El Gobierno nacional defendió hoy la asignación de 350 millones de dólares que recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que la política del presidente, Rafael Correa, ha rechazado y censurado la gestión de ese organismo internacional.
Según el canciller, Fander Falconí, esa asignación se corresponde con "un dinero legítimo" de los diferentes Gobiernos ecuatorianos, además de que "no implica ningún tipo de condicionalidad" a la política económica del país.
El canciller recordó que el Gobierno ecuatoriano ha dicho "claramente" que la relación con los organismos internacionales "se tiene que basar en la no aceptación de ningún tipo de condicionalidad", lo que, a su juicio, se respeta en la reciente asignación del FMI.
"Es un hecho positivo que haya esta inyección de liquidez" a los países en vías de desarrollo, añadió el ministro, quien explicó que la decisión del FMI se enmarca en el concepto que defiende el Ejecutivo de una "nueva arquitectura financiera internacional".
El pasado fin de semana el Gobierno ecuatoriano anunció que el 7 de agosto la Junta de Gobernadores del FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG), por un equivalente a 250.000 millones de dólares, para reactivar la economía mundial.
De esa cantidad, a Ecuador le correspondieron 250 millones de derechos especiales de giro, que significan unos 350 millones de dólares, equivalentes a la cuota de participación de cada uno de los países en el organismo financiero.
Los DEG son papeles emitidos por el FMI que están valorados sobre la base de una cesta de monedas integrada por el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés.
Para Falconí, la medida se inscribe dentro de las "políticas proactivas" que deben tener los organismos internacionales "frente al problema de la crisis internacional".
"Que el FMI haga la emisión de los DEG como un mecanismo de reactivación de los procesos productivos de la región, especialmente en los países en desarrollo", es un "éxito" para los países del sur, señaló el ministro, para quien esa emisión es "un tema absolutamente legítimo que no implica ningún tipo de condicionalidad".
"Es una aspiración legítima que tienen los países para que entren en el manejo de su liquidez, en sus cuentas del tesoro y los puedan utilizar en términos de reactivación productiva" en el contexto de la crisis internacional, agregó.
Según el canciller, Fander Falconí, esa asignación se corresponde con "un dinero legítimo" de los diferentes Gobiernos ecuatorianos, además de que "no implica ningún tipo de condicionalidad" a la política económica del país.
El canciller recordó que el Gobierno ecuatoriano ha dicho "claramente" que la relación con los organismos internacionales "se tiene que basar en la no aceptación de ningún tipo de condicionalidad", lo que, a su juicio, se respeta en la reciente asignación del FMI.
"Es un hecho positivo que haya esta inyección de liquidez" a los países en vías de desarrollo, añadió el ministro, quien explicó que la decisión del FMI se enmarca en el concepto que defiende el Ejecutivo de una "nueva arquitectura financiera internacional".
El pasado fin de semana el Gobierno ecuatoriano anunció que el 7 de agosto la Junta de Gobernadores del FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG), por un equivalente a 250.000 millones de dólares, para reactivar la economía mundial.
De esa cantidad, a Ecuador le correspondieron 250 millones de derechos especiales de giro, que significan unos 350 millones de dólares, equivalentes a la cuota de participación de cada uno de los países en el organismo financiero.
Los DEG son papeles emitidos por el FMI que están valorados sobre la base de una cesta de monedas integrada por el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés.
Para Falconí, la medida se inscribe dentro de las "políticas proactivas" que deben tener los organismos internacionales "frente al problema de la crisis internacional".
"Que el FMI haga la emisión de los DEG como un mecanismo de reactivación de los procesos productivos de la región, especialmente en los países en desarrollo", es un "éxito" para los países del sur, señaló el ministro, para quien esa emisión es "un tema absolutamente legítimo que no implica ningún tipo de condicionalidad".
"Es una aspiración legítima que tienen los países para que entren en el manejo de su liquidez, en sus cuentas del tesoro y los puedan utilizar en términos de reactivación productiva" en el contexto de la crisis internacional, agregó.
