de Acreditación todos -dicen los alumnos- dominados por el Gobierno.
Santiago Albán, presidente del gobierno estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito, considera que “al tener organismos centralizados, la toma de decisiones parte del Estado. Eso es inquietante para las universidades públicas y para las privadas”.
Así, agrega, las autonomías se están limitando más aún cuando la regulación gubernamental trata apunta también a las libertades de cátedra e investigación.
“Si presento un proyecto de aerodinámica, tal vez la Senplades o el Consejo pueden decir que ésta no va acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y nos deja fuera”, comentó el líder estudiantil de la Universidad Internacional, Santiago Parra.
Las carreras
Según la Ley, los egresados de las universidades deberán rendir un examen de evaluación de las carreras que no será vinculante para ellos pero sí para el centro académico: si tres promociones consecutivas no aprueba la prueba, se cierra la carrera.
Albán cuestiona quién realizará y calificará esos exámenes e incluso advierte que “si viene un gobierno nefasto puede ser que la elaboración y la puntuación (de los test) se haga con dedicatoria”.
En el Conesup, en cambio, hacen hincapié en que el Consejo de Educación Superior tendrá el aval para aprobar las carreras y programas de estudio de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, una facultad no expresada en la Carta Magna.
En la Asamblea, los integrantes de la mesa de Educación se han mostrado abiertos a estudiar estos temas y han recibido ya varias propuestas. Pero la última palabra la tendrán justamente los siete asambleístas pro-gobierno que hacen mayoría en esa mesa.
Tome nota
El primer debate del proyecto de Ley está previsto para octubre, aunque ya se ha advertido que no se la aprobará hasta el 14 de ese mes.
Los organismos reguladores según la Ley
Consejo de Educación Superior. Cinco miembros del Ejecutivo y cinco elegidos por concurso.
Secretaría Técnica, será dirigida por el presidente del Consejo de Educación (delegado del Jefe de Estado).
Agencia de Acreditación. Tres delegados del Presidente de la República y dos miembros elegidos por el Comité Asesor.
Desde el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), en donde se elaboró una propuesta alternativa, ponen en claro que el texto oficial da atribuciones -que la Constitución no avala- a los organismos estatales que se crearán con la Ley.
Vigilancia
El titular del Conesup, Gustavo Vega, habla por ejemplo del artículo 169 que enuncia que las universidades no tendrán fines de lucro. Entonces, otorga a la Secretaría Técnica del Consejo de Educación Superior la potestad de vigilar que eso se cumpla.
Pero la Carta Política nunca advierte de una posibilidad de vigilancia.
Y precisamente ese aspecto también genera la preocupación de los estudiantes. Los representantes de los establecimientos privados creen en la autorregulación y no en el control.
El aparato estatal
Tres organismos planificadores y ejecutores contempla el anteproyecto del Ejecutivo: el Consejo de Educación Superior, la Secretaría Técnica y Agencia de Acreditación todos -dicen los alumnos- dominados por el Gobierno.
Santiago Albán, presidente del gobierno estudiantil de la Universidad San Francisco de Quito, considera que “al tener organismos centralizados, la toma de decisiones parte del Estado. Eso es inquietante para las universidades públicas y para las privadas”.
Así, agrega, las autonomías se están limitando más aún cuando la regulación gubernamental trata apunta también a las libertades de cátedra e investigación.
“Si presento un proyecto de aerodinámica, tal vez la Senplades o el Consejo pueden decir que ésta no va acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y nos deja fuera”, comentó el líder estudiantil de la Universidad Internacional, Santiago Parra.
Las carreras
Según la Ley, los egresados de las universidades deberán rendir un examen de evaluación de las carreras que no será vinculante para ellos pero sí para el centro académico: si tres promociones consecutivas no aprueba la prueba, se cierra la carrera.
Albán cuestiona quién realizará y calificará esos exámenes e incluso advierte que “si viene un gobierno nefasto puede ser que la elaboración y la puntuación (de los test) se haga con dedicatoria”.
En el Conesup, en cambio, hacen hincapié en que el Consejo de Educación Superior tendrá el aval para aprobar las carreras y programas de estudio de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, una facultad no expresada en la Carta Magna.
En la Asamblea, los integrantes de la mesa de Educación se han mostrado abiertos a estudiar estos temas y han recibido ya varias propuestas. Pero la última palabra la tendrán justamente los siete asambleístas pro-gobierno que hacen mayoría en esa mesa.
Tome nota
El primer debate del proyecto de Ley está previsto para octubre, aunque ya se ha advertido que no se la aprobará hasta el 14 de ese mes.
Los organismos reguladores según la Ley
Consejo de Educación Superior. Cinco miembros del Ejecutivo y cinco elegidos por concurso.
Secretaría Técnica, será dirigida por el presidente del Consejo de Educación (delegado del Jefe de Estado).
Agencia de Acreditación. Tres delegados del Presidente de la República y dos miembros elegidos por el Comité Asesor.
