Rolando Panchana confesó haberse cuidado de colocar la palabra “control” dentro de alguno de los artículos de su proyecto de Ley de Comunicación. Sin embargo, hay artículos sobre “registrar”, “evaluar” y “auditar” que generan dudas en la Asamblea.
El legislador Fausto Cobo (PSP) se refirió a los artículos 24 y 27 del borrador, los cuales determinan que el Consejo Nacional de Comunicación e información debe registrar a los medios impresos, radiales y audiovisuales y entregarles un permiso de funcionamiento.
La vigencia del documento sería de un año, pero el asambleísta –miembro de la comisión de Comunicación- estima que deben ser al menos cinco.
A esto, Cynthia Viteri (PSC), quien también trabajará en esa mesa, acotó que hasta ahora el Gobierno no ha podido tocar a la prensa escrita porque no existe una base de datos de estos medios, pero que con la nueva Ley podrá retirarles el permiso de funcionamiento de la misma forma en que ya ha revertido frecuencias de radio y TV de las que sí hay registro.
Mensajes y contenidos
Entre las atribuciones del mencionado Consejo está la de evaluar los mensajes difundidos por los medios y emitir informes cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio (art. 44). Lourdes Tibán, también miembro de la mesa, concuerda con que se realice esa supervisión pero dice que la Ley debe establecer los parámetros para hacerlo.
La inquietud de la asambleísta surge porque considera que la evaluación podría caer en lo subjetivo, entonces, el Consejo podría decidir el retiro de un contenido porque no le parece ético o legal. Lo adecuado, afirma, es que la evaluación sirva para regular los espacios de los mensajes dando apertura a temas culturales, educativos…
Tiraje y sintonía
El mismo artículo 44 determina que el Consejo auditará el tiraje (cantidad de ejemplares impresos) o la sintonía de los medios. El asambleísta Francisco Ulloa (MPD) cuestiona este aspecto pues sostiene que técnicamente será muy difícil lograrlo y que se requeriría agrandar la burocracia.
Los sesgos ideológicos que pudiera haber en esta auditoría también le preocupan pues, dependiendo de ello, asegura que puede haber un “control inquisidor”. Pero Tibán cree que esos datos más bien pudieran ayudar a la transparencia fiscal para que las empresas mediáticas paguen de impuestos lo que deben pagar.
‘Ley se asemeja a la de Venezuela’
El chileno Luis Pardo, presidente de la la AIR, aseveró que la nueva Ley de Comunicación que se debate en el Ecuador se asemeja a la que se implementó en Venezuela y actualmente se discute en Bolivia.
Confía en las autoridades ecuatorianas para que no suceda lo mismo que en la Argentina, donde el Proyecto de Ley de Comunicación no ha gozado de suficiente debate. "No se ha fomentado el diálogo y lo poco que se intercambió fue de muy baja calidad, el Gobierno no se ha relacionado con los medios para analizar esa ley".
Según el directivo, la legislación y regulaciones del resto de países latinoamericanos en temas de comunicación se enlazan con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual significa que se han derogado figuras como el desacato, la instigación, la calumnia, promoviendo mayores espacios de libertad y autorregulación al interior de los medios de comunicación.
El legislador Fausto Cobo (PSP) se refirió a los artículos 24 y 27 del borrador, los cuales determinan que el Consejo Nacional de Comunicación e información debe registrar a los medios impresos, radiales y audiovisuales y entregarles un permiso de funcionamiento.
La vigencia del documento sería de un año, pero el asambleísta –miembro de la comisión de Comunicación- estima que deben ser al menos cinco.
A esto, Cynthia Viteri (PSC), quien también trabajará en esa mesa, acotó que hasta ahora el Gobierno no ha podido tocar a la prensa escrita porque no existe una base de datos de estos medios, pero que con la nueva Ley podrá retirarles el permiso de funcionamiento de la misma forma en que ya ha revertido frecuencias de radio y TV de las que sí hay registro.
Mensajes y contenidos
Entre las atribuciones del mencionado Consejo está la de evaluar los mensajes difundidos por los medios y emitir informes cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio (art. 44). Lourdes Tibán, también miembro de la mesa, concuerda con que se realice esa supervisión pero dice que la Ley debe establecer los parámetros para hacerlo.
La inquietud de la asambleísta surge porque considera que la evaluación podría caer en lo subjetivo, entonces, el Consejo podría decidir el retiro de un contenido porque no le parece ético o legal. Lo adecuado, afirma, es que la evaluación sirva para regular los espacios de los mensajes dando apertura a temas culturales, educativos…
Tiraje y sintonía
El mismo artículo 44 determina que el Consejo auditará el tiraje (cantidad de ejemplares impresos) o la sintonía de los medios. El asambleísta Francisco Ulloa (MPD) cuestiona este aspecto pues sostiene que técnicamente será muy difícil lograrlo y que se requeriría agrandar la burocracia.
Los sesgos ideológicos que pudiera haber en esta auditoría también le preocupan pues, dependiendo de ello, asegura que puede haber un “control inquisidor”. Pero Tibán cree que esos datos más bien pudieran ayudar a la transparencia fiscal para que las empresas mediáticas paguen de impuestos lo que deben pagar.
‘Ley se asemeja a la de Venezuela’
El chileno Luis Pardo, presidente de la la AIR, aseveró que la nueva Ley de Comunicación que se debate en el Ecuador se asemeja a la que se implementó en Venezuela y actualmente se discute en Bolivia.
Confía en las autoridades ecuatorianas para que no suceda lo mismo que en la Argentina, donde el Proyecto de Ley de Comunicación no ha gozado de suficiente debate. "No se ha fomentado el diálogo y lo poco que se intercambió fue de muy baja calidad, el Gobierno no se ha relacionado con los medios para analizar esa ley".
Según el directivo, la legislación y regulaciones del resto de países latinoamericanos en temas de comunicación se enlazan con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual significa que se han derogado figuras como el desacato, la instigación, la calumnia, promoviendo mayores espacios de libertad y autorregulación al interior de los medios de comunicación.
