El ex ministro ecuatoriano de Seguridad Interna y Externa Gustavo Larrea afirmó hoy que las acusaciones en las que se basan el pedido de juicio político contra él "no tienen sentido alguno" y que son "un absurdo".
Logroño acusa a Larrea de "negligencia, inobservancia e inoperancia antes y después del bombardeo" colombiano del 1 de marzo de 2008 contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el territorio ecuatoriano de Angostura, que dio lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas entre los países.
Respecto a esas acusaciones, Larrea declaró hoy en una entrevista a la radio de Ecuadorinmediato que "no existió ni inoperancia ni ineficacia en ninguno de los Ministerios" ante el bombardeo de Angostura, donde murieron 26 personas entre ellas el segundo al mando de las FARC, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes".
"La acusación no tiene sentido alguno porque el Ministerio de Seguridad Interna y Externa no es un ministerio operativo. Su propio estatuto de creación dice que es un ministerio que coordina las políticas, no coordina la operación", agregó Larrea.
"Es un absurdo la acusación en sí misma", añadió.
"De lo que se trata es de golpear" al Gobierno, afirmó el ex ministro y añadió que "el hecho de que hubiera un campamento clandestino en Ecuador no quiere decir que las autoridades militares, las autoridades policiales, los ministros de Estado o el Gobierno sabía de (la existencia de) ese campamento".
Larrea, que estuvo presente en todo momento en la gestión de la crisis de Angostura, se ha visto obligado a alejarse de la política por el momento porque el pasado febrero uno de sus ex asesores fue vinculado con un caso de narcotráfico y acusado de mantener relaciones con "Reyes".
Para continuar el trámite del juicio político tendrán que transcurrir 10 días laborables, plazo en el que se le notificará de modo oficial al ex funcionario el comienzo de la investigación y en el que ambas partes podrán presentar las respectivas pruebas.
Después de ese plazo, la Comisión tendrá otros cinco días más para analizar los informes presentados tras lo que podrá recomendar a la Comisión Legislativa, que hace las veces de Parlamento, que proceda con el juicio político o que desestime la petición por no existir méritos para la causa.
Logroño acusa a Larrea de "negligencia, inobservancia e inoperancia antes y después del bombardeo" colombiano del 1 de marzo de 2008 contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el territorio ecuatoriano de Angostura, que dio lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas entre los países.
Respecto a esas acusaciones, Larrea declaró hoy en una entrevista a la radio de Ecuadorinmediato que "no existió ni inoperancia ni ineficacia en ninguno de los Ministerios" ante el bombardeo de Angostura, donde murieron 26 personas entre ellas el segundo al mando de las FARC, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes".
"La acusación no tiene sentido alguno porque el Ministerio de Seguridad Interna y Externa no es un ministerio operativo. Su propio estatuto de creación dice que es un ministerio que coordina las políticas, no coordina la operación", agregó Larrea.
"Es un absurdo la acusación en sí misma", añadió.
"De lo que se trata es de golpear" al Gobierno, afirmó el ex ministro y añadió que "el hecho de que hubiera un campamento clandestino en Ecuador no quiere decir que las autoridades militares, las autoridades policiales, los ministros de Estado o el Gobierno sabía de (la existencia de) ese campamento".
Larrea, que estuvo presente en todo momento en la gestión de la crisis de Angostura, se ha visto obligado a alejarse de la política por el momento porque el pasado febrero uno de sus ex asesores fue vinculado con un caso de narcotráfico y acusado de mantener relaciones con "Reyes".
Para continuar el trámite del juicio político tendrán que transcurrir 10 días laborables, plazo en el que se le notificará de modo oficial al ex funcionario el comienzo de la investigación y en el que ambas partes podrán presentar las respectivas pruebas.
Después de ese plazo, la Comisión tendrá otros cinco días más para analizar los informes presentados tras lo que podrá recomendar a la Comisión Legislativa, que hace las veces de Parlamento, que proceda con el juicio político o que desestime la petición por no existir méritos para la causa.
