Los abogados de chevron, piden al presidente subrogante de la Corte de Justicia provincial de Sucumbíos, que declare la nulidad de todos los fallos emitidos por el juez Juan Nuñez, ya que a su criterio no existe la imparcialidad en el proceso.
En el comunicado los representantes legales de la petrolera argumentan que: "el juez Juan Núñez aparecía en reuniones organizadas por representantes del gobierno y del partido oficial Alianza País (AP) como parte de un multimillonario plan de soborno".
Según el documento, en las reuniones lo que buscaban era conseguir contratos de remediación basados en un informe que fue presentado por el ingeniero Richard Cabrera, quien según los abogados no tendría la experiencia en esos temas y además era colaborador de los demandantes, quienes pagaron el estudio, por lo que ese texto no tendría la validez necesaria.
Pese a eso, varios de los fallos emitidos por Núñez avalaron el informe de Cabrera y dicen que la intención final era conseguir un fallo adverso a Chrevron.
La documentación presentada por Chevron ante el tribunal, solicitando la anulación de los fallos dice: "el juez Núñez está parcializado y ha incurrido en un comportamiento impropio de un juez mientra juzga este caso... Los denunciados actos del juez Núñez están expresamente prohibidos por la Constitución y la ley; en consecuencia son nulos".
En cuanto al informe presentado por Cabrera, Chrevron señala que el ingeniero no visitó todos los sitio, pero recomienda que deben ser remediados.
"Su análisis, (dice Chevron), no incluye ninguna muestra de agua, de ningún suministro municipal, ni de ningún pozo o riachuelo; sin embargo, afirma que todos los sistemas de agua potable deben ser sustituidos".
Además, cuestionan que Cabrera indique que los costos de remediación por pozo son de $ 2,7 millones, esta cifra dicen que es exagerada ya que sería de apenas $85 mil.
Niegan que la empresa Crevron se haya enriquecido injustamente, tal como dice Cabrera, en $8,3 millones, ya que esa empresa habría ganado menos del dos por ciento de los $ 25 mil millones en ingresos totales generados a lo largo del consorcio con Petroecuador.
En el comunicado los representantes legales de la petrolera argumentan que: "el juez Juan Núñez aparecía en reuniones organizadas por representantes del gobierno y del partido oficial Alianza País (AP) como parte de un multimillonario plan de soborno".
Según el documento, en las reuniones lo que buscaban era conseguir contratos de remediación basados en un informe que fue presentado por el ingeniero Richard Cabrera, quien según los abogados no tendría la experiencia en esos temas y además era colaborador de los demandantes, quienes pagaron el estudio, por lo que ese texto no tendría la validez necesaria.
Pese a eso, varios de los fallos emitidos por Núñez avalaron el informe de Cabrera y dicen que la intención final era conseguir un fallo adverso a Chrevron.
La documentación presentada por Chevron ante el tribunal, solicitando la anulación de los fallos dice: "el juez Núñez está parcializado y ha incurrido en un comportamiento impropio de un juez mientra juzga este caso... Los denunciados actos del juez Núñez están expresamente prohibidos por la Constitución y la ley; en consecuencia son nulos".
En cuanto al informe presentado por Cabrera, Chrevron señala que el ingeniero no visitó todos los sitio, pero recomienda que deben ser remediados.
"Su análisis, (dice Chevron), no incluye ninguna muestra de agua, de ningún suministro municipal, ni de ningún pozo o riachuelo; sin embargo, afirma que todos los sistemas de agua potable deben ser sustituidos".
Además, cuestionan que Cabrera indique que los costos de remediación por pozo son de $ 2,7 millones, esta cifra dicen que es exagerada ya que sería de apenas $85 mil.
Niegan que la empresa Crevron se haya enriquecido injustamente, tal como dice Cabrera, en $8,3 millones, ya que esa empresa habría ganado menos del dos por ciento de los $ 25 mil millones en ingresos totales generados a lo largo del consorcio con Petroecuador.
